Está en Lonquimay. Su intendente es el primer funcionario condenado por trata de personas con fines de explotación sexual.
Desde sus comienzos, el prostíbulo había sido habilitado como salón de baile y las mujeres que allí trabajaban recibían el mote de «alternadoras». Sin embargo, se les exigía tener al día las libretas sanitarias, con análisis ginecológicos y controles de HIV. Esa documentación llevaba la firma del intendente. El dueño de GoodNight era Carlos Fernández, quien contaba con la colaboración de dos encargados: su hermano, Eduardo Mauricio Fernández, y Brian Martín Saxs. Ambos fueron condenados a dos años de prisión como partícipes secundarios.
Varios hechos pusieron bajo la lupa al boliche. En 2007, una ordenanza dictada desde Santa Rosa ordenó el cierre de todos los cabarets, whiskerías y otros eufemismos utilizados para referirse a los sitios donde se explota sexualmente a mujeres. Dos años más tarde, la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández por presuntas irregularidades en el local. Así pudo establecerse el vínculo que existía entre el subcomisario Carlos Alanis, el intendente Rogers y la actividad ilegal de Fernández. El 12 de septiembre de 2009, un ciudadano santiagueño denunció que su novia había sido secuestrada por el dueño de GoodNight. Dijo que había viajado a raíz de una oferta laboral, que había estado cautiva en el prostíbulo, víctima de amenazas, y que había logrado escapar con un camionero. En su declaración, la mujer relató que tuvo que dejar sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le «debía» dinero por gastos de comida y elementos de higiene. Por fin, en octubre de ese año apareció otra acusación. Esta vez, por parte de una mujer que había trabajado en la comisaría de Lonquimay y conocía la estrecha relación entre el subcomisario Alanis, Fernández y Rogers. «Tuve mucho miedo. Corríamos altos riesgos porque era un lugar en el que todos se conocían con todos», admitió la mujer.
Todas estas denuncias confluyeron en un allanamiento en GoodNight, que se llevó a cabo el 28 de octubre de 2009. La policía encontró tres mujeres oriundas de la provincia de Salta. Cuando las autoridades ordenaron el cierre del local, Rogers declaró: «El cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y los camioneros. Es un lugar de contención: mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento».
«El peor error de mi vida»
«Cuando llegué a GoodNight tenía 18 años recién cumplidos. Apareció un aviso en el diario que decía que necesitaban una empleada doméstica. Pero cuando llegué me encontré con otra cosa. Y yo necesitaba la plata. Me dijeron que lo ponían así para no tener problemas con la ley», contó una testigo. «Ese día me quedé y fue el peor error de mi vida». Cuando llegó ya había otras chicas alojadas en dos habitaciones que había en GoodNight. «Éramos tres en cada pieza, y creo que había una que era menor de edad. Vivíamos ahí y los pases los hacíamos ahí también. Cambiábamos las sábanas y dábamos vuelta los colchones antes de irnos a dormir. Los pases había que hacerlos todos los días, te viniera o no te viniera», describió la víctima. Y agregó: «Una vez, uno que tenía mucha plata me llevó a su casa. Cuanta más plata hacían, más te adoraban».
Según la mujer, en el pueblo todos conocían la existencia de GoodNight. Se referían al boliche como el de «Las chichis de Lonqui». No podían salir. Las vigilaban todo el tiempo. Y todos los gastos debían afrontarlos ellas. «Durante el tiempo que yo estuve nos llevaron a una farmacia para ponernos anticonceptivos inyectables. Nos anotaban en un cuaderno y nos decían que nos iban a pagar. Cuando me quise ir, me amenazaron con ir a buscarme a mi casa, pero mi mayor miedo no era que me hicieran algo a mí sino a mi hija».
Desde sus inicios, la investigación judicial se topó con gran cantidad de obstáculos, como la resistencia a tomarles declaración indagatoria a los funcionarios y, a partir de 2013, la dilación por parte de los jueces para resolver la situación procesal de los imputados. Esos intentos de demorar la causa e impedir que llegara a juicio motivaron la presentación de gran cantidad de recursos interpuestos por el entonces fiscal subrogante que la instruía, Juan Baric, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y el fiscal de Cámara Alejandro Cantaro.
El 23 de mayo pasado, comenzó el juicio oral y público contra los cinco acusados, quienes enfrentaron esta situación en libertad. A lo largo del debate, tres mujeres declararon y describieron en detalle el funcionamiento de la banda y el calvario que vivieron allí dentro. Pudo establecerse así que los proxenetas buscaban a mujeres en situación de vulnerabilidad, preferentemente del norte del país, a través de falsas ofertas laborales. En el debate, intervino el fiscal Jorge Bonvehi. La elevación a juicio había sido por seis víctimas. Sin embargo, el fiscal consideró que, a raíz de tres nuevos testimonios, existían pruebas suficientes para señalar que las víctimas fueron, al menos, nueve mujeres.
Hoy solo quedan los restos de lo que fue la whiskería en la Ruta 5. El salón de baile tenía una barra semicircular, con una ventana a manera de pasa platos que conectaba con la cocina, mesas con sillas y un espacio para bailar. Había dos habitaciones, cada una con una pequeña ventana, donde había una o dos camas. Y a pesar de los años, permanecen intactas las inscripciones en aerosol verde en las paredes y los dos baños, uno para los hombres y otro para las mujeres que en GoodNight vivieron un calvario.«
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