Organismos de derechos humanos convocaron a la Ronda de los jueves para poner freno al desguace de entidades que sostienen el cuidado de documentación que sirve para causas de lesa humanidad y que impulsan la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura militar.
El negacionismo ya declamado del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel se vuelve cada vez más peligroso y amenaza con medidas concretas que representan un grave retroceso en las políticas de Derechos Humanos que se construyeron y se consolidaron desde el regreso de la democracia, en 1983.
En los últimos días se conoció “un proyecto de decreto presidencial que busca disolver la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI), que forma parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). La UEI asiste a jueces y fiscales en casos de posibles sustituciones de identidad, y su eliminación afectará la búsqueda de los nietos y nietas, resultando tanto en un obstáculo para la justicia como en un perjuicio para la ciudadanía en general”.
La Conadi fue creada en noviembre de 1992, durante la gestión de Carlos Menem, a partir de la demanda de Abuelas de Plaza de Mayo para que el Poder Ejecutivo se involucrara de manera activa en la búsqueda de hijas e hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura. Hasta ese momento solo lo hacía el Poder Judicial.
Otra de las medidas que tomó el gobierno para obstaculizar el avance de las investigaciones por los crímenes cometidos durante la última dictadura es la que finalmente dictó este jueves el ministro de Defensa Luis Petri: derogó las resoluciones que regulaban el funcionamiento de los equipos de relevamiento y análisis de documentos de las Fuerzas Armadas.
«Ningún gobierno democrático, hasta hoy, puso en cuestión la búsqueda de niños y niñas desaparecidas», empieza diciendo el comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo, que hace un detallado repaso de lo conseguido en estos 41 años de democracia y de los consensos conseguidos.
Estos consensos los construimos con todos los gobiernos democráticos. Con Alfonsín, que impulsó la CONADEP, que nos escuchó y que permitió la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Con Menem, que aprobó la creación de la Co.Na.DI. como auxiliar de la justicia para investigar los casos de posibles hijos de desaparecidos y ordenar los análisis al Banco de Datos Genéticos. Con De Rúa, que permitió una campaña publicitaria masiva para convocar a jóvenes con dudas sobre su origen. Con Néstor y Cristina, que le dieron un impulso como nunca antes a la búsqueda y a todas las políticas de memoria. Durante el gobierno de Macri, el Estado continuó con la búsqueda, como corresponde con una política pública, que debe trascender gestiones. Ningún gobierno democrático, hasta hoy, puso en cuestión la búsqueda de niños y niñas desaparecidas», dice el comunicado de Abuelas, que lleva como título «Necesitamos que nos acompañen».
“Esto que estamos viendo acá, es un pueblo que no olvida, un pueblo que tiene alma y corazón con el recuerdo, que dicen y asienten “!Son 30 mil!”. Y además que faltan encontrar los que viven que son los nietos, y recordar a los que zafaron felizmente y Dios así lo quiso de la muerte… Hoy estamos acá, para que nuestro querido país, que está siendo desestimado, ofendido, por quien tendría que cuidarnos va a salir de esta sombra más temprano que tarde” dijo Estela de Carlotto en su discurso.
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