El futuro de cuatro importantes centrales hidroeléctricas volvió a generar debate y posturas encontradas dentro y fuera de la actual gestión sobre cómo es la mejor forma de administrarlas. Para Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación y director del Instituto Mosconi, el Estado debería mantenerlas en su órbita.
Ubicadas en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, las centrales en cuestión se encuentran dentro de las siete más importantes en cuanto a potencia instalada. Tienen un rol fundamental en el abastecimiento de energía a la red eléctrica nacional. Así como las centrales nucleares de Atucha o Embalse, las hidroeléctricas generan energía que se consume en los grandes centros urbanos.
La administración de Carlos Menem concesionó la explotación de las centrales construidas por la estatal Hidronor. En 1993 se otorgaron licencias por 30 años que tenían por fecha de finalización julio de 2023.
Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación y director del Instituto Mosconi, recuerda que las centrales “fueron construidas con créditos que la Argentina obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, además de impuestos recaudados de todos los consumidores de energía eléctrica de la Argentina. Son obras pagadas por el Estado argentino y los consumidores de energía de la Argentina, es decir, todos nosotros. De forma tal que la idea de la venta de estos activos, si es que el gobierno la mantiene, es una mala idea y atenta contra los derechos de propiedad del Estado”.
Hay que tener en cuenta que una central hidroeléctrica tiene un elevado costo de capital inicial invertido, pero luego el gasto de operación es bajo. En otras palabras, la electricidad generada deja una elevada renta si el operador no debe cargar con el repago de la inversión inicial.
Durante la gestión de Alberto Fernández finalizaron las licencias otorgadas por el menemismo. En ese momento, similar al caso de la hidrovía Paraguay- Paraná, el gobierno discutió la posibilidad de aprovechar el fin de estos contratos para que el Estado se hiciera con el control de los recursos.
En 2023, Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley en el Senado para que la gestión de siete centrales hidroeléctricas ubicadas en Neuquén, Río Negro y Chubut pasara a manos de la empresa pública Energía Argentina S.A. (ENARSA), en sociedad con las provincias. También se discutió que los actuales concesionarios privados tuvieran acciones en esta empresa, manteniendo la mayoría estatal. Caso similar a YPF. Sin embargo, como tantas otras ideas, la propuesta no prosperó.
La salida fue renovar las licencias vigentes (Resolución 574/2023 de la Secretaría de Energía firmada el 10 de julio de 2023) y patear el problema para adelante. La administración libertaria quedó en posición de decidir e hizo lo que se esperaba: una oda a los privados.
Sin embargo, el tema fue motivo de controversias y de tensiones puertas adentro del gobierno de Milei. Luego de las repercusiones por la posible privatización, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó por la red social X que “las centrales hidroeléctricas son bienes de dominio público del Estado y que su titularidad es intransferible al privado”. Estas declaraciones dieron la pauta de que la actual gestión optaría por continuar con el esquema de concesionar la explotación. Sin embargo, el contenido del decreto 718 no ha sido modificado hasta el momento.
“Otro tema que es necesario analizar es la vida útil de estas centrales, que cumplieron 50 años. Ninguna empresa privada ha mostrado ser capaz de realizar las inversiones en materia de turbinas, puentes grúas, compuertas, etc., necesarias para extender la utilización de estos recursos” expresó Lapeña.
En el mismo sentido, agregó: “Estas son inversiones que, seguramente, va a tener que volver a realizar el Estado argentino, y posiblemente recurriendo también a impuestos específicos, como cuando se hicieron las obras. Entonces, creo que el gobierno tiene que volver atrás y tiene que, en todo caso, no jugar al decreto. Es decir, la idea de hacer estas cosas de envergadura por decreto no va”.
Para los gobiernos provinciales, la administración de las represas ubicadas sobre el río Limay es crucial en términos económicos y ambientales, aunque el segundo aspecto suele ser relegado. Por estos motivos es que piden ser parte de la decisión que se tome en torno a su futuro.
Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, mantuvieron una reunión con el secretario Rodríguez Chirillo de la que surgió el acuerdo de trabajar de manera conjunta en el diseño de un plan de acción sobre las centrales.
