El presidente Mauricio Macri sigue con su relato para demonizar la gestión kirchnerista y, entre sus últimos hallazgos, comenzó a hablar de una inflación heredada del 700 por ciento. Completemos los cálculos: entre mayo de 2003 y noviembre de 2015 la inflación alcanzó el 709%, mientras que los salarios privados registrados aumentaron un 1513%, los salarios totales (incluyendo además a los trabajadores no registrados y a los empleados públicos) crecieron un 1138%, y la jubilación mínima se incrementó el 920%. Es decir, una significativa mejora en la distribución del ingreso durante el anterior gobierno, en medio de un proceso inflacionario que ya se venía atenuando.
La situación actual es totalmente diferente. Lo expresó el director de investigación financiera de la Universidad Di Tella, Juan José Cruces. Al ser consultado si coincide con el BCRA en que la inflación mensual bajará considerablemente en los últimos meses del año, respondió: «Tengo confianza de que lo va a lograr. Estamos en estos seis meses que es una transición difícil. Lo que ha habido más que inflación es una baja del salario real, porque cuando uno define la inflación académicamente, se trata de la suba de todos los precios de la economía, incluyendo el salario. Acá lo que hemos tenido es una suba de precios superior a la suba de salario». Es decir, inflación con redistribución inequitativa del ingreso.
No es una casualidad, son políticas buscadas. La oposición de Cambiemos al proyecto de Ley Antidespidos votado por el Senado tiene una profunda raíz ideológica. Al analizar una de las contrapropuestas del oficialismo, que propone activar la Ley Antidespidos a partir de una desocupación del 10%, queda bien en claro que Macri no sólo se sentiría cómodo con ese nivel de desocupación, sino que además resulta una de las herramientas principales de su gestión: la falta de trabajo es un gran disciplinador social y pone un freno a los reclamos de todo tipo.
Las soluciones de Macri y sus funcionarios siguen a pie juntillas las recomendaciones de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). A pesar de ello, una importante parte de sus integrantes no firmó el pasado lunes la carta de adhesión a las políticas del gobierno nacional, camuflada de compromiso para mantener la plantilla de personal por sólo 90 días.
En su declaración fundacional, AEA sostiene: «Es fundamental preservar el sistema de libertad de precios, en un marco competitivo.» Tengamos en claro que para los empresarios de AEA el salario está dentro de los principales precios, pues es considerado un costo más.
Brasil y más allá La situación política de Brasil impacta en toda la región, y especialmente en nuestro país. Esta inusitada forma de llegar al poder por parte de quienes no pudieron ganar las elecciones pasadas, a través de un ridículo juicio político a la presidenta elegida por el voto popular, Dilma Rousseff, tiene todas las características de un golpe de Estado.
La nueva administración, con el cuestionado Michel Temer como presidente interino, ya ha informado que producirá el «necesario». ajuste en la economía. Y si bien no lo llaman «sinceramiento», muy probablemente descargará elevados costos sobre los sectores más populares de la economía, la barrera que Dilma se negó sistemáticamente a traspasar.
El ministro de Hacienda y Finanzas argentino, Alfonso Prat-Gay, aseguró que en el gobierno son «respetuosos» del proceso que derivó en el desplazamiento de Rousseff y agregó que podría servir para acelerar la negociación del Mercosur con Europa y avanzar en un acuerdo con la Alianza del Pacífico. Por su parte, el nuevo canciller brasileño, José Serra, es un confeso crítico del Mercosur y defensor de estos acuerdos de integración que entusiasman a Prat-Gay y a la canciller argentina, Susana Malcorra.
Luego del sí de Argentina, el Mercosur presentó esta semana su oferta de apertura de mercados a los países de la Unión Europea (UE), a pesar de que la carne y el etanol (dos productos en los que nuestro país es altamente competitivo) quedaron fuera de la lista ofrecida por Europa. Más aún, 13 países entre los que figuran Francia, Austria y Grecia pidieron a la UE que excluya los productos agrícolas «sensibles», como los lácteos y las carnes, de los futuros intercambios de ofertas con el Mercosur. Si la UE accede a ese pedido, el Mercosur se perderá una de las pocas ventajas que podría obtener de un acuerdo comercial de ese tipo.
Los cambios en Brasil, junto con la crisis en Venezuela y la orientación de nuestro gobierno, van desviando cada vez más a la región de una integración soberana y conveniente para sus miembros. Lejos parece haber quedado el rechazo al ALCA, efectuado en las narices de George W. Bush, por Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva. Con el cambio político que no casualmente se está produciendo en el continente, el ALCA -bajo otras denominaciones- está a la vuelta de la esquina. Y tan cerca también, la profundización de la dependencia económica y política de la región.