El drama de los inquilinos: los contratos iniciados en 2024 pagan hasta 50% más que aquellos bajo la Ley de Alquileres

Un signo de estos tiempos es el desamparo por la desrregulación de un Estado que se aparta de la escena, dejando «al mercado» sin control y a los ciudadanos sin protección ante abusos. En el mundo de la vivienda eso se expone como nunca: según un informe de Inquilinos Agrupados, los contratos iniciados en el año 2024 bajo el DNU 70/2023 pagan entre un 40% y un 50% más que aquellos que están bajo Ley de Alquileres. Sin embargo, remarcan que sólo el 38% de los contratos vigentes se encuentran enmarcados dentro de la norma.

En los contratos más nuevos, el plazo de 3 años se presenta sólo en el 9,7% de los casos. Como contrapartida, creció fuertemente la participación de contratos cortos de alquiler. Los temporarios con un período de duración menor o igual a 1 año representan el 27,2% de los casos. Y los contratos entre 1 y 2 años son ahora los más frecuentes, en un 57,7% de los casos relevados en junio.

Bajo la vigencia del DNU 70/2023 la actualización anual ya casi no se presenta como una posibilidad: el 95,5% de los inquilinos e inquilinas tiene actualizaciones en el precio de su alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses. En promedio, 7 de cada 10 que firmaron sus contratos luego del decreto sufren aumentos mensuales o cada 3-4 meses, como máximo. Y en muchos casos, dolarizados.

Endeudados y desalojados

Casi 9 de cada 10 encuestados (88,4%) considera que tendrá dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses.

Actualmente, el 62% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo: la mitad con tarjetas de créditos, el 37,6% se endeuda para comprar alimentos y tres de cada diez lo hacen para pagar otras deudas.

Más del 80% respondió que la situación de la vivienda y la evolución de sus salarios son los principales motivos de preocupación en la actualidad.

Jorgelina es inquilina en La Plata. «Yo alquilé en febrero y nos subió 71% en la primera actualización cuatrimestral por ICL«, se lamenta en diálogo con Tiempo. Alude al Índice para Contratos de Locación (ICL) que tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE).

A Marcelo C., inquilino en Balvanera, limitando con San Cristóbal, a metros de Avenida Independencia, sobre la calle Rincón, le subieron en este trimestre un 80% el alquiler, a pesar de que la inflación oficial fue de un tercio. Dice que otros compañeros de su trabajo (labura en un correo privado) debieron mudarse más lejos para conseguir una vivienda accesible.

Un número que crece, y que es la cara más cruel del drama de alquilar: el 15% respondió que fue desalojado por no poder afrontar los aumentos de los alquileres.

«Entre las respuestas relevadas, la enorme mayoría (97,8%) cree que los únicos beneficiados con el DNU 70/2023 y su consecuente eliminación de la Ley de Alquileres son los rentistas y el mercado inmobiliario», afirman desde Inquilinos Agrupados.

Y la crisis ya trascendió una generación: el 41% de los inquilinos afirmaron que sus padres no son propietarios.

Volver a la casa de los viejos

Con alquileres por las nubes (se registraron aumentos del 300% en el primer trimestre de 2024), empezó a crecer un fenómeno social: los que vuelven a vivir a la casa de los padres.

El fenómeno social se repite en muchas otras personas que tienen trabajo e ingresos medios o bajos, que tuvieron que buscar en el hogar familiar un refugio ante los aumentos descontrolados tras la devaluación de diciembre y el DNU 70 del gobierno nacional que derogó la Ley de Alquileres y que pasó a «liberar» el mercado: ahora es todo un arreglo entre privados. Dueño-inquilino. Una relación que ya se sabe asimétrica.

Facundo S.  alquilaba en el barrio porteño de Villa Pueyrredón, cerca de Agronomía. A principio de año pasó de valer $ 50 mil a casi $ 200 mil. Las expensas que pagaba ya estaban en $ 35 mil e iban en aumento. Todo en subida, menos sus ingresos. A pesar de que Facundo trabaja casi todo el día como jefe de compras de una firma de locales gastronómicos, en enero se vio obligado a tomar una decisión incómoda: volvió a vivir a la casa de sus padres.

«Era una locura, 250 mil pesos por mes más impuestos, básicamente todo mi salario se me iba a ir ahí, por eso decidí volver con mi familia. Además me pedían seguro de caución, ahora ya no quieren más garantía propietaria», contó Facundo a Tiempo.

Desde enero, Facundo mudó sus pertenencias a una habitación en la casa de sus padres en Colegiales. Aporta para los gastos comunes, la comida y el sustento de su mascota, un pequeño gato. Sólo así le queda un resto para, de vez en cuando, salir a tomar una cerveza o compartir una comida.

«No tengo que pagar un alquiler, eso me dio un grado más de posibilidades de disfrute, de salir a tomar una birra con alguien, ningún lujo, en algún sentido siento que tengo el privilegio de tener un techo familiar, algo que mucha gente no tiene». Pero por otro lado le cae la sensación del paso atrás en su independencia: «una persona aspira, por los menos, a vivir solo, a mantenerse, tener una vida digna, es un retroceso importante».

Inquilinos en problemas

El aumento descontrolado de los alquileres tiene otras aristas: jubilados que van a vivir a lo de algún hijo/a, familias que se mudan a barrios o ciudades más alejadas. 

«Los inquilinos e inquilinas no pueden pagar los alquileres, y ante las renovaciones y los precios desmedidos que se piden, la opción para los que pueden, es volver a vivir con sus padres», remarcó tiempo atrás Tamara Lescano, integrante de Inquilinos Agrupados.

Cuenta que las consultas ante esta situación se multiplicaron: «es muy angustiante, incluso compañeros de la agrupación tuvieron que volver a vivir con su familia, en alguna habitación con hijes y sus parejas, porque no podían afrontar los nuevos valores de los alquileres».

Expone casos de inquilinos a los que se les promete una renovación a determinado monto y a último momento los propietarios o inmobiliarias les piden mucho más dinero o incumplen la palabra. Con el decreto 70/23, las dificultades se exacerbaron. «Desregula los ajustes dentro de contrato, los plazos pueden ser los que se les ocurra al rentista, entonces se genera una incertidumbre y un miedo de no poder pagarlo más adelante».