Gran Hermano PRO: trolls, millones y campaña

Llegaron a la Casa de Gobierno junto al presidente que ayudaron a construir. Con más sigilo que pompa, ocuparon una oficina con vista a la histórica Plaza de Mayo y se pusieron a trabajar. Su misión: promocionar y proteger a Mauricio Macri en las redes sociales.

Su labor quedó expuesta esta semana por el penoso sainete que su jefe protagonizó con el animador número uno de la Argentina, Marcelo Tinelli. Todo comenzó cuando el creador de ShowMatch denunció que miles de «trolls» lo habían acosado en Twitter. En la jerga de las redes sociales, se conoce como «trolls» a las cuentas que viralizan campañas de todo tipo y color. A menudo esas cuentas son falsas, creadas y operadas por programadores y usuarios entrenados que tienen por objetivo multiplicar publicaciones y generar la sensación de que determinados temas son furor en la red.

En el caso de Tinelli, el animador difundió que miles de «trolls» empujaron un hashtag que lo tildaba de «mercenario K». Sugirió, además, que la campaña habría sido promovida por el propio gobierno, molesto por las imitaciones del presidente.

Amigos añejos, el pasado miércoles, en la residencia oficial de Olivos, Tinelli y Macri sellaron la paz haciendo morisquetas en Snapchat, otra red social. Pero el sainete dejó como resabio una duda inquietante: ¿Cómo opera la cyber-guardia que custodia al presidente?

El 17 diciembre, apenas una semana después de que Macri probara el sillón presidencial, Guillermo Gabriel Gonzalo Riera tomó posesión de su cargo: la subsecretaría de Vínculo Ciudadano. Según el decreto que le dio vida, la repartición debe «entender y colaborar en la elaboración de contenido para las redes sociales», como Facebook, Twitter y Snapchat. En las formas, la subsecretaría depende de la Secretaría de Comunicación Pública, que comanda el periodista Jorge Grecco. Pero en los hechos, Riera tiene trato directo con el jefe de Gabinete Marcos Peña, con quien trabajó codo a codo en el proselitismo digital de Macri.

Especialista en el rubro, Riera fue Digital Media Manager del diario La Nación, comandó el equipo de «voluntarios» que militó las campañas virtuales del PRO y su empresa, G-Digital SA, obtuvo contratos de la Ciudad para realizar la difusión personalizada de actos de gobierno.

En el mercado de la comunicación digital, a Riera le reconocen capacidad de sobra para comandar «granjas de trolls», grupos de usuarios que, a la manera de un call center, se dedican a plantar y manipular consignas en las redes, como la campaña que mortificó a Tinelli. Desde el gobierno, por supuesto, negaron que la dependencia haya sido creada con ese fin.

La subsecretaría de Riera es una versión institucionalizada -al máximo nivel gubernamental- de una estrategia de propaganda que el PRO utilizó desde sus inicios. El autor intelectual fue el consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba, y sobran razones para la sospecha: en los tribunales abundan evidencias de las campañas sucias ejecutadas por los equipos de difusión PRO en nombre de la «comunicación directa». En distintas reparticiones de la Ciudad también se multiplican las denuncias y quejas por acoso telefónico y virtual de vecinos, hartos de recibir en sus teléfonos y casillas de mail información promocional del gobierno porteño. Vínculo Ciudadano, ahora, se propone nacionalizar esa experiencia.

