Genocidas: caen las sentencias y las causas se paralizan

Los organismos de Derechos Humanos marcharán a la Plaza de Mayo por el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo 1976, cuando se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Será la cuarta vez que lo hagan durante el gobierno de Mauricio Macri y el balance sigue siendo negativo. Los números de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad advierten que en el último año se redujo el número de detenidos y de sentencias, que las causas avanzan a ritmo cada vez más lento y que, además, creció la cantidad de genocidas que cumplen condena bajo arresto domiciliario, una tendencia que viene desde el inicio de la gestión de Cambiemos. A ese panorama se suma el desfinanciamiento de las políticas públicas de Derechos Humanos y el vaciamiento de los programas y áreas del Estado destinadas a promoción de derechos.

Los datos procesados por la Procuración con información de las fiscalías que se conocieron esta semana indican que hay 3161 personas imputadas en causas de lesa humanidad. De ese total, 901 fueron condenadas, 142 absueltas y 663 son procesados que aún no han sido juzgados. El número de detenidos siguió bajando en el último año y pasó de 1070 en 2015 a 977 en la actualidad.

El ritmo de las causas, que había tenido una leve recuperación en 2017, volvió a caer en el último año. A marzo de este año se dictaron 221 sentencias en todo el país y sólo 17 en 2018. Lo preocupante es que, desde 2010, no se registraba una cantidad menor a 20 sentencias por año.

«Que disminuya el número de sentencias implica que cada vez van a ser más los genocidas que se mueran sin condena», explicó a Tiempo Horacio Pietragalla, diputado y nieto recuperado por las Abuelas, sobre el riesgo de impunidad biológica.

Ese retroceso lo advierten también los organismos: el jueves,  Abuelas de Plaza de Mayo presentó un proyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria la Verdad y la Justicia que busca, precisamente, institucionalizar algunas de las conquistas del movimiento de Derechos Humanos y revertir medidas regresivas.

«Abuelas hoy tiene que salir a buscar financiamiento y colaboración por el recorte presupuestario que genera que las partidas para buscar nietos no se actualicen», detalló Pietragalla. «Las Abuelas dedican una parte de sus energías a conseguir dinero y eso resiente la búsqueda de los nietos. Se nota en la cantidad que encontramos en estos años: antes encontrábamos tres o cuatro nietos por año y en los últimos tres encontramos uno o dos por año», resumió el diputado.

Esta tarde, desde las 14, los organismos concentrarán en 9 de Julio y Avenida de Mayo para marchar a la Plaza. La convocatoria es de 13 organismos. Además de Abuelas, convocan Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos, H.I.J.O.S, APDH, APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, el Cels, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Fundación Memoria Histórica, LADH y el MEDH. Entre todos consensuaron la consigna y el documento que se leerá en la Plaza.

Juicios y datos oficiales

Las demoras en los procesos judiciales obedecen, según informó la Procuración General, a las dificultades para conformar los Tribunales intervinientes o la actividad recursiva de las partes que termina alargando el proceso cada vez más. También a la actitud política del gobierno que, a poco de asumir, dejó de ser querellante y comenzó a obstaculizar los procesos recortando fondos, desarticulando áreas clave y despidiendo a especialistas.

Actualmente se desarrollan 14 juicios entre debates orales y plenarios escritos en todo el país. Sin embargo, ya entre febrero y marzo de 2019, se pospuso al menos el inicio de tres juicios: el denominado «Lona II» en Salta, «Chavanne» en Capital Federal y «Mercedes Benz» en San Martín.

Además, hay 244 causas en etapa de instrucción y 104 con elevación a juicio. Lo grave es que esas 244 causas –que significan el 40% del total– tienen aún por delante casi todo el recorrido del proceso penal. Actualmente, entre que se pide la elevación a juicio, se realiza el juicio y se confirma o no la sentencia en las instancias superiores, pasan cinco años. En este punto, desde el organismo consideran que, aun suponiendo que en las más de 200 causas en instrucción se presente el requerimiento de elevación este año, la finalización del proceso demoraría como mínimo hasta mediados de 2025.

Los datos oficiales también evidencian que en el último año se consolidó el arresto domiciliario como modalidad predominante entre los detenidos por crímenes contra la humanidad. La concesión de ese beneficio se incrementó de manera constante en los últimos años y pasó de 439 detenidos en 2015 a 650 en marzo de este año. En la actualidad sólo 252 condenados sobre 977 cumplen la condena en una cárcel común perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, es decir sólo el 25% del total.

