El gobierno le propone a las universidades públicas que cobren aranceles a los estudiantes extranjeros

Las universidades tienen vida hasta junio. Así lo remarcan desde las distintas facultades del país, y así lo anticipó Tiempo el domingo pasado. ¿La razón? El gobierno de Javier Milei les mantuvo el mismo presupuesto de 2023, con una inflación interanual que supera el 220%, y en el medio les quitó los subsidios a las tarifas de servicios. Las facturas de luz en algunos casos alcanzan los 14 millones de pesos. Se trata del presupuesto universitario más bajo de la historia, desde que se tienen registros.

El clima de convulsión va en ascenso. El presidente habla de «adoctrinamiento» y la comunidad educativa prepara lo que será una gran marcha federal el 23 de abril. Este miércoles, desde el Ejecutivo no mencionaron un posible aumento de fondos. Lo que propusieron, en su lugar, es que las instituciones de educación superior empiecen a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros.

No es algo nuevo. Suele ser un recurso con tintes xenófobos de fuerzas conservadoras al momento de debatir los fondos de las universidades. Pero acá de agrega el contexto de asfixia presupuestaria y crisis terminal del sector, motorizada por el propio sector oficial.

Quien esbozó la idea fue el subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari. En sus redes publicó: «La UBA tiene 350.000 alumnos. Casi el 10% son extranjeros que estudian ‘gratis’. Ninguna autoridad se planteó cobrarle a esas 35.000 personas para aliviar la emergencia presupuestaria. Dicen que ‘no es el espíritu’ de la Universidad…».

Incluso dio un número de cuánto cobrarles: «Si a los 30.000 extranjeros que estudian en la UBA se les cobrara la módica suma de 1.000 dólares por mes se podrían recaudar 360 millones de dólares por año. Alcanza (y sobra) para pagar la luz…»

Falsedades

Más allá de la chicana de utilizar el argumento de cobrar a estudiantes extranjeros como posible solución a la falta de fondos que el propio gobierno generó, las declaraciones del representante del Ejecutivo no se apoyan en datos certeros.

«La matricula total de universidades (grado y pregrado es 2,5 millones, 2.549.789 para ser precisos). Y la proporción de extranjeros es el 3,9%. Nunca llegó al 5%, por ejemplo. A su vez, mientras la proporcion de extranjeros en universidades privadas es 4,5%; en las públicas 2,5%», le respondió el economista y docente universitario, Leandro Mora Alfonsín.

En la UBA el 9% de los alumnos son extranjeros. Pero particularmente, la proporción alta es en medicina y odontología. «Formamos médicos que mayormente quedan en el país. En el resto de facultades la proporción es mucho más baja», acota Mora Alfonsín. En Psicología, Agronomía y Derecho, por caso, no superan el 3,6%.

Y completa: «Si el tema es netamente monetario, un estudiante que vive 8 años acá para sacar el título de, por ejemplo, médico, te devuelve la guita en IVA. Arancelar la UBA es una discusión mucho más profunda que hablar de alumnos extranjeros. Tenemos una universidad top en rankings de todos los colores y se le recorta presupuesto poniendo en riesgo ese prestigio con argumentos que rozan lo xenófobo. La discusión del arancelamiento (que es muy válida) excede al público extranjero. Tomar solo eso no solo no ofrece una solución al problema sino que es darle un sesgo xenófobo. Hay que mejorar el acceso del que no puede, eso ‘no tiene pasaporte'».

Presupuesto en las universidades

Otro elemento falaz del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, es el número que ofrece del presupuesto total: sostiene que cobrándoles 1000 dólares de arancel (un millón de pesos, superando ampliamente al Salario Mínimo Vital y Móvil), se alcanzaría 360 millones de dólares en el año. Sin embargo, solo el presupuesto 2023 (que el gobierno prorrogó en 2024) es de 1400 millones de pesos. A tal punto la dimensión de la asfixia presupuestaria de la administración libertaria.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que «el Presupuesto 2024 para las universidades nacionales es el más bajo desde 1997», año en que empezó a haber registro. «Para 2024, el presupuesto asignado al Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72% más bajo en comparación con el año anterior. La caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue del 34,4%, esta cifra es incluso más pronunciada que el promedio del gasto público nacional que disminuyó el 30%», subrayaron.

El informe enfatiza que dentro del programa de desarrollo de la educación superior, la caída afecta de manera significativa a todas las actividades que comprende: «los fondos asignados al pago de salarios registran una disminución del 32% para docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docente. El financiamiento destinado al funcionamiento universitario se ha reducido en casi un 60% en comparación con el año 2023. Las transferencias a hospitales universitarios experimentan una caída del 72%, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, al igual que los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales, no reciben asignación alguna«.

Foto: FEDUBA

En la UBA el ajuste impuesto por la asfixia presupuestaria del gobierno ya arrancó. El Consejo Superior dictó una resolución días atrás donde advierten que no encenderán aires acondicionados ni calderas, y limitarán el uso de luz y ascensores. También acotarán las actividades de extensión e investigación por falta de fondos. 

Esta mañana hubo una clase pública en las escalinatas de la Facultad de Derecho y al mediodía se dio un abrazo al Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Mañana se hará otro similar en el Hospital de Clínicas.

Futuro incierto

A la Universidad Nacional de Moreno llegó una factura de luz de 12 millones de pesos. La anterior había sido de tres. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el costo de la luz en los tres primeros meses de 2023 se multiplicó por diez: «De 3.450.000 a 34 millones», comparó Osvaldo De Felipe, secretario de Administración Financiera. Y alertó: «Esto no se sostiene en el largo plazo».

La situación se da de Sur a Norte. De la Universidad de Comahue (donde, con los primeros fríos, ya preocupan los aumentos de gas que se vienen) a la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). «De no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de la universidad –advirtió a este medio el rector, Germán Oestmann–. Lo último que se vería afectado son las clases, pero todo lo que son contratos, horas adicionales, eso se paga con gastos propios. Si no tenemos forma de pagarlo no vamos a poder abrir todos los cursos y capacitaciones planificadas».

La situación terminal de la educación superior está generando reacciones en lugares históricamente más conservadores. Las facultades de Derecho y Economía de la UBA se sumaron a los reclamos y las clases públicas, la UTN llamó a marchar el 23 de abril, y en Mendoza se vivió la semana pasada una movilización que incluyó numerosas cuadras.

Foto: FEDUBA