Hay críticas por la estimación de las deudas de las empresas eléctricas con el Estado y los usuarios. También porque se creará un vacío hasta la fecha en que entre en funciones el nuevo ente regulador y no habrá a quién reclamar por los cortes.
El Parlamento porteño se reunirá este jueves para tratar el tema desde las 11.30.
La formación del nuevo órgano de regulación y control del servicio eléctrico en Capital Federal y el Gran Buenos Aires forma parte del “Acuerdo de transferencia de jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que firmaron el 28 de febrero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
El acuerdo también incluyó el traspaso de los reclamos económicos pendientes contra Edenor y Edesur realizados tanto por el Estado y el ENRE como por los usuarios, así como los realizados por las dos empresas contra el Estado. Esa conciliación de deudas mutuas se saldó el 10 de mayo, cuando la Secretaría de Energía anunció que había llegado a acuerdo con las dos distribuidoras.
El acuerdo económico estipuló que las deudas que tenía el Estado con Edenor y Edesur serían pagadas con las que las empresas mantenían con el propio Estado, Cammesa (la empresa que administra el mercado eléctrico mayorista) y los usuarios. El resultado final fue que Edesur deberá pagar $ 3858 millones al Estado nacional e invertir otros $ 4000 millones en obras de infraestructura en un plazo de cinco años. Edenor deberá invertir $ 3000 millones. Estas inversiones son al margen de las ya comprometidas por el aumento de las tarifas.
El acuerdo levantó polvareda porque no quedaron claros los criterios para establecer los montos de deuda que reclamaban las empresas al Estado ni las cifras que éste exigía a las distribuidoras de electricidad. Cabe mencionar que las deudas cruzadas se remontaban al año 2002.
Tampoco quedó claro por qué ciertos montos que debieron ir a parar a los bolsillos de los usuarios por la aplicación de multas, terminaron en el paquete de incumplimientos cruzados negociado por el gobierno y las dos empresas.
Al respecto, el diputado del FPV Rodolfo Tailhade presentó días atrás una denuncia penal contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.
Lopetegui y Garade fueron los funcionarios del gobierno que negociaron las deudas cruzadas con Edenor y Edesur.
Sin respaldo
En tanto, la conformación de un nuevo ente regulador para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) también incluye polémicas.
Según Pedro Bussetti, titular de la ONG Deuco, “nos preocupa el tiempo que va a llevar la conformación del nuevo ente regulador. Es claro que va a tardar ya que todavía no está resuelto siquiera qué va a pasar con el personal actual del ENRE, si se queda allí o pasa al nuevo ente. Hay un lapso en el que va a haber un vacío legal”.
Según Bussetti, no hay claridad acerca de qué pasará con los reclamos pendientes de resolución ni con aquellos que realicen los usuarios después de que se apruebe la conformación del ente regulador eléctrico del AMBA. El especialista teme que el ENRE no tome más estas denuncias porque su área de acción es otra.
En el mismo limbo quedarían los pedidos de tarifa social que eleven los usuarios a partir de esta decisión.
Este escenario estará presente en momentos en que crecen las dudas sobre la solvencia del sistema eléctrico luego de dos apagones de magnitud en menos de 15 días, uno de alcance nacional el pasado 16 de junio, y otro en la zona de La Plata una semana después.
Si la Legislatura porteña aprueba el acuerdo de traspaso de jurisdicción, solo restará que la provincia de Buenos Aires haga lo propio por medio de un decreto para que Edenor y Edesur dependan del flamante Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE).
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