El gobierno busca bajar los precios en alimentos vía importaciones. Los riesgos para la producción y el impacto de las subas en gas, luz y agua. Las voces del sector industrial cooperativo.
Los precios de alimentos de consumo masivo continúan en alza y el gobierno no logra reducirlos ni siquiera con el brutal ajuste a la demanda, que se vio obligada a recortar muchos de sus gastos. Estos alimentos no pueden dejar de comprarse, por lo cual son más resistentes a cualquier medida antinflacionaria.
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, se reunió con representantes de supermercados para intentar llegar a un acuerdo. No fue posible lograr grandes avances. Los supermercadistas acusaron a las industrias de elevar los precios y el Gobierno entendió que ahí está el problema.
Por tanto, con la intensión de generar competitividad y que bajen los precios de los alimentos, abrió las importaciones. Como ya ha ocurrido en otras épocas, los industriales entienden que esta apertura puede generar una crisis en el sector: caída de las ventas, de la producción, despidos y cierres. La tormenta perfecta.
Oscar Huidobro, dirigente de la Federación de Alimentación Solidaridad y Autogestión (Fasacot), explicó a ANSOL cómo afecta la medida en un rubro muy sensible como la carne. «La importación de carne ya se hizo y nunca funcionó. Se hizo durante la dictadura y se hizo un poco con el macrismo, también. El tema es que la incidencia en el precio de la carne no es solo del frigorífico. La cría representa el 20%; el engorde, el 32%; el frigorífico, apenas el 8%; y la carnicería, alrededor del 13%».
Sobre el mismo punto, amplió: «La mayor incidencia la tienen los impuestos, que representan más del 25%. De hecho, el precio de la producción está bajando la rentabilidad para poder vender a mejor precio».
«La importación fue un fracaso porque importan otros cortes. Es muy difícil que importen cortes parrilleros. Estamos buscando una salida en común de todas las cooperativas para ver cómo poder encontrar un punto que beneficie la comercialización», completó el Vasco Huidobro.
Entre los alimentos a importar, uno que llamó la atención es el de la papa. En la Jornada Integral del Agro y la Papa, celebrada en Otamendi, desde CONINAGRO alertaron sobre este punto y destacaron que, tal ocurre en otros rubros, el incremento no se da en la producción, sino en la distorsión que se genera en la cadena de distribución.
«El productor no fija el precio de la papa, no especula con su producto, porque es 80% agua y es perecedero, el precio lo pone la oferta y la demanda; la diferencia que paga el consumidor sobre el precio que recibe el productor es producto de una distorsión en la cadena de logística, distribución y comercialización. De ninguna manera es necesario importar papa, la zona sudeste de Bs.As. está en condiciones de satisfacer la demanda de todos los mercados frescos del país«, dijo el secretario de CONINAGRO, Mario Raiteri.
Edgardo Torres, de la cooperativa yerbatera Uruguay Costa, explicó a ANSOL: «Siempre se ha importado yerba, a granel, y luego se industrializa acá. Los que importan son siempre los grandes. A veces, lo hacen para reducir costos y a veces para disciplinar a los proveedores locales. No creo que modifique el precio en góndola«.
«Es un mercado en el que los países vecinos ya están integrados; a veces, de manera clandestina incluso. Puede llegar a joder un poco al productor primario, pero no va a haber una variación muy grande. No creo que cambie en nada la inercia que trae el mercado de la yerba«.
La apertura de las importaciones no es el único dolor de cabeza de la industria nacional. El inminente tarifazo de luz y gas amenaza con provocar estragos en la producción. Fabián Pierucci, síndico y Responsable de Planificación de recuperada La Litoraleña, alertó: «Para nosotros, el principal insumo es la energía eléctrica y ya es muy significativo el monto de la factura mensual. Un tarifazo generaría un impacto muy grande en el precio final«.
Para Pierucci, «es imposible que eso no se traslade al precio final, por lo cual van a seguir subiendo, amén de importaciones o no».
La misma evaluación hizo Huidobro: «En el rubro de la carne, se usa mucho el gas; la electricidad, para mantener la temperatura; el fuel oil, que se usa para las calderas; el agua, que también va a aumentar. Todo eso va a llevar a que sea imposible de absorber. Con las maquinarias que están funcionando, va a ser imposible. Y el que paga es el trabajador y nuestro pueblo«.
«Las pymes y las cooperativas serán las más perjudicadas y es probable que muchas cierren. Hemos aguantado a Macri y a las dictaduras. Volveremos a resistir», concluyó Huidobro.
Los cooperativistas industriales están analizando los caminos a seguir y se evalúan amparos judiciales. Por ejemplo, la cooperativa Sigas, que produce garrafas y artículos de camping, tomó cartas en el asunto. «Pasamos de una factura de $ 133.000 a pagar $ 335.000, de un mes a otro, es más de un 150 por ciento de aumento, por lo que hablamos con nuestro abogado y presentó un amparo, pero de todas formas pagamos la factura para no entrar en mora«, dijo Iván Sánchez, secretario de la entidad.
«A esto se le suma que bajaron las ventas en un 45 por ciento en relación a marzo del año pasado, porque nuestros distribuidores ya no están vendiendo y eso nos afecta a nosotros», explicó el secretario de Sigas. Situación similar ocurre con la cooperativa Tría, que fabrica y repara dispensers de agua. Carlos Cisneros, representante de la entidad, le dijo a ANSOL que en el caso de ellos pasaron de pagar «en febrero $ 240.000 a $ 715.000 en marzo, es más de un 200 por ciento».
El presidente de Federación de Cooperativas Autgestionadas de Buenos Aires para Otra Economía Ltda. (FEDECABA), Hugo Cabrera, apuntó en ese sentido: «Esto afecta a todas las cooperativas y Pymes, y estamos pensando qué hacer jurídicamente, si iniciamos amparos colectivos o de manera individual, para lo cual confeccionaremos un modelo para todas las entidades«.
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