Con su firma, la Cámara declaró institucional la prohibición de cobrarles comisiones, a favor del lobby inmobiliario. El caso Casa Amarilla.
Esteban Centanaro tiene el curioso privilegio de la dualidad. Por un lado, es juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad. Por otro, se desempeña como presidente de la firma CENT SA (nombrada así por las primeras cuatro letras de su apellido), dedicada a la administración de propiedades y, en palabras del propio dueño, a «la renta que normalmente producen».
En la resolución N° 548, con fecha 4 de septiembre de 2007, el Concejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires resolvió autorizar al juez Centanaro a desempeñarse como presidente de la sociedad CENT SA, «con la salvedad de que la misma tendrá vigencia en tanto y en cuanto la mencionada sociedad no realice actos que excedan la administración de sus propiedades y de las rentas que las mismas producen».
Aquel permiso resultó cuanto menos extraño, teniendo en cuenta que el artículo 119 de la Constitución porteña expresa que «los jueces y funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio, con excepción de la docencia, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus decisiones».
El miércoles, la resolución de la Cámara revocó un fallo de primera instancia y declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5859, aprobada en septiembre de 2017, y que establecía que las comisiones de 4,15% del valor de los contratos debían estar a cargo de los locadores. De esta manera respondió favorablemente a los amparos presentados por el sector inmobiliario, agrupados en el Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), el Centro de Corredores Inmobiliarios (CECIN) y la Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios (CRCI).
«El juez Centanaro, contradiciendo los argumentos de la fiscalía, votó a favor de sus intereses como propietario de viviendas en alquiler. Una de las ideas que expresa en su fallo es insólita: plantea que los inquilinos tienen la posibilidad de protestar y no pagar la comisión, un delirio digno de alguien que tiene intereses sobre el tema que está resolviendo», se queja Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.
Desde la organización adelantaron que van a apelar el fallo y lo mismo declararon desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). La Defensoría del Pueblo porteña y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) también repudiaron la decisión.
En febrero de este año, Centanaro ya había despertado suspicacias al contradecir cuatro fallos previos sobre la venta de los terrenos de Casa Amarilla, habilitando su traspaso al Club Boca Juniors. La resolución significó que se perdiera la posibilidad de construir allí un parque público, tal como había sido ordenado por la Ley N° 2240 de Emergencia Ambiental y Urbanística del Barrio de La Boca, incumplida desde hace más de diez años.
Bien de familia
En su pedido para desempeñarse como presidente de CENT SA, el juez argumentó que «si se aplica al caso el estándar jurídico del descorrimiento del velo societario se comprueba sin ningún esfuerzo que nos encontramos ante un patrimonio íntegramente familiar». Tenía razón. En los edictos publicados en el Boletín Oficial, además de su esposa, destacaba el nombre de su hija Ivana Centanaro, la misma que supo integrar el bloque del Frente para la Victoria, pasó por el espacio de Jorge Telerman y terminó en la lista del PRO (algo que por otra parte explica su actual cargo en el Ministerio Público Fiscal, más precisamente, en la Secretaría General de Derechos y Garantías de la Población Vulnerable).
Lo más «memorable» de su actividad legislativa fue el proyecto de ley que permitió la creación del Colegio Público de Martilleros y Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, casualmente, los que más festejaron el fallo de «papá» Centanaro. «
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