Desfinanciamientode las políticas públicas

Antes de asumir, Mauricio Macri ya había mostrado qué opinaba de las políticas de Derechos Humanos. «Voy a terminar con el curro de los Derechos Humanos», dijo en campaña y, tras asumir, hasta puso en duda el número de desaparecidos. Coherente, en estos cuatro años ejecutó políticas públicas contrarias a la lucha de los organismos, las Madres, Abuelas e Hijos que vienen luchando por Memoria, Verdad y Justicia. Recortó fondos, desarticuló programas, despidió personal, le dio más poder a las Fuerzas Armadas y quiso «mover» el feriado del 24 de Marzo.

El presupuesto destinado a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a cargo de Claudio Avruj, se fue achicando año a año con diferentes excusas. En 2016 la cartera tenía 717 millones de pesos. Un año después, hubo un primer recorte del 15% y recibió 607 millones. En 2018 bajó a 605 millones y para este año cayó a 579 millones de pesos.

«El vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos genera, por ejemplo, que tengamos en el mediano plazo generaciones a las que no les va a haber llegado políticas activas de educación: vamos a tener una generación chicos que en la escuela secundaria no les llegó información sobre la dictadura, los juicios, el golpe de Estado. Eso genera un vacío por falta de impulso de políticas públicas que debe hacer la secretaría», explicó Pietragalla.

Esos recortes afectaron también los programas, como el de Promotores de Derechos Humanos que llegaba en el territorio a cinco mil chicos que fue cerrado, o el congelamiento de las leyes reparatorias para ex detenidos y víctimas. «Una de las cosas más importantes que ocurrió en estos cuatro años es el congelamiento de las leyes reparatorias», explicó Gastón Fernández, delegado de ATE en la Secretaría. «Eso se profundizó en los últimos seis meses porque no se movió ni un solo trámite», puntualizó.

El recorte también afectó a los trabajadores. Durante su gestión, Avruj despidió a 400 trabajadores desde diciembre de 2015. Hubo un nuevo intento en septiembre del año pasado cuando, en pleno ajuste por pedido del FMI, la Secretaría de Modernización consideró que «sobraban» 94 personas –sobre un total de 1014– en el área a cargo de Avruj.

En el último año, Cambiemos también intentó desfinanciar a la ex ESMA y demoró el pago de salarios a los trabajadores aunque, frente a la protesta, dio marcha atrás. Algo similar ocurrió con el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti que funciona allí y que brinda actividades gratuitas desde 2009.

«Las políticas de Derechos Humanos están frenadas», detalló Ana González, delegada de ATE en el Conti. Lo que ocurrió en estos tres años y medio es que los trabajadores fueron los que sostuvieron los contenidos y lo hicieron sin un peso. «Avruj ha incumplido los pagos por honorarios al 80% de los artistas que se presentaron en el Centro Cultural durante 2018.  En total se trata de una suma de casi 4 millones de pesos adeudados a más de 260 músicos, actores, actrices, cineastas, directores, productores y talleristas», denunciaron los trabajadores del Conti.

«Esos artistas trabajaron gratis. Vienen igual por el compromiso que tienen con los organismos de Derechos Humanos, con lo que significan las políticas de Memoria Verdad y Justicia, por lo que significa el Conti», agregó González. Y resumió: «Vaciarlo sería contribuir al plan del gobierno».

El ajuste también se sintió en diciembre en el Equipo Argentino de Antropología Forense, un organismo de renombre internacional que fue clave en el hallazgo de fosas clandestinas de la dictadura y la recuperación e identificación de personas desaparecidas y que se financia por un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La cartera no giró los fondos y el equipo anunció que suspendía su trabajo. Finalmente, los fondos aparecieron y retomaron la actividad. «

Riesgos de la política de negar

Con la llegada de Cambiemos al gobierno se reinstaló en boca de funcionarios públicos la discusión sobre los desaparecidos y la denominada Teoría de los dos demonios.

El negacionismo generó fuertes respuestas desde la sociedad, pero para el diputado Horacio Pietragalla, también nieto recuperado, la inoculación de esas ideas en la agenda pública es parte del retroceso respecto de las conquistas conseguidas en materia de Derechos Humanos.

«Tenemos un gobierno que viene queriendo instalar la discusión sobre los 30 mil desaparecidos y eso en una persona que duda de su identidad no le va a generar confianza para ir a buscar respuestas al Estado.»

Delitos sexuales

El 8 de Marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reveló que sólo el 12% de las condenas en juicios por crímenes de lesa humanidad incluyó como delitos las violaciones sexuales, los abusos, la exposición a la desnudez y los abortos forzados, a los que fueron sometidas las víctimas del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar.

Esos delitos comenzaron a ser visibilizados desde 2012 como crímenes autónomos, diferentes a la tortura, porque permiten comprender la violencia de género en la represión.

En marzo de 2019, sólo 98 de las 892 personas condenadas «fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 varones y tres mujeres», reveló la Procuraduría. Esas condenas se reflejaron en 26 sentencias y alcanzaron a 86 víctimas: 75 de ellas mujeres.