Guiño de la UIA y rechazo de laboralistas a la propuesta de reforma de las indemnizaciones

Un proyecto llamado Mochila Argentina, que propone reemplazar las indemnizaciones por despidos por un Seguro de Garantía de Indemnización recorre despachos públicos y privados. Esta semana trascendió que llegó al Ministerio de Trabajo de la Nación.

En los días previos, el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, reconoció que considera ese proyecto y otros similares y encendió varias alarmas. Funes de Rioja es uno de los dirigentes del empresariado más comprometido con el reclamo de reformas económicas laboral, tributaria y previsional, entre otras, en lo cual tiene una trayectoria recorrida (ver recuadro).

La Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) advirtió que el proyecto intenta trasladar al país el esquema que se practica en Austria, sin considerar las diferentes realidades de cada sociedad y economía, y destacó la entidad de las indemnizaciones como medio para proteger a la fuerza de trabajo en la relación desequilibrada respecto de la patronal.

La misma semana que asumió la central empresaria, Funes de Rioja volvió a la carga contra los derechos laborales, echando luz sobre el proyecto en cuestión, que rondaba desde hacía más de un año con poca repercusión más allá de los ambientes empresariales.

En una entrevista con el medio Perfil, el referente de las alimenticias y ahora de los industriales mencionó que entre las propuestas que se consideran hay una que atribuyó al economista Roberto Lavagna, pero la que prendió en el debate fue el proyecto del empresario textil Teddy Karagozian, propietario de la hilandera T&N Platex.

Pocos días después de esa entrevista, Karagozian acusó recibo de la mención en un Zoom de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), en el que desmenuzó su propuesta. Allí informó que consiste en un fondo de la Anses que se financiaría con aportes de las empresas que se calculan en función de la cantidad de trabajadores y de la antigüedad.

La ventaja, aseguró el empresario, es que el empleado pasa a ser «dueño de su indemnización porque ya no depende de la salud financiera de la empresa», dado que aunque el empleador quebrase el trabajador cobraría del fondo constituido en el organismo público previsional, mientras que el dueño de la empresa dejaría de tener el «pasivo laboral».

Karagozian explicó que el nombre de «mochila» es porque con esa regulación el trabajador llevaría su antigüedad consigo de empresa en empresa. En agosto de 2020, en una entrevista que publicó Tiempo, defendió que «no es una flexibilización sino una adaptación para eliminar la conflictividad laboral. Con la Mochila Austríaca (nombre del proyecto que inspiró la versión local) el pasivo laboral pasaría a ser un pasivo posible de asegurar, como el auto». Y agregó: «Es para asegurarle al empleado que va cobrar la indemnización y al empleador que no se va a fundir por un despido».

En el Zoom de Adimra, Karagozian acusó recibo de la mención del presidente de la UIA: «Este es un seguro que asegura la indemnización, no un seguro de desempleo. Le informé a mi amigo Daniel Funes de Rioja que es un activo para quien está trabajando, porque le asegura que la indemnización es de él y no de otra persona, respondiendo a la garantía constitucional».

Por lo bajo, en la UIA le aplacan el tono al tema y dicen que la Mochila Argentina es parte de la lista habitual de temas que se analizan informalmente. Pero después del cruce entre los altos dirigentes el tema promete a futuro.

Además de este proyecto y el de Roberto Lavagna existen otros similares de otras entidades empresariales representativas de todos los segmentos y sectores de la economía. Las reformas económicas son parte de la agenda de todas las gremiales empresariales y que el gobierno conoce en casi todos los casos. «

El intento de 2017

A mediados de 2017, el gobierno de Cambiemos presentó un proyecto de reforma laboral que incluía la eliminación de las indemnizaciones y su reemplazo por un fondo de cese laboral que se financiaría con aportes mensuales de los empleadores. Además, el proyecto pretendía reducir el cálculo de la indemnización por despido. La iniciativa contó con el respaldo entusiasta de todo el arco patronal de entonces. Pero el rechazo frontal de los asalariados, junto con las puebladas contra la reforma previsional de diciembre de ese año, llevaron al gobierno a archivarlo. En 2019 lo reflotó, pero ya no tenía fuerza para impulsarlo.