Docentes y trabajadores de otras áreas del gobierno provincial comenzaron a negociar las actualizaciones salariales. Por ahora las ofertas fueron rechazadas, sin ir al paro.
La agenda paritaria se extendió a lo largo de toda la semana. Tras el primer encuentro del lunes con los estatales de la Ley 10.430 y docentes -que incluyó la presencia del propio Kicillof-, el gobierno habilitó mesas técnicas pero también convocó a los trabajadores de la salud y a los judiciales, dos sectores siempre postergados en la discusión durante la gestión de María Eugenia Vidal.
En el caso docente, se pusieron a funcionar cuatro mesas: la técnica salarial, la de salud laboral, la de condiciones laborales e infraestructura, y una última creada para abordar los sumarios que inició la gestión de Vidal a los directivos que hicieron paro.
El Frente de Unidad Docente, que integran SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA, pidió una recomposición salarial (sin hablar de porcentajes), recupero de lo perdido en 2019 y mejora del salario básico, claúsula gatillo y resolución de inequidades salariales en distintos niveles y modalidades educativas.
«Planteamos que queremos una recomposición salarial que implique salir del debate de empatarle a la inflación y los ministros nos hablaron de la delicada situación financiera de la provincia», dijo a Tiempo la secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, y consideró que si el gobierno no quiere cláusula gatillo debe buscar otra herramienta que les garantice no perder poder adquisitivo. También reclamó discutir la composición del salario ya que hoy el básico -que impacta en la antigüedad, la jerarquía, la ruralidad-, es apenas la mitad del sueldo.
En la primera reunión estrictamente salarial no hubo ninguna oferta. El gobierno espera el avance de la paritaria nacional, que se retomaría el próximo jueves, ya que allí se definirá el piso salarial del que deberá partir el gobierno provincial, pero también cuántos recursos pondrá la Nación en relación al Fondo de Incentivo Docente. Los ministros de Kicillof prometieron volver a convocarlos tras ese encuentro para formalizar una propuesta.
El punto que generó conflicto fue el pago del remanente de diciembre por actualización salarial que quedó postergado tras el frustrado acuerdo con los bonistas. Mientras el gobierno confirmó que lo abonará el 12 de marzo, los gremios reclamaron que se deposite de inmediato, sin éxito.
Los trabajadores estatales enrolados en la Ley 10.430 sí tuvieron una primera oferta que, aunque fue rechazada, sirvió para mostrar la estrategia oficial. Los ministros Pablo López (Economía) y Mara Ruiz Malec (Trabajo) ofrecieron dos sumas fijas remunerativas no bonificables de $ 1500: una a pagar desde febrero para recuperar lo perdido en 2019 a aquellos agentes que cobran hasta $ 60 mil y otra a pagar desde marzo a todos los trabajadores. Propusieron, además, volver a negociar en abril.
Los representantes de UPCN, ATE y FEGEPPBA rechazaron la propuesta en forma unánime por insuficiente y recordaron que sólo en 2019 los sueldos quedaron más de 25 puntos por debajo de la inflación, debido a que no tuvieron cláusula gatillo como sí lograron los docentes. Lo ofertado, en cambio, significa un 7 por ciento.
El titular del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, calificó la oferta de “escasa” aunque rescató como “un hecho positivo que al menos el gobierno haya reconocido que tiene deuda sobre los trabajadores de la 10.430. Hay que tomar nota, porque el gobierno de Vidal se fue cerrándonos las puertas y se olvidó de nosotros”. También advirtió que “ninguno quiere cifra fija, queremos recuperar nuestro salario con aumento a los básicos, absorbiendo bonificaciones, puede venir una suma fija si acompaña todo un combo”.
En tanto, el secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi, precisó que la oferta es «claramente insuficiente» porque, más allá del monto, los $ 1500 de la paritaria 2019 «deberían ser retroactivos a diciembre» y deberían alcanzar a todos los trabajadores. En el caso de la segunda suma, precisó que debería ser retroactiva a enero y no empezar a cobrarse recién en marzo.
Tras la negativa, el gobierno los convocó a seguir negociando mañana y prometió mejorar la oferta. Por ahora, ningún gremio habla de paro. «
Pase a planta de trabajadores
En la primera reunión paritaria, el gobierno provincial confirmó a los gremios estatales el pase a planta permanente de 4500 trabajadores que habían sido «cajoneados» por la emergencia administrativa de María Eugenia Vidal.
Se trata de empleados que estaban contratados en la Dirección General de Cultura y Educación y en el Ministerio de Salud, entre otros organismos, y cuya estabilidad era reclamada desde hace años por los sindicatos.
El gobierno también les garantizó la continuidad de los contratos que vencían el 31 de marzo, y activó una mesa técnica para analizar el ingreso de 5000 trabajadores precarizados.
Los docentes, por su parte, lograron la constitución de una mesa «ad hoc» para tratar los sumarios y las sanciones administrativas que Vidal aplicó a unos 600 docentes durante su gestión por adherir a los paros.
La comisión se reunió el viernes por primera vez. Allí, el Frente de Unidad Docente pidió que los sumarios sean anulados y sostuvo que se trata de «una reparación» hacia las y los docentes que «fueron perseguidos» por la gestión anterior.
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