Recientemente, ambas provincias aprobaron legislaciones locales que les permiten cobrar un canon por el uso del agua para la generación eléctrica.
Lapeña sostiene que concesionar la explotación de las centrales hidroeléctricas hizo que el Estado pierda una renta importante, pero también hizo que no se construyan nuevas centrales en el país.
La hidroelectricidad es la principal fuente de energía “limpia”. Según datos del centro de investigación y diseño de políticas públicas Fundar, el 47% de la energía baja en carbono de la Argentina responde a la generación hidroeléctrica. A nivel mundial dicho número se ubica en el 36%.
Las centrales hidroeléctricas son consideradas parte de la matriz de renovables ya que utilizan la fuerza del agua para producir electricidad. Pero esta definición merece un asterisco: en la legislación argentina solo las centrales de baja escala, de hasta 50 MW, se incluyen dentro de las renovables.
Permiten generar energía a gran escala y de forma estable. Además, reportan bajas emisiones de gases de efecto invernadero durante su funcionamiento, principales responsables del calentamiento global. Por estos motivos, son consideradas aliadas clave en la necesaria transición energética que el mundo necesita impulsar con más fuerza.
Sin embargo, también hay posiciones en contra de las hidroeléctricas por sus impactos ambientales. Algunas voces señalan que su construcción puede tener graves consecuencias en la alteración de ecosistemas acuáticos y en el desplazamiento de poblaciones.
Son 95 las centrales hidroeléctricas construidas a lo largo y ancho del país. Yacyretá, levantada y administrada entre Argentina y Paraguay, es la principal ya que genera el 45% de la energía hidroeléctrica del país y es una de las más grandes de América Latina.
A nivel global, la producción de energía mediante las centrales hidroeléctricas ha aumentado, superando a todas las otras renovables.
Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, China, Canadá, Brasil, Estados Unidos y Rusia son los mayores productores de hidroelectricidad del mundo, y en conjunto generan más del 50% del total mundial.
Países reconocidos por sus políticas medioambientales como Noruega, Suecia o Canadá, tienen a la energía hidroeléctrica como la fuente principal de generación de electricidad, con una participación de entre el 50% y el 60% en los casos de los dos países nórdicos.
Durante 2023, la producción de energía hidroeléctrica aportó el 7,6% de la matriz energética primaria argentina, un poco por encima del promedio global del 6,4%.
Grandes conglomerados económicos, nacionales e internacionales, son los encargados de la explotación de las centrales hidroeléctricas desde hace 30 años, y se encaminan a seguir en la misma posición.
Aconcagua Energía administra Cerros Colorados, con 450 megavatios (Mw) de potencia instalada, desde fines de 2023, tras la adquisición de Orazul Argentina, empresa del grupo Inkia Energy. De esta forma, la firma amplió sus inversiones en petróleo y gas a la energía hidroeléctrica, así como también a proyectos eólicos.
El Chocón-Arroyito tiene una capacidad de 1.260 Mw y se encuentra bajo la explotación de Enel Generación, misma empresa que maneja la distribución energética en el AMBA vía Edesur.
La firma internacional que integra el exclusivo listado Forbes 500, AES SA, es la encargada de explotar la central de Alicurá, ubicada en Neuquén y con capacidad de 1.050 Mw.
Por último, Central Puerto SA concesiona Piedra del Águila, la segunda con mayor capacidad instalada (1.400 Mw) luego de Yacyretá. Se trata de un holding argentino dedicado a la generación de energía eléctrica mediante centrales térmicas y eólicas. Entre sus accionistas se encuentran Carlos Miguens Bemberg, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre.
La forma de producción y administración de la energía es un debate recurrente y creciente, con posiciones encontradas tanto en Argentina como en el resto del mundo. La privatización, concesión o administración estatal de recursos clave en un contexto donde la crisis climática demanda acciones urgentes, son parte de diversas miradas y acciones que se deben tomar para que sea una política pública sostenida en el tiempo sin descuidar la necesaria soberanía energética que demanda la situación internacional.
*Guadalupe Desalvo es socióloga. Está realizando una maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable en la Universidad Nacional de Quilmes.
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