Ministros bonaerenses condenaron las declaraciones del ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, quien habló de crear "una Gestapo" para eliminar a los gremios, y pidieron que la justicia actúe con celeridad. También pidieron que el procurador Julio Conte Grand "dé un paso al costado" por ser "cómplice" de la mesa judicial.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, fue el primero en hablar de la «gravedad» de las declaraciones de Villegas, quien fue ministro durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia, y de pedir una investigación penal «seria e independiente» del caso.
Las declaraciones de Villegas que salieron a la luz fueron realizadas durante una reunión en junio de 2017, en las oficinas del Banco Provincia junto a empresarios de la construcción, el ex ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y el intendente de La Plata, Julio Garro, entre otros funcionarios. En ese encuentro, Villegas asegura que «si pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría» y además le pide a los empresarios presentes «conseguir elementos» para impulsar causas judiciales contra los gremios, en este caso contra el sector de la construcción. La información fue hallada por la AFI y y forma parte de la denuncia presentada esta mañana por la interventora Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata.
Alak sostuvo que el video «demuestra una vez más la existencia de un accionar coordinado e ilegal entre el Ejecutivo y sectores del Poder Judicial en el gobierno de Cambiemos, para perseguir opositores políticos y gremiales». Y puntualizó que «acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente».
El ministro dijo, además, que las declaraciones del ministro de Trabajo de crear una «Gestapo» en la Provincia, la policía secreta oficial de la Alemania nazi para perseguir opositores, «remite a los peores periodos de la historia de la humanidad y a las siniestras dictaduras militares de Argentina».
La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, también condenó las declaraciones de su antecesor en el cargo. Calificó de «enorme gravedad institucional» el accionar de los exfuncionarios de Vidal y aseguró que la anterior gestión «siempre apuntó a terminar con los derechos de las y los trabajadores».
«La Justicia debe investigar y esclarecer esta situación ante la amenaza que representa para nuestra democracia la utilización del Estado para espiar y armar causas a opositores políticos y gremiales», posteó Ruiz Malec en su cuenta de Twitter.
La funcionaria consideró que la política laboral de Cambiemos y de Vidal «siempre apuntó a terminar con los derechos» de las y los trabajadores. «Vaciaron el Ministerio de Trabajo. Se perdió un 25% del personal, se cerraron subdelegaciones, no se asistía en los conflictos, y se ufanaban de ello», enumeró y siguió: «Se han recortado los salarios públicos, se ha perseguido a trabajadores y trabajadoras del Estado con sumarios insostenibles y se expuso a dirigentes sindicales, que recibieron amenazas a sus personas y familia».
Ya en el final, Ruiz Malec también condenó que hablen de una «gestapo» para «terminar con los gremios». «Directamente recuerda a las peores prácticas de los momentos más oscuros de la humanidad», sentenció.
La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, también se refirió al video y sostuvo que recuerda a las prácticas de la dictadura. «Usaron el Estado para perseguir a políticos, sacerdotes, jueces e instituciones de todo tipo. Esperamos que la justicia actúe rápido», opinó en sus redes sociales.
La presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, Teresa García, también condenó el accionar de los ex funcionarios de Vidal y le pidió la renuncia una vez más al procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, quien es mencionado por Villegas en esa reunión como uno de los eslabones al tanto de las causas armadas contra los gremialistas.
En un hilo de Twitter, García fue enumerando todas las denuncias que recaen sobre Conte Grand y que van desde la creación de bases de inteligencia en el Conurbano, el «cableo» en cárceles bonaerenses para escuchas ilegales» y el uso de la Dirección de Asuntos Internos para «cometer espionaje ilegal contra sindicalistas, referentes políticos y legisladores».
«Ahora aparecen videos que demuestran el funcionamiento de una mesa judicial para armar causas en contra de los trabajadores», señaló García e interpeló al procurador: «Julio Conte Grand, ¿sigue ud. en funciones? Su continuidad al frente de la Procuración General de la PBA compromete seriamente la confianza en las instituciones públicas y en el poder judicial. Haga su aporte y de un paso al costado», concluyó.
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