El enfrentamiento en el oficialismo entre el sector evista y el que sostiene al presidente Luis Arce creció al punto de que hay acusaciones de intento de golpe de estado.
Evo denunció ayer mediante una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la existencia de “grupos de choque” utilizados por el “gobierno de Luis Arce” y la utilización de la policía “para intentar desbaratar nuestra marcha pacífica”. Una procesión que no estuvo exenta de enfrentamientos en los que cerca de 40 personas resultaron heridas. En la nota, el expresidente refuerza su condición de perseguido político, repasando comentarios de funcionarios que lo señalan como el organizador de un golpe, y reproduce el pliego de cuestionamientos que su sector hace al gobierno. Entre ellos, el desabastecimiento de combustible, la escasez de divisas, la lentitud en los procesos de industrialización del litio, la intención del gobierno de someter a un referendum el futuro de la subvención de hidrocarburos y la reelección presidencial, y que se respete lo decidido por el congreso partidario de Cochabamba, que lo proclamó como candidato único para el 2025 y expulsó al presidente Arce del MAS.
Al final, Evo pide la “intervención” del organismo para “garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos”. Pese a que su entorno había hecho conocer su decisión de apartarse de la marcha para evitar que “satanicen” su imagen, Evo continuaba marchando al cierre de esta edición y seguía publicando en sus redes sociales los avances de la procesión, que tiene previsto ingresar a la capital boliviana “desde los cuatro puntos cardinales”, en palabras del propio Evo.
Las autoridades del gobierno de Arce lo habían convocado a una reunión el viernes por la tarde para destrabar el conflicto y evitar que corra “sangre del pueblo en las calles”. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dejó ver incluso que había un pliego de condiciones con el cual buscar una negociación pacífica que concilie ambos sectores. Pero Evo no se presentó. Prada aclaró que la invitación había sido cursada públicamente el jueves y el día siguiente el gobierno envío emisarios con una nota oficial firmada por la ministra, que no pudo llegar a destino. Según se difundió en redes y algunos medios, partidarios de Evo impidieron, no sin violencia, el ingreso de los funcionarios a la vivienda donde se supone que estaba el expresidente.
La marcha partió el martes desde Caracollo (Oruro), en la región del Altiplano. Inicialmente incluía demandas económicas, pero se transformó en un escenario político para promover la candidatura de Evo. Las tensiones aumentaron luego de que varios ministros del gabinete de Arce acusaron a Morales de orquestar un intento de golpe de Estado.
La Cancillería incluso lo denunció ante la comunidad internacional. «Se está gestando un nuevo golpe de Estado en el Estado Plurinacional de Bolivia, dirigido por el expresidente Evo Morales, con el objetivo de acortar el mandato del presidente Luis Arce y habilitarse una vez más como candidato, pese a las restricciones impuestas por la Constitución Política del Estado», señaló en un comunicado. «Este bloqueo busca asfixiar económicamente al pueblo boliviano y generar convulsión social, formando parte de una estrategia para derrocar al actual Gobierno», añadió el documento de la Cancillería. El jueves, la dirigencia del Pacto de Unidad de organizaciones sociales encolumnadas con el presidente Arce, convocó a una concentración en El Alto para este domingo con la consigna de “defender la democracia” y contra la marcha del evismo. “Todo golpe y dictadura militar y civil será combatida hasta con nuestra vida. Convocamos a todas las organizaciones indígena, originaria, campesina y otros sectores sociales”, declaró Mario Seña de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTB. Un día después, aunque sin precisar fecha y lugar, la cúpula de la Central Obrera Boliviana (COB), hizo una convocatoria similar. El secretario ejecutivo de la organización, Juan Carlos Huarachi, afirmó que la movilización busca frenar los intentos de ruptura constitucional, golpe de Estado y desestabilización. Pero advirtió que “no es momento de pelearnos y confrontarnos entre hermanos”.
Este lunes llegará a Bolivia una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reunirse con vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quie-nes denunciaron la “presión” que recibe el Órgano Electoral para que valide el congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, de octubre pasado, donde se proclamó a Evo candidato a las elecciones generales de 2025.
Según publicó en sus cuentas oficiales, el Tribunal Supremo Electoral sostuvo el miérco-les “una reunión preparatoria a distancia con representantes de la Comisión Interameri-cana de Derechos Humanos, a propósito de su futura visita de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones en el país los días 23 y 24 de septiembre”.
El diario La época citó a uno de los vocales, Tahuichi Tahuichi Quispe, quien señaló que se solicitaron medidas cautelares “ante la presión que ejerce la marcha evista para asegu-rar la candidatura de Morales”.
Según esta cita, el funcionario adelantó que en los encuentros que comenzarán mañana se presentará el reclamo ante la CIDH. “Quieren presionar, quieren explotar, quieren abusar de la vulnerabilidad de los vocales del TSE, y ante el silencio del Estado, ahora estamos pidiendo las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró.
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