La respuesta política a la viralización de una pelea entre pibes del secundario en San Miguel de Tucumán fue instruir a la Policía para requisarlos y detenerlos. Un decreto que expulsa a las juventudes del sistema educativo y que avasalla los estándares constitucionales.
A partir del Decreto 1290/1 publicado este jueves y un anuncio televisivo explícito, el gobernador no solo avaló las detenciones de los adolescentes sino que dispone su expulsión de las escuelas, la quita de subsidios al establecimiento educativo al cual asisten, el impedimento de que el estudiante continúe estudiando en ese ciclo lectivo y además, posibles sanciones a los padres o tutores en caso de que trabajen en la administración pública. El decreto fue refrendado por la ministra provincial de Educación, Susana Montaldo y el de Seguridad, Eugenio Gamboa.
Este viernes, a menos de 24 horas de la publicación del decreto, hubo requisas en los ingresos de escuelas y colegios secundarios. Si bien algunos medios informaron que se trató de medidas cumplidas de forma preventiva por algunos centros de estudiantes, como en el caso del Colegio Nacional, en otros se registraron fotografías periodísticas y en redes sociales de requisas a estudiantes y sus mochilas hechas por oficiales de la Policía de Tucumán, en las inmediaciones de las escuelas.
En conversación con Tiempo, Florencia Vallino, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes) expresó que el decreto es inconstitucional. “El artículo del decreto que más nos preocupa es el segundo, en el que se instruye al Ministerio de Educación que ordene a los establecimientos educativos, ya sea públicos o privados, a sancionar a los y las adolescentes expulsándoles de la escuela”, remarcó.
Asimismo, apuntó la gravedad de que se haya incorporado la imposibilidad de que quienes sean expulsados puedan inscribirse en otra escuela por el resto del ciclo lectivo. “Nos parece profundamente lesivo al derecho humano a la Educación y, desde nuestra perspectiva, exacerba la violencia todavía más”, señaló.
En cuanto al primer artículo, la especialista señaló que “no amplía las facultades de las fuerzas de seguridad, no modifica el marco normativo previo al decreto, no señala ningún sujeto en particular, sino que esto se debe leer luego de las declaraciones del mismo gobernador y de los considerandos mismos del decreto”.
Uno de los argumentos que se esgrimen a favor del decreto reside en el recrudecimiento, sobre todo en los últimos años, de las violencias entre adolescentes de la provincia, cuyas consecuencias se expanden del ámbito escolar al espacio público. Al respecto, Vallino señaló que “cuando el conflicto se ha desatado y está en curso de desarrollo, en ese contexto sí está justificada la intervención por parte de las fuerzas de seguridad”.
Esa intervención, apuntó la especialista, tiene que estar caracterizada por el respeto a los derechos de la persona, y si se trata de infancias o adolescencias, “la aprehensión solo puede hacerse de manera provisoria en un lugar de alojamiento especializado para ellos, deben ponerlos a disposición de la Justicia y de sus familias, es decir, de los adultos a cargo”.
De esta manera, bajo ningún punto, podría privarse de libertad a los adolescentes en un dispositivo de encierro para adultos. “Ese estándar es muy claro en nuestro país. Está prohibido que las personas adultas compartan el espacio de alojamiento con las personas adolescentes”, remarcó.
La crítica, entonces, se dirige al sistema de prevención que se sanciona con el decreto, que excede por completo los derechos de las adolescencias pero además resulta excesivo y desproporcionado en la aplicación de las sanciones.
“En clave de política preventiva de estas situaciones, hay otras instituciones estatales por fuera de los dispositivos del Derecho Penal que desde nuestra perspectiva son las adecuadas para intervenir ante este tipo de conflictividad que se está planteando”, mencionó.
Ponderó a la escuela como punto central “porque en ese espacio las adolescencias están ejercitando e incorporando herramientas para la vida, la convivencia democrática y la paz. Y en ese marco se tienen que habilitar los canales para que los chicos y las chicas puedan plantear qué es lo que está pasando, que puedan ser partícipes de la resolución misma del conflicto y posicionarlos como sujetos de derechos”.
Entre los fundamentos del decreto se menciona a Matías Albornoz Piccinetti. El 19 de mayo de 2017, el adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada, en el marco de una pelea entre estudiantes en el microcentro tucumano. Para transformar el dolor de su pérdida en lucha, familiares y amigos crearon la organización de prevención de violencias Proyecto MAP, tomando las siglas de su nombre.
