Las provocaciones del Gobierno hacia el 24M: liberar represores y patrullar las provincias con las Fuerzas Armadas

En medio de la avanzada del narcotráfico en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron en la mañana del jueves el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso en medio de la búsqueda del estado nacional por combatir el crimen organizado en la ciudad.

En una conferencia en Casa Rosada, la ex fórmula presidencial del extinto Juntos por el Cambio dio a conocer que enviará al Congreso la modificación de la Ley de Seguridad Interior, que permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir en la prevención y controles en las provincias que así lo soliciten. Según dio a conocer el titular de la cartera de Defensa, las fuerzas podrán patrullar y controlar vehículos y estarán habilitados para detener en flagrancia, con las mismas garantías que poseen las fuerzas policiales.

Por su parte, Bullrich anunció el envío de la Ley Antimafia; de Reincidencia y reiterancia; la ampliación del registro de ADN a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público. Este último punto incluye la aplicación de penalidades a quienes organicen manifestaciones en la vía pública, el aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad y la tipificación del bloqueo a empresas.

También, el proyecto prevé una ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, que permitirá a las fuerzas de seguridad hacer uso de sus armas sin necesidad de dar voz de alto.

Con un ojo puesto en las provincias

Si bien desde las oficinas de la casa de gobierno entienden que no hay superposición de los temas, esta presentación conjunta de los ministerios llega en medio de las negociaciones del oficialismo con los gobernadores por la ley ómnibus, que comenzó en su cuenta regresiva frente al deseo del gobierno de comenzar el tratamiento después del feriado de Semana Santa.

Así se lo hizo saber el miércoles por la tarde el ministro del Interior, Guillermo Francos, al gobernador Claudio Vidal, quien visitó la casa de gobierno para negociar sus propias condiciones para apoyar el proyecto que incluye entre sus artículos la vuelta del Impuesto a las Ganancias, un tributo que el santacruceño no está dispuesto a defender.

Aunque desde el gobierno descuentan que contarán con la bancas del sur, los gobernadores patagónicos insisten en marcarle la cancha a un oficialismo sin mayorías ni medias sanciones.

En este mismo marco de reorganización de la gestión nacional, esta mañana Victoria Villarruel llegó a Casa Rosada pasadas las 8:30 de la mañana. Como todos los martes y jueves, el gabinete de ministros mantiene una reunión de trabajo, por lo que se esperaba que la vicepresidenta asistiera a la misma, tal como ocurrió a inicios de semana cuando el gobierno sacó a relucir su poder en las redes y publicó una amistosa foto de la cúpula presidencial, días después de que se desplegaran una serie de rumores sobre una posible interna entre el presidente y su vice tras la caída del DNU en el Senado.

Sin embargo, ninguno de los dos mandatarios participó de la reunión con el resto de los titulares de las nueve carteras ministeriales, que estuvo presidida por el jefe de gabinete, Nicolás Posse. Los líderes de La Libertad Avanza se reunieron en el despacho presidencial, donde desayunaron en total hermetismo. “Hablaron de la agenda del Senado”, se limitó a decir un estrecho colaborador del libertario a Tiempo.

La humeante agenda del Gobierno de cara al 24M

En tanto los proyectos, que se dan a conocer a días de conmemorarse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, llegaron en medio de rumores sobre un inminente cambio en materia de derechos humanos que el ahora oficialismo viene pregonando desde la campaña. Según trascendidos, el Ministerio de Defensa estaría trabajando en modificaciones legales que permitirían a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad ser beneficiados con detenciones domiciliarias.

Cabe recordar, que el artículo 1° de la ley Ley 27.156 establece que “los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga.”

Además, para gestar cualquier tipo de modificación legal el gobierno requeriría del apoyo del Congreso que, hasta el momento, le dio la espalda. Lo mismo ocurriría con la Corte Suprema de Justicia. La decisión del oficialismo de postular al magistrado Ariel Lijo, para reemplazar a Elena Highton de Nolasco, no fue recibida con bombos y platillos por los supremos, lo que abre un nuevo frente de batalla para el gobierno.

A pesar que desde Casa Rosada niegan estas versiones, y tal como dio a conocer Tiempo, el gobierno está terminando de editar un spot del que participaron el ex militante de las Fuerzas Armadas Peronistas y Montoneros, Luis Labraña, y el ex agente de la SIDE, Juan Bautista “Tata” Yofre, en el que volverán a traer al centro de la escena la discusión sobre las guerrillas de los 70 e intentarán repatriar la Teoría de los dos demonios, con la que buscarán justificar las desapariciones forzadas que perpetró el estado nacional durante dicha década.

El video fue grabado en el Salón Blanco de la casa de gobierno por el director y productor cinematográfico, Santiago Oria, con un equipo de producción externo. Hasta el momento, no se conoce en profundidad el contenido del spot que, según pudo reconstruir este medio, se daría a conocer el mismo 24 de marzo.

Esta no es la primera vez que el gobierno nacional apuesta por utilizar fechas tan sensibles para dar a conocer noticias con fuerte impacto mediático. Lo mismo ocurrió el 8 de marzo, cuando se modificó el nombre del Salón de las Mujeres por el de Salón de Próceres y se quitaron los cuadros de las figuras femeninas para poner a líderes coloniales y al ex presidente Carlos Menem.

En otra nueva señal de la postura del Ejecutivo, este miércoles Luis Petri se fotografió con Cecilia Pando y otras esposas de condenados por crímenes de lesa humanidad que piden al gobierno nacional la liberación de los genocidas, en un acto inédito de un referente del radicalismo. La cumbre se dio en un acto en el Círculo Militar, donde se presentó un libro sobre el coronel Argentino del Valle Larrabure, por cuya muerte los sectores fascistas buscan condenar a guerrilleros de los 70 nucleados en la organización ERP.