Las industrias de gran porte salieron a bendecir el proyecto que aprobó Diputados y ya hacen lobby sobre la Cámara Alta. Un sector de las pymes reclama un giro para evitar el cierre de empresas y la caída del mercado interno.
Superado el primer paso, los referentes del llamado círculo rojo dirigen todas las miradas al debate en el Senado, donde esperan que se convierta en ley, a pesar de que reconocen que la parada es varias veces más complicada.
Cabe recordar que desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza algunos espacios del sector privado están sospechados de haber participado de la redacción de ese proyecto y del también polémico DNU 70/23, las dos propuestas centrales de la administración nacional, que se caracterizan por impulsar un amplio marco político que coincide en forma categórica con el espectro de agendas de las grandes empresas.
Uno de los dirigentes que quedó en el centro de la polémica por esa participación es el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, porque abogados que militan en el bufete que lleva su apellido estuvieron en Casa Rosada en los días en los que se escribían frenéticamente los textos en cuestión. También se atribuyó participación a cuadros de la empresa Techint, del magnate Paolo Rocca.
Funes de Rioja saludó la aprobación en Diputados con una definición francelleana: «Es un camino doloroso para la sociedad pero hay que hacerlo», dijo en una entrevista que concedió al medio CNN Radio.
El exreferente de las industrias alimenticias consideró que el país «tiene que lograr la estabilidad macroeconómica», pero también recogió el reclamo de las empresas industriales que afrontan la estrepitosa caída de las ventas en el mercado interno por la desvalorización del salario en los primeros meses de la nueva gestión, así como las dificultades para exportar: «queremos que en las grandes inversiones se tengan en cuenta a los proveedores locales», señaló.
«La aprobación en Diputados de los proyectos del Gobierno suman expectativas de credibilidad», definió Funes de Rioja, congratulado por el avance de un conjunto de reformas por las que, en su rol de dirigente negociador, viene pugnando desde hace largo tiempo.
Entusiasmado por el avance, fue más allá cuando consideró que el proyecto que todavía no fue tratado en la Cámara alta «es un primer paso importante para la modernización laboral», destacó en referencia al capítulo en el que, precisamente, se le atribuye participación.
Mientras las grandes se entusiasman, entre las pymes crece la preocupación y las voces que reclaman un lugar en la agenda del Ejecutivo para pedir un cambio de rumbo en la política. Movilizadas por esa alerta, varias cámaras representativas de la pequeña industria participaron el miércoles de la marcha que organizaron las centrales sindicales en conmemoración del Día del Trabajador.
Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), vaticinó que el desempleo crecerá «exponencialmente» si se consolida un marco político que favorezca más la importación que la producción a nivel local: «donde hoy se necesitan 300 empleados se van a necesitar tres en una oficina», graficó.
IPA intentó sin éxito reuniones con el equipo económico del gobierno. Ahora dirige su estrategia hacia el encuentro con los senadores que pueden convertir la iniciativa en ley.
Otros espacios del segmento creen que la complejidad del panorama anticipa una derrota clara en la próxima instancia legislativa y, posteriormente, una complicación cada vez mayor del escenario industrial y laboral, con duras consecuencias en el corto plazo.
Los elogios del mundo privado a la aprobación del proyecto de ley bases en Diputados coinciden en destacar un presunto aprendizaje del jefe de Estado, a quien le atribuyen haber comprendido la necesidad de suspender los cañonazos contra el Parlamento y los legisladores, para darle una oportunidad al arte de la política.
No es que piensen que Milei ya no ve a los ediles como ratas, pero festejan que haya concedido un pasaje del simple piedrazo a una estrategia de negociación.
En el mismo sentido, destacan el rol del ministro del Interior, Guillermo Francos, como cara visible del pragmatismo que favoreció la aprobación en Diputados y confían en que la estrategia volverá a funcionar con los senadores.
El propio Francos desparramó en los medios su confianza en que sus gestiones con los gobernadores rendirán frutos (votos) para hacer realidad una ley que piden a gritos los empresarios que prometieron a cambio, otra vez, una lluvia de inversiones.
La mutación estratégica no sólo le regó la cancha al funcionario nacional, también le aceitó los mecanismos al lobby de las empresas, que se movieron con mucha más fluidez en un ambiente libre de exabruptos amplificados por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. «
La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) lanzó la campaña 1 Millón de Empresas x 1 Millón de Empleos para «acompañar las medidas pro empresas de la Ley Bases».
La entidad destinó la convocatoria a todo el sector productivo privado en el contexto del llamado Compromiso de Mayo con el que el gobierno de La Libertad Avanza espera consolidar un apoyo político empresarial para su proyecto de país.
El llamado informa que las empresas, emprendedores, monotributistas, productores y pymes «nos comprometemos a contratar al menos un empleado en los próximos cuatro años para lograr un millón de nuevos puestos de trabajo» con la condición de que la dirigencia en su totalidad se comprometa a implementar las políticas contenidas en el proyecto que discutirá el Senado.
Según el sitio oficial de ASEA al cierre de esta nota habían adherido 1603 empresas, 43 cámaras y 1311 emprendedores. Entre las primeras que adhirieron se destacan Globant e IRSA, entre otras.
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