Gradualismo cero: Bolsonaro no oculta sus objetivos

Algo debe reconocérsele a Jair Bolsonaro. Es un hombre que al parecer, cumple. En cinco días de gobierno actuó contra el medio ambiente, los indígenas, los pobres, las mujeres y la población LGTBI. Amenazó con borrar del mapa a los derechos laborales y con aumentar la edad de jubilación, además de enajenar bienes del estado y parcelar la Amazonia. Como si todo esto fuera poco, mientras limpiaba la administración pública de «comunistas», dijo que en su próxima visita a Washington en marzo, hablará con Donald Trump sobre la posibilidad de instalar una base militar de Estados Unidos en Brasil, el país más poderoso de la región. Y para rematar la semana, lanzó una velada amenaza a su par de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su canciller Ernesto Araújo al instarlo a abandonar el poder «con un mínimo de dignidad», respaldado por la decisiones del Grupo de Lima y la OEA (ver nota aparte).

Bolsonaro está dispuesto a lograr lo que su par argentino Mauricio Macri no pudo: una reforma laboral integral que arrase con los derechos y hasta con ese fuero en la Justicia. En su primera entrevista televisiva post asunción en el canal SBT (los críticos lo llaman el Sistema Bolsonaro de Televisión, junto al canal Record, de los evangelistas) Bolsonaro anunció que estudiará con su equipo la posibilidad de poner fin a la Justicia del Trabajo, encargada de dirimir conflictos laborales, ya que considera que hay un «exceso de derechos» para los trabajadores y, además, esta instancia judicial está muy politizada. «¿Qué país del mundo tiene (Justicia del Trabajo)? Ya tenemos la Justicia común. Si (un trabajador) entra en la Justicia y pierde, tiene que pagar», manifestó. Hace poco más de un año, luego del triunfo en las elecciones legislativas y cuando aún pensaba imponer una dura reforma laboral, Mauricio Macri decía que  el costo indemnizatorio es un «coto a la creación del empleo» y, por la tendencia de los tribunales, se genera una «industria del juicio» que no permite definir cuánto saldrá una cesantía, lo que pone en peligro la sustentabilidad de una empresa. También calificó de mafia a los jueces y abogados laboralistas.

«Mira Estados Unidos. Allí casi no hay derechos laborales. No sirve de nada tener derechos si no hay trabajo», completó el brasileño. Durante la transición de gobiernos, Bolsonaro confirmó la extinción del Ministerio de Trabajo, creado en 1930 y cuyas funciones serán redistribuidas entre las nuevas carteras de Justicia y Economía.

La otra gran reforma que Bolsonaro pretende enviar al Congreso es la previsional, algo que Macri también tiene pendiente todavía. La propuesta de la reforma del sistema de pensiones para establecer una edad mínima para las jubilaciones de 62 años para los hombres y 57 años para la mujeres, frente a los 60 y 55 años, respectivamente, de la legislación.

El día que asumió el nuevo ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, en su primer discurso anunció que «los pilares» de su gestión serán la reforma del sistema de pensiones. El ministro consideró que la reforma del sistema de pensiones será el «primer y mayor» desafío de su gestión. En un tono demagógico, dijo que «el sistema de jubilaciones es actualmente una fábrica de desigualdades. Quienes legislan tienen las mayores pensiones, quienes juzgan tienen las mayores pensiones. El pueblo brasileño, las menores».

En su discurso, también dijo que «liberará» a los brasileños desempleados y que «no contribuyen con el sistema de pensiones» y les dará «la opción» de contar con un régimen alternativo, sin derechos laborales donde los aspirantes a un empleo deberán negociar su contrato directamente con el patrón. Esto ignoraría varios puntos de la legislación laboral, confirmando lo que tanto Guedes como Bolsonaro defendieron durante la campaña electoral: una profundización de la reforma en marcha en 2017 por Temer. Bolsonaro llegó incluso a afirmar que los trabajadores tendrían que elegir «entre más derechos o más empleo».

