El gobierno acelera el ajuste para alcanzar el superávit prometido al FMI

En su afán de reencauzar la relación con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se comprometió a lograr este año un superávit primario de 2% del PBI. La promesa implica lograr que las cuentas del sector público dejen en 2024 un saldo positivo de alrededor de 5 billones de pesos (a valores de hoy), dando vuelta el signo al resultado desfavorable por un monto similar que, se proyecta, dejó el ejercicio anterior.

El número fue la gran sorpresa que dejó la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con la misión técnica del FMI que encabezó el venezolano Luis Cubeddu. En la ocasión, como se esperaba, se abrió la puerta a la reanudación del acuerdo de facilidades extendidas y el desembolso de U$S 4700 millones de dólares, posiblemente antes de fin de mes, si el directorio lo aprueba con celeridad. Será en realidad un asiento contable, porque esos fondos servirán para pagar los vencimientos con ese organismo correspondientes a diciembre (fue saldado con un préstamo puente de la CAF que hay que devolver de inmediato), enero y abril próximo.

Hora de acumular

La meta fiscal se complementa con la promesa de acumular reservas por U$S 10.000 millones hasta diciembre. En esa cifra se incluyen los U$S 2700 millones que el Banco Central sumó en las primeras semanas de la nueva gestión, devaluación y pisada de importaciones mediante. De esa manera, con un superávit comercial esperado de unos U$S 12.000 millones y aun con los pagos a realizar a otros organismos internacionales, se supone que la cifra es alcanzable.

Además, el gobierno se compromete a no pedir asistencia monetaria al Banco Central, algo que ya se venía poniendo en práctica. Según el Palacio de Hacienda, en el informe no se incluirá ningún objetivo de inflación, quizás para enmascarar una de las secuelas más dolorosas de la estrategia libertaria.

Más de lo pedido

El acuerdo original que había celebrado el gobierno anterior con el Fondo establecía para 2024 un déficit primario de 0,9% del PBI y recién se esperaba el equilibrio fiscal para 2025. Por eso la nueva meta causó sorpresa. Fiel a su estilo, el staff técnico dijo que no se trató de una exigencia sino de una propuesta de las autoridades locales.

La sola enunciación del término superávit causó la reacción de muchos analistas. “Era algo impensable sólo unos meses atrás. Aunque no va a ser fácil, el solo hecho de proponerlo o intentarlo es digno de elogio”, se congratuló en sus redes sociales el economista Miguel Kiguel, de la consultora Econviews. Su colega Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, no cree que la cláusula haya sido fruto de un condicionamiento externo: “No hay endurecimiento con Milei y Caputo. El FMI se subió a la propia meta de ellos”.

La nota del Fondo expresó que “se espera que los ingresos se vean apoyados temporalmente por el aumento de los impuestos relacionados con el comercio, así como por las ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola. Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en la reducción de los costes administrativos, las subvenciones a la energía y el transporte, las transferencias discrecionales a las provincias y las empresas estatales, y el gasto en infraestructuras de menor prioridad”. Pasado en limpio: más impuesto PAIS, más retenciones, tarifazos en servicios públicos, menos giros a las provincias y reducción de obras públicas serán la base del ajuste.

En realidad, muchas de esas medidas ya comenzaron. Ahí se inscriben no sólo la generalización de los impuestos al comercio exterior a casi todos los sectores, sino las reducciones de personal dentro de la planta estatal y el achicamiento salarial de hecho provocado por una inflación de 25,5% que el propio Javier Milei presentó como un “numerazo”.

A la hora del ajuste, es casi inevitable mirar hacia el sector previsional y a los beneficiarios de prestaciones sociales, que insumen 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado. Al respecto, Caputo fue ambivalente: dijo que “no vamos a permitir que caiga el poder adquisitivo de los jubilados” pero exigió al Congreso que apruebe la ley Ómnibus que habilita a suspender la fórmula de movilidad y que los incrementos al sector previsional queden a discreción del Poder Ejecutivo. “Es extremadamente importante que esta ley pase justamente para poder hacer esto de la manera más armoniosa posible. Si no, sería una muy mala noticia para todos los argentinos”, amenazó el ministro. «