Inflación con pérdida del poder adquisitivo; Carlos Heller

Las naftas aumentaron en enero y febrero, y ya se está hablando de un nuevo aumento en marzo. Queda cada vez más claro que el objetivo de la desregulación en los insumos energéticos es el incremento en la ganancia empresarial: cualquier variación de costos es soportada por el consumidor. Ni hablar de los sucesivos aumentos de las prepagas y del resto de los servicios públicos.

No resulta entonces llamativo el elevado índice de inflación de enero. El IPC Nacional del Indec arrojó un valor mensual del 1,8%, cifra que anualizada (es decir, suponiendo un 1,8% de inflación por 12 meses) indica una tasa del 23,9%, muy lejos de la meta del 15 por ciento. La inflación núcleo (sin considerar precios regulados ni estacionales) fue del 1,5% (20% anualizado).

Los precios mayoristas de enero brindan un panorama interesante de los motores de la inflación. El aumento de enero del índice general fue del 4,4% mensual. Pero esta variación está formada, entre otros, por un aumento en los productos manufacturados del 2,7%, (alta, pero la más baja de la serie), del 15,1% en petróleo crudo y gas (efecto de los aumentos de precios en el sector) y del 7,1% en los productos importados, dando idea del impacto de la desvalorización del peso, entre otras variables.

Se observa entonces cómo los distintos aumentos pegan directamente en la inflación. Más aún, es posible que estos aumentos mayoristas de enero se trasladen en parte al mes siguiente: ya se está hablando de que la inflación de febrero podría llegar al 3% (titular principal de La Nación del 16.02.18).

En ese entorno hay que analizar el ajuste de las jubilaciones, establecido en el 5,71% para marzo próximo, de acuerdo a la tan criticada nueva fórmula. El último ajuste fue en septiembre de 2017, y desde entonces hasta marzo de este año, los precios habrán subido algo más del 12 por ciento. De esta forma, los jubilados pierden con esta fórmula un 6%, descontando la inflación efectiva. Es una merma que arrastrarán hacia adelante, puesto que la fórmula de ajuste es un 70% por IPC y un 30% por salarios, y no está en las aspiraciones del gobierno que los salarios le ganen a la inflación de este año.

Más allá de los elogios del gobierno a la reforma previsional, queda claro que los jubilados y demás perceptores de asignaciones van a perder una parte importante de poder adquisitivo. Se sigue así profundizando el ajuste y cumpliendo con las sugerencias del FMI.

Los funcionarios de alto rango del gobierno insisten en que las variaciones del dólar no deberían trasladarse a precios: un desconocimiento total de la historia argentina y de los procesos que ellos mismos pusieron en funcionamiento. Los aumentos del dólar siempre generaron conductas de «cobertura» por parte de los formadores de precios. Pero además, con la total liberalización de las operaciones, los precios de las importaciones en pesos impactan directamente sobre los costos de los insumos y de los productos al consumidor. Por el lado de los exportadores, estos querrán obtener en el mercado local, a lo sumo, el mismo precio que si vendieran sus productos en el exterior, con lo cual trasladan toda la devaluación a los precios internos. De esta forma, los productos vinculados con el comercio exterior –tan diversos como alimentos, heladeras y tractores, entre otros – aumentan proporcionalmente al valor del dólar, mientras que el resto de productos los acompañan.

Ante los datos de inflación, el BCRA decidió el martes pasado mantener la tasa de política monetaria. Es una tasa cercana a la de las Lebac, y se mantiene a pesar del supuesto interés de muchos funcionarios en obtener una mayor baja de la tasa de referencia.

El BCRA fue claro. Al referirse a los comunicados anteriores en los cuales bajó la tasa de referencia, sostuvo que «la moderación en el sesgo contractivo sólo podría sostenerse en el tiempo en la medida en que la evolución de la desinflación fuera compatible con la trayectoria buscada». A partir de los decepcionantes datos de inflación, el BCRA consideró que «debe actuar con cautela» y por ello resolvió no hacer cambios.

A partir de esta decisión, el dólar, que venía subiendo fuerte, comenzó a bajar, aunque el viernes pasado se ubicó en un valor algo inferior al nivel alcanzado sólo unos días antes. De allí que las bajas posteriores al comunicado del BCRA no significan un  cambio de tendencia, una evolución que confirmaría que el gobierno está cómodo con estos nuevos valores de la divisa estadounidense, por varios motivos.

Por un lado, el BCRA se beneficia con la depreciación de la moneda: la ganancia aproximada por la revalorización en pesos de las Reservas Internacionales por la suba del dólar en estos últimos dos meses ascendería a los $ 140 mil millones, cerca del 60% de lo pagado por intereses de Lebacs.

Respecto del tipo de cambio real multilateral (una de las tantas herramientas para medir la competitividad de la economía argentina) está muy cerca del alcanzado con la devaluación del 17 de diciembre de 2015. En noviembre de 2017, antes del raíd alcista, estaba un 12,5% abajo.

Por otro lado, con el aumento del dólar, automáticamente bajan los salarios en la moneda estadounidense, un resultado que coincide con el interés del gobierno nacional en su búsqueda de lograr una mayor «competitividad». Si pensamos que la mayoría de las paritarias se irán definiendo a partir de abril, los salarios tendrán una fuerte caída en su poder de compra en el primer trimestre, pues las estimaciones de inflación se ubican como mínimo en el 6% para dicho período.

El proceso de deterioro del poder de compra salarial ya ha comenzado: un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda sostiene que «con una caída acumulada del 6,1%, Argentina es el país de la región de mayor deterioro en el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos dos años». El estudio agrega que «el año pasado, por su parte, el establecimiento de cláusulas gatillo en los principales convenios colectivos permitió frenar el proceso de deterioro, aunque la enorme porción de las ramas de actividad no han logrado recuperar la caída de salarios reales producida en 2016”.

Estos procesos de caída en el poder de compra de la población se observan desde varios enfoques. En una entrevista a Diego Giacomini, director de Economía & Regiones (una consultora creada por Rogelio Frigerio, actual ministro del Interior), el economista sostiene: «hoy en día el PBI per cápita de Argentina está 6 puntos porcentuales por debajo de lo que estaba en el 2015». Agrega además que «si la Argentina creciera 2 puntos en 2018 y otros 2 en 2019, el PBI per cápita al final del mandato de Macri, sería el mismo que dejó Cristina Kirchner, pero con 20 puntos más de endeudamiento y sin haber logrado bajar la inflación».

Con las políticas aplicadas por Cambiemos, el escenario económico, y en especial la situación social, irán deteriorándose en el tiempo, porque uno de los objetivos principales de las políticas implementadas es reducir el denominado «costo salarial». Por un lado, se tiende a reducir la inflación vía un menor poder adquisitivo del salario y por ende una menor actividad económica. Por el otro, se incrementan las ganancias de las grandes corporaciones, nacionales y extranjeras. Una estrategia que empobrece al país y su gente, pero incrementa la rentabilidad del sector más concentrado. Un modelo que muchos aspiramos a cambiar a fines de 2019. «