Tamañas declaraciones de los dos hombres fuertes del gobierno no taparon las decisiones que emergieron de Brasilia los primeros días.  Por ejemplo la caza de brujas en la función pública. A través de uno de los ministros más cercanos a Bolsonaro, el nuevo Ejecutivo agitó el fantasma de la limpieza ideológica al anunciar que despedirá a los puestos de confianza de anteriores Gobiernos. El ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, asumió que la ciudadanía «dijo basta a las ideas socialistas y comunistas».

El ministro de la Casa Civil (una especie de jefe de Gabinete), ahondó en la retórica contra «los comunistas» y en su intención de «despetizar el país», en referencia a los gobiernos del Partido de los Trabajadores, al anunciar que los cargos de confianza contratados por sus predecesores serán despedidos. Nada más tomar posesión, él mismo echó de sus empleos temporales a los 320 que había en su ministerio. «No tiene ningún sentido tener un gobierno con el perfil que tenemos con las personas que defienden otra lógica, otro sistema político, otra organización de la sociedad», a su juicio porque, recalcó, la ciudadanía de Brasil «dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual».

La vorágine de decretos y anuncios es tal, que parece que haya pasado una eternidad entre estas últimas medidas y las adoptadas en los primeros dos días de gobierno que apuntaron directamente contra el colectivo LGBT y contra los indígenas. 

Poco después de asumir, Bolsonaro firmó una medida provisoria con la que se retira a la población LGBT de las políticas destinadas a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en el país. La medida, que es una disposición del presidente con fuerza inmediata de ley sin la participación del Poder Legislativo, borra todas la referencias a la población LGBT en el organigrama ministerial y de las directrices de protección de derechos humanos del gobierno federal.

El mismo día, el presidente brasileño, quien alguna vez comparó a las comunidades de aborígenes que viven en tierras protegidas con los animales de los zoológicos, dio un gran paso para socavar los derechos de los indígenas. El mandatario aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, que tradicionalmente ha defendido los intereses de las industrias que quieren un mayor acceso a esas tierras. Anteriormente el proceso estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio, el organismo que se encarga de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas.

Bolsonaro defendió la medida a través de un mensaje que publicó el miércoles en Twitter, donde argumentó que los grupos indígenas y las comunidades tradicionales descendían de esclavos, conocidos como quilombos, que conformaban una mínima parte de la población, y se les había dado el control de áreas que constituían más del quince por ciento del territorio del país. «De hecho, menos de un millón de personas habitan en esas regiones aisladas de Brasil y organizaciones no gubernamentales las explotan y manipulan», escribió. «Juntos, vamos a integrar a esos ciudadanos y a cuidar de todos los brasileños.»

Entre todos los colectivos que se ven o se verán afectados por las medidas del nuevo gobierno, los indígenas fueron los únicos que salieron a protestar. Mayoritariamente representados por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), empezaron a movilizarse para condenar las primeras medidas. En un comunicado, la APIB recomendó que sus entidades asociadas en todos los estados del país presenten una acción popular requiriendo judicialmente la nulidad de las medidas aprobadas por Bolsonaro, «que prácticamente destruyen toda la política indigenista brasileña». Para peor, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) perdió sus principales atribuciones históricas, «la delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas». A partir de ahora, esta función corresponderá al ministerio de Agricultura, algo muy criticado por los indígenas, que consideran que esta cartera está en manos del lobby de los grandes terratenientes, cuyos intereses chocan directamente con los de las comunidades nativas.

Para los miembros de la APIB, la desnaturalización de la FUNAI, que hasta ahora dependía del Ministerio de Justicia, es el pago de la «deuda» que Bolsonaro tenía con la bancada ruralista del Congreso Nacional, y prometieron próximas movilizaciones. «Estamos preparados, no vamos a renunciar a los derechos conquistados, y mucho menos entregar nuestros territorios para honrar el acuerdo entre Bolsonaro y sus coroneles», añadió la entidad. «