La trayectoria de la fórmula presidencial que encabeza las encuestas y podría decantar en el primer gobierno de izquierda en la historia del país. La primera vuelta será el próximo domingo.
Foto: Juan BARRETO / AFP)
El establishment no lo tomó en serio. Había logrado instalar el registro de una gestión tumultuosa, que incluyó su destitución durante 35 días. Pero a contrapelo de la imagen de cadáver político que leyeron sus enemigos, se fue imponiendo la de un líder con apoyo popular perseguido por la élite tradicional. Y, tras un gran desempeño en el Senado y de perder por poco en el balotaje de 2018, aparece hoy con altísimas chances de convertirse en el primer presidente de izquierda de la historia colombiana.
Dicen que es tímido, serio, obsesivo. Gustavo Francisco Petro Urrego nació hace 62 años en Ciénaga de Oro, un pueblito caliente y ganadero del Caribe colombiano, pero se crió en el frío de Zipaquirá, a unos 50 kilómetros de Bogotá. De joven ya empezó a rebelarse en el colegio religioso leyendo a un prohibido Gabriel García Márquez y juntándose con sindicalistas que fueron forjando su formación marxista. A los 17 años se sumó a la guerrilla urbana del M-19 y se hizo llamar “Aureliano”, en homenaje al Gabo.
Estudió Economía, fue concejal y estuvo preso por liderar una toma de tierras. Luego de la desmovilización del M-19 y el proceso de paz de 1990, fue asesor de la Gobernación de Cundinamarca y fue electo diputado en 1991. Pero en 1994 su partido pidió protección al Estado para algunos militantes y fue nombrado agregado diplomático en Bélgica, donde hizo una especialización en Medioambiente, tema que se convertirá en uno de sus ejes programáticos centrales.
A su regreso al país, en 1998, retomó la carrera legislativa y se convirtió en una de las principales voces en el Senado para denunciar el entramado narco-paramiltar con los sectores de poder encarnados en el uribismo. Lo que se conoció como “parapolítica”. Fundó su partido Progresistas, desde el cual ganó la Alcaldía de Bogotá en 2011, y ahora va por su tercer intento de llegar a la presidencia encabezando el Pacto Histórico, una amplia coalición que, por primera vez, logró aglutinar desde la centroizquierda hasta los movimientos populares más radicales. Una alianza que germinó en esta coyuntura pero que es el resultado de procesos que llevan años madurando, de un acumulado de largas experiencias y luchas. Un proyecto histórico que creció desde el pie.
La candidata de los movimientos sociales
“Nací en Suárez, Cauca, entre una montaña surcada por dos ríos, donde mis abuelos, mis abuelas, mis padres y yo tenemos el ombligo sembrado, un territorio ancestral donde aprendí el valor de la tierra. Mis raíces son los pasos de cientos de miles de seres humanos esclavizados que entregaron su vida y trabajo por parir la libertad para esta nación”. Así se presenta oficialmente Francia Márquez, reconocida lideresa social, afrodescendiente y feminista que edificó su figura defendiendo el territorio y el medioambiente.
En las elecciones primarias de marzo, su precandidatura recibió una avalancha de casi 800 mil votos, quedando segunda en su alianza y como la tercera más votada de todas las coaliciones. Desde esa fortaleza, Petro accedió a designarla como su candidata a vice.
Francia tiene 40 años y desde que, en 1997, se incorporó a la organización Proceso de Comunidades Negras no dejó de luchar contra el racismo, el patriarcado y el extractivismo, denunciando la explotación minera que contamina los ríos y provoca el desplazamiento forzoso de las comunidades del Cauca.
Estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali y, como reconocimiento a su activismo, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2015 y el premio ambiental Goldman en 2018. Por lo mismo, arrastra un cúmulo de persecuciones y amenazas, y en 2019 fue víctima de un atentado.
La maquinaria de guerra
Ese parece ser el principal obstáculo para el triunfo de la izquierda: el esquema de violencia estatal y paraestatal que funcionó siempre como dique de contención de las demandas y anhelos de la población. Solo este año fueron asesinados 76 líderes y lideresas sociales y 21 exguerrilleros que firmaron la paz y dejaron las armas. También, solo en 2022, ya se registraron 40 masacres.
En los últimos meses se intensificaron los ataques y asesinatos; un informe de la Misión de Observación Electoral advirtió que esta fue la campaña electoral más violenta de los últimos 12 años. Por eso, el Pacto Histórico le pidió a la Comisión Interamericana de DD HH garantías para la seguridad de sus candidatos.
El domingo que viene empieza a jugarse el futuro de Colombia. Y ahí van Gustavo Petro y Francia Márquez, con el acumulado histórico del campo popular detrás y la esperanza, más viva que nunca, de terminar con tantos años de sangre y dolor. «
“Regreso a la cárcel, con mucho dolor para mi familia, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es historia viviente”, se despidió el ex vicepresidente Jorge Glas, de 52 años, con un video en las redes, cuando supo que el Tribunal de Santa Elena había anulado el hábeas corpus que le había concedido la excarcelación en abril pasado y que había ordenado su inmediata captura y retorno a la cárcel. “Lo que están haciendo es una verdadera infamia, que ya no tiene antecedentes”, expresó. “Han excedido con creces el grado de vileza contra una persona por el solo hecho de que tengo un ideal: querer que los ecuatorianos y ecuatorianas que la pasen mal la pasen menos mal, que tengamos un buen vivir”, expresó el ex vice de Rafael Correa, quien le pidió desde Bruselas que resista. “Ha habido una presión mediática y política sin precedentes sobre el tribunal de Santa Elena, que clamorosamente falla contra derecho. La maldad ha vuelto a triunfar, pero la victoria definitiva será nuestra. No lo duden. Jorge, por favor, resiste”, dijo el líder de la Revolución Ciudadana en un tuit.
Glas regresó el viernes mismo a prisión, tras la decisión judicial que declaró «la nulidad de todo lo actuado» por el juez Diego Moscoso, a quien, luego de fallar a favor de Glas, suspendieron con el argumento de que había cometido una falta grave en otro caso. La Corte hizo lugar a la apelación presentada por el gobierno y dispuso su «inmediata localización, captura y traslado» a la cárcel de la andina provincia de Cotopaxi, donde cumplía una pena de seis años de prisión por supuestas coimas de Odebrecht y otra de ocho por supuesto peculado, ambas consideradas armadas en el contexto del lawfare. Claro que luego, el organismo encargado de administrar las prisiones resolvió trasladar a Glas a la cárcel N° 4 en Quito, «con el fin de precautelar la vida, orden y seguridad del ciudadano».
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