La flamante subsecretaría opera rodeada de misterios. Se dice que en ella trabajan unos 60 contratados, pero no hay precisiones sobre sus identidades: los contratos de la gestión macrista aún no fueron publicados por el Ministerio de Modernización, a cargo del íntimo presidencial Andrés Ibarra, custodio de la proclamada «transparencia» PRO. En este caso, al menos, esa claridad brilla por su ausencia: en el sitio datos.gob.ar, que administra ese ministerio, sólo se difunde la nómina de empleados temporarios con contratos vigentes al 31 de diciembre de 2015. Razia laboral mediante, es probable que muchos de ellos ya no estén en los puestos de trabajo que solían ocupar. Y sería extraño que esa «grasa militante» K –al decir del jabonoso Alfonso Prat-Gay- ahora opere en las redes a favor de Macri.
Los datos disponibles sugieren que la subsecretaría se nutrió con nuevos y cuantiosos contratos. Según consta en las planillas de ejecución presupuestaria que elabora y difunde el Ministerio de Economía, en el primer semestre de 2016 la Secretaría de Comunicación Pública -superior jerárquico de Vínculo Ciudadano- ya gastó 58,3 millones de pesos en «Personal Contratado». Una curiosidad: a comienzos de este año, el presupuesto asignado a ese rubro orillaba apenas los 89 mil pesos. Eso indica que casi la totalidad del gasto corresponde a contratos nuevos o renovados por la actual gestión.

El desagregado del presupuesto no permite saber cuántos de esos 58 millones corresponden al personal designado a la flamante subsecretaría de Riera: los informes se publican por jurisdicción primaria (en este caso, la Secretaría de Comunicación), pero no discrimina los gastos por dependencia. Consultado por Tiempo, el secretario Grecco dio las precisiones que las planillas retacean. Aseguró que con Riera trabajan «unos sesenta empleados» y que el gasto en personal asciende a dos millones de pesos por mes. O sea: el gobierno reconoce que ya gastó en su Gran Hermano al menos 12 millones de pesos, sólo en empleados. A eso habría que sumarle, claro, los gastos operativos, que incluye la adquisición de tecnología de punta y servicios premium de conectividad, entre otras delicias geeks.

Para Vínculo Ciudadano, la plata está. Y la base también. Luego de quedar expuesto por el affair Tinelli, la subsecretaría recibió una herramienta tan polémica como vital: la base de datos de la Anses. El acuerdo se refrendó el 22 de junio, pero el escándalo estalló esta semana, cuando el Boletín Oficial publicó la Resolución 166/16 que oficializó el «convenio marco de cooperación» entre el Poder Ejecutivo y el organismo previsional. El pacto prevé la cesión de datos personales que integran la base de la Anses -como dirección, correo electrónico, teléfonos y hasta estudios cursados- a la Secretaría de Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

Fue precisamente Marcos Peña el que salió a ponerles el pecho a las críticas. «El kirchnerismo también hizo lo mismo» replicó el ministro, palabras más o menos. Pero la remanida estrategia de justificarse contra el pasado esta vez no convenció siquiera a organizaciones afines, como Poder Ciudadano o la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que salieron a cuestionar duro la medida. La crítica, parece, no conmovió: en las próximas horas la misteriosa usina que Peña maneja a través de Riera recibiría también bases de datos del Pami y la AFIP. El gobierno, por supuesto, jura que nada de eso se utilizará en la crucial campaña política que se avecina.

Gremios docentes en alerta por «espionaje» digital

Docentes porteños y de la provincia de Buenos Aires denunciaron a Cambiemos por utilizar a grandes proveedores de Internet para obtener información sobre sus gustos y opiniones. Con menos de 20 días de diferencia la gobernadora María Eugenia Vidal abrió una licitación para crear un «observatorio analítico» sobre las redes sociales de los «distintos actores de la comunidad educativa» y el Ministerio de Educación porteño cambió el sistema de comunicación con los maestros, obligándolos a usar recursos de Google y compartir con esa empresa sus datos de navegación y contactos. SUTEBA y UTE anunciaron el inicio de acciones legales.

En provincia, el proyecto propone hacer un «análisis de los mensajes, alertas negativas, identificando autores y su contenido», algo que para SUTEBA implica la violación a principios constitucionales y «afecta la libertad de trabajo y expresión de todos los docentes de la provincia», aseguró a Tiempo Raúl Calamante, secretaria Interior del sindicato.