En un comunicado, acusó al gobierno de realizar una política sistemática de ataque a jueces. Apuntan a CFK y niegan el lawfare.
“Ninguna de las políticas que propuso el Gobierno en materia judicial tuvo en cuenta a los sectores más postergados de la sociedad que tienen dificultades en acceder al servicio de Justicia, ni tampoco le interesó proseguir con experiencias exitosas que disminuían considerablemente el tiempo de duración de los procesos”, sostiene el comunicado, en llamativa coincidencia con las consignas propias de 1F.
Por el contrario, JxC afirma que “el interés del Gobierno siempre estuvo centrado en los jueces o tribunales en los que se tramitan las causas de corrupción que afectan, principalmente, a la propia Vicepresidente de la República” Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre la noción de lawfare, el comunicado se centra en el supuesto intento de los acusados en los últimos años de corrupción en cargos públicos de construir “una persecución política orquestada por la administración anterior, los medios de comunicación, empresarios y jueces. No importa si esos graves hechos existieron o no, y quienes los cometieron, todo cae en la bolsa común del ‘lawfare’.”, concluyen.
Sobre el pedido de renuncia de Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti, el comunicado opositor recuerda que el proceso para destituir a un juez de la Corte Suprema corresponde que pase por el Congreso. “Este procedimiento no puede ser sustituído por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno. No sólo es ir en contra de lo que la Constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del Presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la Constitución”, definen en JxC.
El viernes, el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, había enviado una carta a la OEA para alertar sobre la marcha, la cual consideran una violación “a elementos esenciales de la democracia representativa, más específicamente a la separación e independencia de los poderes públicos”, según expresa el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. «
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