Hace más de una década que la Justicia enquistada por la mafia, en complicidad con la élite económica, ataca sin piedad a los gobiernos. El actual, de tendencia progresista, también la padece.
Antes, otros 88 fiscales y jueces abandonaron el país perseguidos por sus investigaciones sobre la corrupción pública y privada descubierta a partir de 2015 cuando se destapó el caso judicial La Línea, en el que estuvieron involucrados la dupla presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti junto a medio centenar de funcionarios públicos y empresarios que montaron una red de contrabando en detrimento del Estado guatemalteco.
“En Guatemala funciona una especie de dictadura corporativa. La élite económica en ensamble con los políticos que tradicionalmente han manejado el poder en el país son los que definen quienes llegan al poder, como se maneja el sistema de justicia y todos aquellos que son detractores del régimen se ven en situaciones complicadas como las que a nosotros nos obligaron a salir al exilio”, dice a Tiempo Argentino Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), responsable de destapar más de 15 casos de corrupción en los últimos años. Debió partir al exilio en Estados Unidos en 2021 para evitar caer en las redes del Pacto de los Corruptos.
La ex fiscal Virginia Laparra explica cómo funciona el sistema de corrupción judicial que la encarceló entre 2022 y 2024. “En el sistema judicial en el que yo trabajé, los jueces no siempre compartían los criterios que los fiscales planteábamos para avanzar sobre los casos e investigaciones, pero mantenían las formas y una presunta objetividad. Lo que me tocó vivir parece sacado de una historia de terror. Una película donde tu estas como actriz principal y ves que las cosas se suceden a contramano de la ley. Es como si yo hubiera estudiado derecho en un país distinto de Guatemala. Esos jueces aplican una ley creada por ellos mismos ad hoc para castigar a quienes cumplimos con nuestro deber como funcionarios judiciales”, sentencia en una entrevista vía telemática con Tiempo desde su exilio que prefiere no revelar.
“Cuando la CICIG fue expulsada de Guatemala comenzó esta ola de persecución contra quienes pretendían limpiar de corrupción al país. Estamos ante un sistema de justicia doblegado y parcializado en favor de las elites corruptas que buscan instalarse definitivamente en el país”, agrega Laparra.
La reciente detención de la funcionaria Ligia Hernández, cercana al presidente Arévalo y cofundadora del partido Semilla, señala que el Pacto de Corruptos va por el presidente. “El sistema corrupto sigue funcionando e incluso conspirando contra el presidente Arévalo al que amenaza con permanente ante juicios (juicios políticos) y persecución a funcionarios de gobierno. Insisto con el caso de Ligia Hernández que fue detenida hace unas semanas. Es un caso emblemático. Es mujer, madre, fue capturada y puesta en prisión preventiva con argumentos burdos: porque no se somete, debe presentarse voluntariamente ante un órgano judicial con actitud sumisa… ¿De qué tipo de jueces estamos hablando con actitudes tan misóginas?”, dice indignada Laparra.
Para Sandoval, en enero pasado cuando se produjo la asunción de Bernardo Arévalo, “las movilizaciones sociales ayudaron a poner un freno al sistema corrupto. La comunidad internacional interpretó que el sólo hecho de la toma de posesión de Arévalo el 14 de enero mágicamente cambiaba la situación el Guatemala. La lectura que no se hizo fue que seguía Consuelo Porras siendo la fiscal general, seguía instalado el sistema judicial que derivó en el proceso de selección de magistrados y la Corte de Constitucionalidad fue armada al capricho del anterior presidente Alejandro Giammattei. Lo que todos estos actores han logrado es cercar al nuevo gobierno”, analiza Sandoval. “Ahora la puja entre Arévalo y Porras va a dirimirse en abril de 2026 cuando finalice el mandato de la fiscal. Seguramente el Presidente no la va a postular por un nuevo período. El tema es saber si Arévalo y el partido Semilla, con minoría en el Parlamento, puede aguantar hasta 2026 con los embates cada vez más duros de la fiscal general. Esa es la incógnita”, señala el ex fiscal. Una pulseada compleja en un país donde el tiempo parece ser el termómetro con el que los actores políticos juegan una partida de ajedrez en Macondo, el pueblo fantástico de García Márquez.
A partir de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en 2007, a instancias de un acuerdo con la ONU, comenzaron a destaparse los casos de corrupción en Guatemala. Pero bajo el gobierno de Jimmy Morales en 2017, la CICIG fue expulsada del país y los jueces y fiscales ligados a la FECI empezaron a ser hostigados mediante la modalidad del law fare. Asumió como Fiscal General Consuelo Porras y como titular de la FECI, Rafael Curruchiche. Ahí se inició el llamado Pacto de los Corruptos como se conoce en Guatemala a la asociación de la oligarquía del país, los fiscales Porras y Curruchiche, los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei y la Fundación contra el Terrorismo, liderada por el abogado Ricardo Méndez Ruiz, al que el imaginario popular rebautizó Mente Ruin. Es hijo de un militar acusado de participar en las masacres contra la población civil en los años ochenta. El rol de la fundación se parece a la argentina Celtyv, creada por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, para defender a militares acusados por delitos de lesa humanidad.
El Pacto de Corruptos vino a vengar 60 años de historia en Guatemala. No solo pretende voltear a Arévalo, sino que mantiene en prisión al mítico guerrillero César Montes, fundador del Ejército Guerrillero de los Pobres en los años setenta, por un delito que no cometió y a sus 83 años lo condenó a 175 años de prisión. También al periodista José Rubén Zamora, fundador de El Periódico, que en los ’90 denunció casos de corrupción y hace seis años reveló negociados del presidente Giammatei. Y a los fiscales y jueces que se atrevieron a señalar la relación entre funcionarios públicos y los empresarios de la oligarquía corrupta.
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