Jorge Rivas: «Bajar la edad de la punibilidad es un despropósito”

Por: Jesús Cabral

En diálogo con Tiempo, explicó que no hay país ni ciudad en el mundo que a través del camino de aumentar penas o bajando la edad de imputabilidad hayan mejorado los niveles de seguridad.

El presidente y referente nacional de la Confederación Socialista Argentina (CSA) Jorge Rivas, expresó su mirada sobre la baja de la punibilidad a los 12 años, modificación que pretende llevar adelante el gobierno de Javier Milei. También contó sobre la reflexión que hizo -respecto del delito y el sistema penal en términos generales- luego de haber sufrido un violento robo en 2007, en el que recibió un fuerte golpe que lo dejó tetrapléjico.

Rivas retomó lo ya antes dicho por el socialista Alfredo Palacios sobre que el Código Penal solo se le aplica a los pobres. Y señaló la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación para justificar la mano dura y el encierro punitivo en forma masiva.   

-¿Qué piensa sobre la intención manifiesta que existe desde el gobierno de Javier Milei de bajar la punibilidad a los 12 años?

-El intento de bajar la edad de punibilidad penal a los 12 años del actual gobierno me parece un verdadero despropósito. Pero la verdad no me sorprende, porque es la típica y repetida cantinela de las derechas como respuesta a la inseguridad ciudadana. No hay país ni ciudad en el mundo que a través del camino de aumentar penas o bajando la edad de imputabilidad hayan mejorado los niveles de seguridad. Esta demagogia punitivista solo tiene por objeto fidelizar electoralmente al núcleo de accionistas duros de derecha.

También es cierto que buena parte de la sociedad, al sostener la demanda de mayor seguridad, se embandera con consignas estatutarias que solo persiguen la vendetta pública. Pero no debemos descalificar ligeramente todas las demandas por mayor seguridad como solemos hacer desde la izquierda o el progresismo. Ya que otra buena parte de la sociedad, al reclamar al Estado la debida protección de sus personas y bienes, está expresando su derecho a una mayor calidad de vida. Además, esa demanda a una mejor calidad de vida, siempre debe interpretarse como una demanda auténticamente democrática.

-Según su criterio, ¿cuál es la salida más saludable para ayudar a las nuevas generaciones y que no tengan que sufrir el encierro punitivo como castigo?

-Si bien es verdad que los factores que generan la inseguridad son múltiples, el alto grado de desigualdad -en una sociedad de consumo- es reconocido como el problema central por la casi totalidad de los criminólogos. Hago esta reflexión de que la desigualdad es la principal causa de la inseguridad porque los punitivistas, por lo general, suelen ignorar las causas de la inseguridad.

Esta cuestión no es ingenua, ya que negar las causas del delito les permite ser más impiadosos y brutales con el criminal. Por eso, según mi criterio, el mejor aporte que podemos hacer a las generaciones futuras es empezar hoy mismo a construir sociedades más igualitarias. Estoy convencido que es el mejor antídoto contra la violencia que hoy vivimos.   

-En el año 2007 usted fue víctima de un robo y producto de un fuerte golpe en la cabeza quedó tetrapléjico. ¿Cuál fue su más profunda reflexión sobre el delito y el sistema penal -en términos generales- después del violento hecho que sufrió?

La violencia que sufrí durante el robo me reforzó más la idea de que la mejor política de seguridad debe ser una política preventiva. Tratar de buscar soluciones en el Código Penal es sencillamente un error, porque el Código se aplica a partir de que el delito se cometió y el Estado debe estar presente antes de que se cometa. Porque cuando el patrullero llega muchas veces es tarde y el daño producido es irreparable.

¿Qué piensa sobre la construcción mediática que hacen los medios hegemónicos de comunicación sobre la inseguridad?

Veo que superficialmente los medios de comunicación hegemónicos expresan que las autoridades no persiguen a quienes delinquen con suficiente audacia. Sin embargo, las estadísticas acerca de la población penitenciaria muestran una realidad muy distinta. Porque crece nueve veces más rápido que la del conjunto del país.

Los datos duros ponen también en evidencia a quienes son el objeto casi excluyente de la población penal; 30 de cada 100 personas privadas de su libertad son analfabetas y esta proporción llega a 70 en los institutos de menores. La sobre población en las cárceles promueve la promiscuidad y el hacinamiento, esto no contribuye con la resocialización de nadie. De algún modo se verifica la afirmación de Alfredo Palacios, en el sentido de que el Código Penal, solo se aplica a los pobres.  

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