Columna de opinión.
Cuando escucho hablar sobre lo virtuosa que puede ser una reforma laboral que brinde menos seguridad a quienes trabajan pienso en los casos de los trabajadores de un astillero nacional, que realizan la limpieza de los cascos de los buques, que después de trabajar un tiempo allí -usando mangueras que arrojan agua a alta presión- quedan sordos.
Recuerdo a Milcíades, un trabajador que llegó a la Ciudad de Buenos Aires desde una provincia. Es callado y tímido. Trabaja desde hace veinte años en el astillero. Hace muchas horas extras para intentar mejorar su salario. Se fue quedando sordo de a poco. Su vida fue cambiando junto con la sordera: se le hace más difícil conversar con su familia y amigos, tiene que ver la televisión o escuchar la radio a un volumen más alto que el resto y también se complica diariamente su vida laboral. Milcíades, como otros de sus compañeros, entró sano y ahora está roto. Y todavía le quedan varios años de vida laboral.
¿Por qué una reforma laboral que permite subcontratar “trabajadores independientes” sin ningún tipo de protección laboral -como propone el proyecto del gobierno- mejoraría la vida de quienes trabajan o buscan empleo? ¿Deben pagar con su propio cuerpo la posibilidad de trabajar?
La vida de un trabajador, que tiene un empleo en blanco, está hoy sometida a condiciones laborales que le van destruyendo el cuerpo ¿Por qué generar peores condiciones laborales le mejoraría la vida? ¿Quién puede creer semejante invento? ¿A quién beneficia una reforma laboral que sólo hará más dura la vida de quienes trabajan? ¿No deberíamos pensar una reforma que proteja a las personas para que no pierdan la salud en el trabajo? “Que naide escupa sangre para que otro viva mejor”, escribió Atahualpa Yupanqui.
Junto con esta vieja forma de precarización laboral, el proyecto del gobierno -que se votó en Diputados y ahora está analizando el Senado- premia la clandestinización y estimula -en los hechos- la comisión de delitos como lo es la posibilidad de pagar una multa por realizar un despido por discriminación sindical, racial, religiosa o política, que hoy está prohibido por ley. Otra vez ¿Para quién es esta ley? ¿Puede ser para las y los trabajadores?
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