Justicia a medias

El Tribunal Oral federal 2 dictó sentencia, pero no diluyó el halo de impunidad que desde hace dos décadas y media recubre la investigación del atentado a la Amia. Víctimas y familiares debieron trajinar más de tres años en un juicio que transcurrió a paso lento e invisibilizado para obtener una respuesta a medias: el tribunal distribuyó condenas obvias, otras sorpresivas -pero modestas- y absoluciones que parecen difíciles de explicar. Habrá que esperar hasta el 3 de mayo para conocer los fundamentos jurídicos de esas decisiones.

El fallo confirmó, de todos modos, que el Estado fabricó pruebas, manipuló testimonios y vició la investigación. No es poco, si se tiene en cuenta que parte del entramado que colaboró a ensuciar el expediente proviene de la propia familia judicial.

El ex juez Juan José Galeano recibió la condena más dura de la jornada: le dieron 6 años, lejos de los 20 que habían pedido los familiares, pero suficientes para purgar una temporada en prisión.

A los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les fue algo mejor. Recibieron penas de 2 años y seis meses, de cumplimiento condicional. Fue justo la mitad de lo que pidieron los querellantes, pero aún así la decisión sorprendió: durante el juicio, el Gobierno -con el ministro Germán Garavano a la cabeza- y las instituciones de la comunidad judía AMIA y DAIA movieron cielo y tierra para obtener su absolución.

“Se probó que los ex fiscales incumplieron su deber de funcionarios públicos y por tanto, el señor ministro de Justicia, Germán Garavano, quien escandalosamente de un día para el otro cambió su alegato para salvarlos, debe renunciar a su cargo” expresó el colectivo Memoria Activa tras el fallo. El pedido no es una exageración: el ministro operó a la luz del día para salvar a los dos ex funcionarios ahora condenados. Lo confirmó fuerte y claro el ex titular de la Unidad Amia, el radical Mario Cimadevilla, quien brindó testimonio sobre el acoso que sufrió por parte del ministro para evitar que se acusara a los ex fiscales. El resultado de esas gestiones, es evidente, no alcanzó para exonerarlos, aunque la pena no los llevará a prisión. Algo es algo.

La inacción de la querella oficial, en cambio, fue exitosa en el caso de un viejo amigo de la casa PRO: el tribunal absolvió a Jorge “El Fino” Palacios. El ex jefe policial, de larga y fructífera relación con el presidente Mauricio Macri y los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, tuvo a su cargo un tramo de la investigación cuestionada, pero aún así salió ileso del juicio.

La absolución de Palacios despierta suspicacias por partida doble. Por su antigua relación con Macri, y por la implicancia que hubiera tenido su condena para la larga y fallida investigación del atentado: al ex policía se lo acusó de haber mantenido contactos con Alberto Kanoore Edul, uno de los implicados en la denominada “pista siria” que el Estado argentino desechó para centrar su atención en la denominada “pista iraní”, patrocinada por los servicios de inteligencia de EEUU e Israel. ¿Acaso los jueces del tribunal tuvieron en cuenta esos detalles a la hora de dictar sentencia? En tres meses se sabrá.

El hilo interruptus de Kanoore Edul alcanzaba a la familia del entonces presidente Carlos Menem, que también resultó absuelto. Lo mismo ocurrió con Rubén Beraja, ex presidente de la DAIA acusado de convalidar el sembrado de pistas apócrifas para direccionar la investigación. La absolución de Menem y Beraja le quita peso político al fallo, que centró las condenas sobre los responsables de haber pagado 400 mil dólares a Carlos Telleldín, el reducidor de autos que apuntó sobre el grupo de policías bonaerenses que resultaron acusados -y luego absueltos- de conformar la “conexión local” del atentado.

El dinero salió de la Secretearía de Inteligencia, que por entonces comandaba Hugo Anzorreguy. Co-fundador de la ciénaga de Comodor Py, el estudio de la familia Anzorreguy asiste a la crema y nata del poder real. Su condena a 4 años y seis meses lo pone a tiro de prisión, pero por razones de edad y salud es probable que la purgue en su domicilio.

La lista de condenas se completa con el ex subsecretario de la SIde, Juan Carlos Anchezar, el ex comisario Carlos Castañera y la esposa de Telleldín, Ana Boragni.

La querella de los familiares anticipó que apelarán el fallo, pero aún así destacaron como positivo dos cosas: que la sentencia calificó el encubrimiento como un delito contra los Derechos Humanos y que, luego de tanto batallar, un tribunal da por probado que la investigación fue manipulada y direccionada. Es un paso. Pero aún faltan determinar las causas, objetivos y consecuencias procuradas -¿acaso ya alcanzadas?- de esa manipulación.