El comandante Adolfo Héctor Caliba es considerado como el nexo que estableció los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo, y se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, en las horas en que se desarrollaba el golpe de Estado contra Evo Morales.
En este expediente ya se encuentran imputados, desde el pasado 16 de julio, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
La semana pasada, Macri designó como abogado defensor para este caso al exfiscal Pablo Lanusse, Bullrich al abogado Julián Curi y, según informaron fuentes judiciales, Caliba compartirá abogado con Otero y otros imputados de la Gendarmería Nacional.
El fiscal Navas Rial presentó hoy la ampliación de la acusación ante el juez Javier López Biscayart, que le había corrido vista de los nuevos elementos aportados al expediente por los ministros Martín Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y por la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont la semana pasada.
El fiscal entendió que la última documentación aportada al expediente por los denunciantes permite «robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada» al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
Los argumentos
A partir de los nuevos elementos incorporados al expediente, el fiscal Navas Rial acusó a Caliba «en razón del rol que éste habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado».
Caliba fue el encargado de coordinar con la Policía de Bolivia todos los movimientos previos y posteriores a la llegada del vuelo: se ocupó de dirigir a una comitiva argentina, escoltada, hasta el aeropuerto y supervisó la carga y descarga del avión que nunca apagó su motor en la madrugada del 13 de noviembre de 2019; según surge de un informe elaborado por el Ministerio de Defensa que ya está incorporado a la causa.
El comandante Caliba es el mismo que el 17 de noviembre de 2019 le envió una nota al entonces director nacional de la Gendarmería, Gerardo Otero, en la que le informaba sobre distintas protestas que por esos días se llevaban a cabo en contra del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez.
En esa nota, que también está en el expediente, le contó sobre una reunión convocada por la conducción de la policía boliviana de la que había participado ese mismo día: «El tema a tratar fue la posibilidad de colaborar cada institución con la provisión de agentes químicos contra disturbios, en razón que se les está acabando su stock; o bien orientar sobre mecanismos idóneos para una rápida adquisición».
Quienes siguen el expediente sospechan que Caliba es el «uniformado» al que se refirió días atrás el ministro de Gobierno de Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, quien en una entrevista con el diario Página/12 afirmó que lo tenían extraoficialmente identificado, pero que estaban aún buscando grabaciones y documentación oficial.
El informe reconstruido por esta agencia da cuenta de los documentos que autorizaban el ingreso a Bolivia del comando Alacrán con sus pertrechos, pero en ningún caso deja constancia de la internación en ese país de un cargamento antidisturbios como el que fue encontrado en un galpón de la policía boliviana, ni como el agradecido por la Fuerza Aérea de ese país.
La segunda presentación de los denunciantes incluía, además, detalles sobre el hallazgo en depósitos de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investiga el fuero penal económico de nuestro país.
Los denunciantes sostuvieron a través de sus presentaciones que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana y que, para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma».
De la denuncia surge también que, para justificar el presunto desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas «en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro».
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