El costo fiscal representa apenas un 0,44% del PBI y solo recompone la situación a noviembre de 2023. Exigen la renuncia de Patricia Bullrich y desafían de nuevo el protocolo anti piquetes.
En ese momento, la nueva movilidad establecida por decreto dispuso la actualización de los haberes en forma mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un rezago de dos meses que pasaba por alto la inflación del mes de enero. A cambio, el oficialismo concedió un incremento del 12,5% por única vez cuando los precios habían subido un 20,6% en el primer mes del año.
La nueva ley de movilidad, además, dispone la incorporación del bono de $70 mil al haber y a su actualización así como un artículo mediante el cual garantiza que, en caso de que los salarios de los trabajadores activos superen la suba de los precios, los jubilados recibirán una recomposición equivalente al 50% del diferencial entre precios y salarios.
Así las cosas, la nueva ley apenas implica una suba de poco más de $13 mil para la jubilación mínima que, de cualquier forma, los jubilados pretenden defender. A contramano de lo señalado por el gobierno, que lo cuantificaba en el equivalente al 1,2% del PBI se trata de un costo fiscal de apenas el 0,44% del PBI, según indicaron economistas del propio entorno del presidente.
Así lo hicieron saber las 13 organizaciones de trabajadores pasivos que convocaron a la última movilización que fuera reprimida por la policía y que había concitado la adhesión de 22 organizaciones sectoriales más así como numerosos sindicatos y organizaciones gremiales y políticas.
El mismo viernes, luego de la fuerte represión de la Policía Federal sobre los jubilados que se manifestaban y que generó el repudió de la CGT y un amplio arco de organizaciones sociales y políticas, los jubilados y jubiladas anunciaron en una conferencia de prensa realizada en el Sindicato del Neumático, una nueva concentración el próximo miércoles para rechazar el entonces potencial veto del presidente Javier Milei.
Allí exigieron la renuncia de Patricia Bullrich y reclamaron un paro general a las centrales sindicales. Para las organizaciones convocantes entre las que se encuentran la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, el Plenario de Trabajadores Jubilados, la UTJEL, los Jubilados Insurgentes y la Confederación Nacional de Jubilados, entre otras, “la lucha contra el Veto de Milei a la nueva Ley de Movilidad es reprimida con la intención de salvar su política de robo a los jubilados para mantener su frágil superávit fiscal y pagar a los acreedores”. Para las organizaciones convocantes “robar a los jubilados es un crimen social”.
Detrás de los oradores se leyó un cartel en el que decía “los jubilados sostenemos al Estado, no al revés”.
La cita es el miércoles 4 de septiembre en el Congreso Nacional donde, tal como han venido realizando en los últimos meses, realizarán una ronda de protesta rememorando las acciones que en la década del noventa encabezaba Norma Plá. Además, adelantaron, el 20 de septiembre día del jubilado, marcharán a la Plaza de Mayo donde realizarán un Cabildo abierto.
Nora Biaggio, dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados señaló a Tiempo que “desde el plenario de organizaciones de jubilados que venimos funcionando ya hace varios años todos los miércoles nos concentramos en el anexo del Congreso por los reclamos de los jubilados, jubiladas, pensionados y adultos mayores”. La dirigente señaló que “invitamos a las organizaciones sindicales a participar en forma activa de la concentración y ronda al Congreso que vamos a hacer este miércoles 4 después de la feroz represión que sufrimos el miércoles pasado. Estamos encarando en este momento la lucha contra el veto de (Javier) Milei y (Mauricio) Macri a la ley de movilidad y ahora también estamos movilizados contra la represión y por la renuncia de (Patricia) Bullrich. Nuestro plan de lucha continúa con movilizaciones todos los miércoles”.
A la vez, Biaggio adelantó que “el día 20 de septiembre haremos un gran cabildo abierto desde las 15 horas en la Plaza de Mayo con deliberación de Trabajadores Desocupados, jóvenes, jubilados y luego a las 18 horas un acto. Estamos reclamando algo que nos parece clave que es que la CGT y las CTA convoquen a un paro nacional y un plan de lucha. Solo así se derrota la política de Milei, los gobernadores y el Fondo Monetario. Lo que se resolvió en la ley de movilidad es nuestro y corresponde a nuestros bolsillos. El 8,1% es muy poquito pero es nuestro. Nación debe girar lo que cobra de Impuestos Nacionales a las provincias en forma proporcional. Lo que dice también la ley es que se paguen en forma inmediata los juicios con sentencia firme”.
Biaggio concluyó denunciando que “que haya un gobierno al que haya que sacarle una ley para que cumpla una ley muestra que el delincuente es Milei, es el gobierno y la política que están desarrollando”.
La CGT, por el momento, no anunció una adhesión a la medida pero repudió la represión y el veto presidencial. A la vez, Pablo Moyano señaló en una entrevista con Tiempo que “muchas organizaciones gremiales van a participar de la movilización que están convocando los jubilados y jubiladas”.
Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores señaló en su cuenta de X que “la recomposición de la jubilación que vetó Milei representa 0,45% del PBI. Lo que dejan de pagar los grandes contribuyentes de Bienes Personales es un 0,68%. Para el león de peluche es más fácil meterle la mano en el bolsillo a los jubilados que cobrarle impuestos a los ricos» aunque todavía no confirmó la participación de la CTA-T en la jornada de protesta.
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