El dispositivo aloja a jóvenes mayores de 18 que tienen causas penales desde que son menores de edad pero que llevan un proceso con buenas perspectivas de reinserción social. Los hechos de violencia ocurrieron en sus módulos cuando el conflicto había sido contenido. Se denuncia que actuaron al menos 50 agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia.
La golpiza, según dijeron fuentes del sistema penal juvenil, se dio cuando el conflicto se encontraba finalizado y los jóvenes ya habían sido requisados y devueltos a sus módulos. En los videos que se viralizaron quedan las huellas de esa violencia: las pertenencias de los internos destrozadas, los colchones esparcidos por los pasillos, sangre en los pisos y también en la escalera.
“Estoy al tanto desde el viernes a la noche que ocurrió el hecho. Efectivamente, hubo represión, hay chicos golpeados, chicos con contusiones de leves a graves. Pero a nuestro entender además también hay un mal manejo en general de la institución que hace que se llegue a este punto” dijo a Tiempo Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Centro funciona en avenida Belgrano 2670 de la ciudad de Buenos Aires y se trata de un dispositivo que aloja a jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad mientras cumplían alguna medida. Depende de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil a cargo de Nicolás Echarri, quien también es el responsable máximo del cuerpo de vigilancia.
Según expresaron fuentes del sistema penal juvenil, los jóvenes habían iniciado un conflicto en el ámbito de la escuela del centro situada en la planta baja. Habían retenido a uno de los guardias con el uso de facas. No obstante, dada la envergadura del operativo de contención, depusieron la actitud, fueron requisados y conducidos a sus módulos en el primer piso.
Allí, según se denuncia, recibieron una paliza por parte de al menos 50 agentes del Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia quienes – se supone- se encuentran especialmente capacitados para intervenir en los conflictos con perspectiva de derechos humanos.
“Ayer fueron todas las defensorías a ver los chicos. La situación es bastante grave, en el caso de mi nieto dicen que está muy golpeado pero yo no voy a creer nada hasta poder verlo o tener una llamada telefónica. No se nada en absoluto de él desde el jueves. Estoy esperando la palabra de la gente del Consejo (de la niñez CABA)”, cuenta a Tiempo Carmen Castillo, abuela de Maximiliano Castillo de 21 años.
Desde que sucedieron los hechos ninguno de los jóvenes tiene permitido visita o llamado telefónico. Fuentes comentaron que fueron conducidos a los hospitales Rivadavia y Ramos Mejía durante la madrugada del sábado y que no se les notificó a sus parientes.
Las información que recibieron las familias por mensaje por parte de la institución durante el sábado fue que “hubo una situación de conflicto institucional muy seria en dónde varios chicos participaron de disturbios. La situación fue contenida por empleados de seguridad y todos, según correspondía, fueron atendidos por enfermería”.
Asimismo, el centro aseguró que “por cuestiones de espacio y dinámica institucional no se va a realizar la visita. Los llamados telefónicos seguramente se realizarán a partir del lunes cuando estén garantizadas las condiciones institucionales y de seguridad”.
No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades del centro aún no permitieron a las familias estar en contacto presencial o telefónico con ellos. Según trascendió, se le negó el acceso a una delegación de la Defensoría del Pueblo, organismo con potestad de visitar y controlar los centros de encierro.
Al cierre de la presente nota, Carmen Castillo denunció que llegó a su conocimiento que su nieto Maximiliano fue herido de gravedad en la cabeza. Según expresaron fuentes, presuntamente el joven fue arrojado desde una escalera y sufrió traumatismo craneal y fracturas múltiples.
Cabe destacar que durante 2023, el mismo joven fue celebrado como ejemplo por Echarri, el director general de Responsabilidad Penal Juvenil y por las autoridades del centro, ya que había publicado un libro de poemas sobre el contexto de encierro.
A partir de la denuncia de Serpaj, la legisladora María Celeste Fierro del Frente de Izquierda presentó por expediente 2687/24 un proyecto de resolución para que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires solicite al Poder Ejecutivo un informe en relación a los hechos de violencia ocurridos en el centro Belgrano.
Entre sus fundamentos, la legisladora manifestó que hechos como los sucedidos “distan mucho del cumplimiento del enunciado objetivo a la vez que demuestran la ausencia o fallas en verdaderas políticas en defensa de los DDHH”. En particular, señaló las falencias en el apoyo a las adolescencias vulneradas, víctimas de la crisis social y económica que atraviesa el país y de la que la ciudad no es ajena.
Asimismo, resaltó “preocupa que luego de los acontecimientos, se le haya negado el ingreso de una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, ante el pedido de autorización que realizó dicho organismo para visitar el lugar el sábado 14 y que el domingo 15 se hayan suspendido las visitas de familiares”.
La resolución, entre otros puntos, solicita informe sobre qué actuaciones administrativas se realizaron, qué investigaciones se iniciaron de forma posterior, personal interviniente, responsables a cargo, cantidad de heridos, gravedad, entre otros.
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