“Como organización estamos en contra de la criminalización de la juventud y creemos que este decreto provincial se asume por el Poder Ejecutivo como modo de solución rápida a los problemas pero no tiene ninguna solución real”, dijo a Tiempo Pablo Moliterno, integrante de la organización que sacó un comunicado en repudio.
Manifestó que la expulsión de los jóvenes de los establecimientos educativos «no es algo positivo», tampoco su criminalización: se está pensando como solución encerrarlos en penales o comisarías, no creemos que sea la verdadera solución a los problemas de violencia”.
En especial, la organización que realiza actividades, talleres y festivales de prevención y concientización de violencias rechazó la utilización del nombre Matías en el decreto: “Traer su nombre no hace más que ser una excusa política para llevar a cabo este accionar que no acompañamos”.
“No negamos que lo que pasó es grave pero el castigo no puede ser expulsarlos de la escuela, al contrario, el tema tiene que ser debatido en la escuela, que haya mediación entre los chicos, que las escuelas se involucren para que ellos puedan resolver sus conflictos de una manera pacífica, no violenta”, dijo a Tiempo Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.
Graham expresó que junto a los Defensores Provinciales de Niñez presentó, este viernes, una carta al gobernador Osvaldo Jaldo en la que pidió la derogación del decreto provincial 1290/1 por inconstitucional. De manera específica, la carta señaló que “en Argentina se encuentran expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema educativo (Art. 7 Ley 26.892). La expulsión de adolescentes de las escuelas quita uno de los soportes fundamentales de su formación ciudadana, además de negarles un derecho fundamental”.
La defensora aseguró que “no corresponde que la Policía esté en todos los establecimientos hoy en Tucumán, que se revise a los chicos o a sus mochilas como si fueran delincuentes de delitos graves”. En este sentido, expresó que la respuesta del Gobierno no puede ser solo punitiva y, en particular, ponderó la responsabilidad política del Ministerio provincial de Educación, a cargo de Susana Montaldo. “El Ministerio de Educación tiene que hacerse cargo y los colegios o escuelas en cuestión, los directivos y docentes, también”, apuntó la defensora.
Cabe resaltar que Montaldo, en declaraciones a La Gaceta, manifestó: “Un chico de 16 años va a votar, también tiene que ser responsable por otras cosas porque esto puede costar vidas humanas”. En esa línea, la ministra provincial de Educación aseveró que la expulsión de los estudiantes permitiría que recuperen la “salud psicológica y trabajar adecuadamente con la familia”.
Así, según la ministra, entre los estudiantes involucrados hay «muchos con muchas patologías y tenemos que ver qué está pasando. Nadie reemplaza a la familia, que siempre fue un valor. Separarlo es para que recupere su salud síquica y social y volver a reintegrarlo”.
Montaldo se mostró a favor de las requisas a estudiantes secundarios. “Cuando yo viajo en avión me requisan. Ahora se encontraron chicos con destornilladores, cuchillos y pistolas. Usted dio la noticia hace pocos días. Somos adultos, tenemos que evitar que estas armas agredan o maten”, aseguró a ese medio.
Según publicó El Tucumano, la revisión de las pertenencias que se realizó a estudiantes del Colegio Nacional fue hecha por los mismos alumnos, integrantes del Centro de Estudiantes ante los rumores de una pelea con otros centros educativos. “Se difundió un mensaje por un grupo donde decían que iba a haber una pelea entre la Comercio 1, El Nacional y la Normal y estamos revisando a los chicos a ver si alguno tiene un objeto filoso”, contó Marcos, miembro del Centro de Estudiantes, a Canal 8 de Tucumán
En este aspecto, la defensora Graham resaltó que “en la provincia y en cada una de las escuelas hay herramientas de conciliación y mediación donde se puede trabajar sobre el respeto al cuerpo y la dignidad de los otros, aprender a resolver los conflictos sin discriminación”.
Para la defensora, la expulsión de los estudiantes no colabora con la necesaria concientización de los adolescentes: “La solución no pasa por el Ministerio de Seguridad, pasa por la Educación”.
Y agregó: “Lo último y lo peor que podemos hacer con estos chicos y chicas que presentan este tipo de conflictividad es sacarlos de la escuela, por el contrario tienen que quedarse y la escuela tiene que trabajar tanto con los que están involucrados y los que no”.
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