El nuevo régimen penal aplicaría a adolescentes de 13 a 18 años. Estipula penas de hasta 20 años de prisión. Las estadísticas refutan la justificación del Ejecutivo.
El texto oficial que entró a Diputados este lunes establece el «régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 13 años hasta las cero horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro».
Además sostiene que si no se pudiera comprobar la edad, «deberá recabarse la prueba adecuada, requerirse los informes correspondientes o practicarse los peritajes necesarios. En caso de que los informes no arrojaran resultado, se presumirá la minoría de edad».
El proyecto establece penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en «establecimientos especiales» o «secciones separadas» dentro de los complejos penitenciarios.
Las condenas de 3 a 6 años podrán cumplirse con medidas alternativas, «siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no se registren otros procesos o condenas».
Además, prevé que se pueda investigar a niños incluso menores de 13 años. Si bien seguirán siendo «no imputables» con menos de edad, el juez interviniente «de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas». En estos casos, el magistrado está habilitado para realizar «un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social«.
En cuanto a las condenas que puedan tener libertad condicional, se establecen medidas paralelas como la «obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo«, aunque se trate de menores de edad.
Contrario de lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y la doctrina internacional, el gobierno nacional avanza con la medida, porque supuestamente «en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil», algo refutado por las estadísticas. “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”, sostuvo Patricia Bullrich.
La abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, dijo que es «mentira» esa justificación: «En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17.
En la Provincia hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios«.
Desde la Justicia ya movieron las primeras fichas para dar su posición ante el proyecto oficialista. Según se conoció en las últimas horas, Javier Leal de Ibarra, titular de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, advirtió al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, sobre “la crisis que atraviesan las cárceles federales que dependen del Servicio Penitenciario Federal”. Y le pidió que le transmita su preocupación a Bullrich.
Leal de Ibarra resaltó “el importante deterioro en las condiciones de reclusión de los servicios y programas penitenciarios, el deficiente estado de conservación de muchas cárceles así como el hacinamiento”.
Esa situación “se agrava de manera exponencial si consideramos que el Gobierno, a través de sus Ministerios de Justicia y Seguridad de la Nación, ya ha anunciado en conferencia de prensa el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los trece años, con el objetivo de evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores”.
La iniciativa del gobierno se hizo, según el documento, “sin que en todo el territorio de la República existan establecimientos ni programas penitenciarios adecuados, en aquellos casos en los que sea necesario disponer una medida de coerción y concurran a su respecto, los supuestos previstos en los arts. 218, 221 y 222 del Código Procesal”.
Y manifestó la preocupación porque «los magistrados son quienes responderán por los alojamientos en lugares no habilitados, en sitios que no reúnan las mínimas condiciones de salubridad, o en la medida en que se conduzca a empeorar injustificadamente las condiciones de detención”.
La situación de crisis y hacinamiento se da en todo el territorio nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ocurrieron unas 40 fugas de detenidos en los últimos meses. En ese momento, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, declaró: “Tenemos habilitada la Ciudad de Buenos Aires para 1.000 detenidos, 700 en alcaidías y 400 en comisarías. Hoy tenemos el doble, 2200 presos. Pero además hay algo más grave de esos 2.200 tenemos el 20% que está condenado.
El debate sobre qué hacer con el delito juvenil se aviva con cada caso de alto impacto mediático, como lo fue el crimen del playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de Rosario en marzo pasado. Tras la detención de un menor de 15 años, en aquel momento Bullrich se apuró a escribir en sus redes sociales: «Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes».
Si la ministra de Seguridad tiene el don del oportunismo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ostenta el manejo de la hipérbole: «No tenemos que tener una edad determinada, yo no tengo piso. Soy más duro que lo que plantea Bullrich. No hablo ni de 12, ni de once, ni de 14 años. El que pertenece a una organización criminal y comete un delito contra la vida, se lo tiene que juzgar como si fuera mayor, tenga la edad que tenga».
En la provincia de Buenos Aires, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil inició durante 2023 apenas cinco causas más por homicidios dolosos con respecto a 2022. Se trata, según la rigurosa estadística, del segundo valor más bajo de los últimos 14 años con respecto a homicidios dolosos presuntamente atribuidos a personas menores de 18 años de edad. Un recorte más preciso arroja que entre 2009 y 2022 los homicidios dolosos del Fuero Criminal y Correccional se redujeron en un 45,5% mientras que los del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil lo hicieron en un 59,9%.
«La foto de los últimos 15 años nos permite ver un descenso muy importante de los homicidios cometidos por las personas menores de 18 años en la Provincia de Buenos Aires, que hay que entenderlo en el contexto general de los homicidios dolosos que se da en todo el territorio bonaerense. Con relación a los menores de 18 años vinculados a homicidios, me parece importante no perder de vista este proceso general de descenso porque va en contra del sentido común. Estamos hablando de un descenso mayor al 50% con respecto al inicio de la medición en 2009″, explica Ángela Oyhandy, directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
«La información estadística –aclara Oyhandy– no busca minimizar la importancia de los delitos cometidos por jóvenes, sino aportar herramientas concretas que permitan evaluar las políticas implementadas y diseñar propuestas con base a las realidades de los territorios».
A Esteban Rodríguez Alzueta –criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes– su abuelo solía decirle que «cuando la única herramienta que tenés en el cajón es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo».
Hoy, ya grande y especializado, interpreta aquella frase: «Si la única respuesta que tiene el Estado para hacer frente al delito es la cárcel, siempre va a ver a un delincuente. Pero si además de la cárcel, tiene a la escuela, al club, una casa joven, o trabajo digno, entonces, vería a un estudiante, a un deportista, un músico o compositor, un trabajador con dificultades, que necesita mejores oportunidades. Tenemos que ser creativos a la hora de tramitar los reproches. No me parece que el encierro sea la mejor forma de vincular al joven a experiencias que no tuvo. Y que no las tuvo, en cierta manera, porque el Estado no estaba o estaba, pero miraba para otro lado, sin recursos, sin ideas, sin imaginación».
Y sigue: «Estamos hablando de jóvenes que tienen 15, 16 o 17 años. Si un pibe de esa edad no está en la escuela, no está jugando a la pelota en un club, haciendo música, no es un problema de la familia, sino del Estado. El Estado es corresponsable. Pensar el reproche a través del castigo penal es una forma de esconder la cuota de responsabilidad que le cabe al Estado».
Un preso veterano explicó mejor que nadie cómo opera el encierro en los jóvenes: «Tirás un gatito ahí adentro y sale un león». Alzueta también cree que la cárcel lumpeniza y enrola a los pibes en las organizaciones criminales.
«El pibe tiene que ser objeto de un ritual jurídico a través del cual se canalice un reproche, tenga la oportunidad de escuchar a la víctima, de reflexionar sobre sus actos frente a sus seres queridos. Y ese reproche, puede ser de distinto tipo: trabajar para reparar a la víctima, colaborar con las organizaciones sociales, bancarse la cara de orto de los vecinos que estarán a su lado, acompañándolo, lo que algunos criminólogos llamaron ‘vergüenza reintegrativa’ –concluye–. Pero para eso, el pibe tiene que estar cerca, te tiene que quedar cerca. Y eso no es una responsabilidad del pibe sino del Estado». «
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