“Hay que garantizar el acceso a la justicia en todos los sectores de la sociedad”

Por: Jesús Cabral

Lucía Iañez, directora de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Tiempo sobre el aumento de las denuncias durante la pandemia y la falta de acceso a la justicia, en su mayoría sufrida por mujeres. “El aislamiento social profundiza la brecha de accesibilidad a los derechos”, aseguró.

La Dirección de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la provincia de Buenos Aires recibió más de 10 mil denuncias de vulneración de derechos durante lo que va de la pandemia.

El informe que fue presentado la semana pasada indica que 7.865 casos fueron canalizados a través de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJUS), 1.768 por los Centros de Protección de los Derechos de las Víctimas (CPV) y los 369 restantes por el Programa TRATA.

“Hacemos una política de abordaje integral de las problemáticas de la ciudadanía, que tiene como objetivo involucrar al Estado en los barrios”, repasó Lucía Iañez, directora de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Tiempo y contó que uno de los principales desafíos para 2021 es seguir trabajando en la creación de políticas públicas con perspectivas de género y crear un refugio para personas que fueron afectadas por redes de trata.   

En este momento se está asistiendo a 369 que padecieron la persecución y el sometimiento de la red de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, de las cuales 112 fueron rescatadas durante este año e incorporadas al programa de acompañamiento continuo.

De los 7.865 casos recibidos en los Centros de Acceso a la Justicia, 3.978 fueron por no tener acceso al Poder Judicial y otros 3.890 se vinculan a casos de acceso a derechos en general. Ellos con un alto porcentaje de personas que se acercaron a preguntar o solicitaron salud, documentación y seguridad social. “Creemos que esto tiene que ver con el hecho de la limitación de la tarea del Estado en general. Pero particularmente de los jueces”, explicó la directora provincial. 

“En relación al área de asistencia a víctima, fueron 1.768, el 24,6 % de estos casos son de abuso sexual infantil; un 40% sobre una serie de delito como amenazas, agresiones, lesiones graves, gravísimas, violencia de género y tentativa de femicidio”, puntualizó Iañez.

Según el informe, son las mujeres las principales demandantes. “Ellas necesitan asistencia y acompañamiento permanente. Están al frente de todas las cuestiones vinculadas a lo familiar y las que acompañan a sus parientes en las denuncias”, contó.

“Sentimos la necesidad de trabajar en políticas públicas destinadas a mujeres que sufren distintos tipos de violencias. También para las niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas permanentes del abuso sexual infantil. Estos hechos son gravísimos y nos muestran que tenemos que prevenirlos como sea”, agregó.

Aislamiento y acceso a derechos

“El aislamiento social profundiza la brecha de accesibilidad a los derechos y, por ende, nos demanda un trabajo mucho más permanente en la construcción de las políticas públicas territoriales”, aseguró Iañez. Y agregó “hay que garantizar el acceso a la justicia en todos los sectores de la sociedad”.

“Durante este año de pandemia pusimos a funcionar teléfonos de emergencia, instalamos el 0800 para víctimas, asistimos a personas permanentemente y fuimos declarados servicio esencial. Trabajamos incansablemente para hacer frente a la demanda y llevar el Estado a los barrios”, explicó la directora.

Informó que realizaron más de 115 operativos en los territorios. “Creemos que es muy importante la descentralización del Estado para la ciudadanía en momentos tan duros como estos”, sostuvo.

En 2021 pretenden ampliar los espacios de atención y trabajar en los territorios. Instalando Centros de Acceso a la Justicia en las distintas localidades. “Queremos inaugurar un refugio para víctimas de trata, el cual no existe porque el gobierno anterior lo cerró y era el único que había”, señaló y concluyó: “Las personas necesitan ser asistidas de manera particular y permanente. El refugio es una obligación real, aun así no tenemos uno en la Provincia de Buenos Aires y es uno de nuestros principales desafíos”.

Los CAJUS que realizaron la tarea tienen su sede central en La Plata y también funcionan dispositivos en Almirante Brown; Azul; Bahía Blanca; Ezeiza; José C. Paz; Lanús; Lomas de Zamora; Mar del Plata; Mercedes; Moreno; Morón; Pergamino; Pilar; Pinamar; Quilmes; San Fernando; San Martín; Tandil; Vicente López y Zárate/Campana

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