La ministra dijo que la organización de derechos humanos miente en su informe sobre el aumento alarmante de los casos de asesinato cometidos por policías.
En una entrevista con radio Mitre, Bullrich justificó el asesinato que perpetró el policía bonaerense Luis Chocobar contra Pablo Kukoc. Vamos a invertir la carga de la prueba. Hasta ahora, el policía que estaba en un enfrentamiento iba preso. Nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden. Lo vamos a cambiar en el Código Penal. Vamos a sacar la legítima defensa para los casos de policías, adelantó.
Cuando le preguntaron sobre el informe de la Correpi que reveló que durante el gobierno de Mauricio Macri crecieron los casos de gatillo fácil, como publicó Tiempo este domingo, Bullrich sostuvo: si quiere le mando el análisis, uno por uno de los casos falsos, de la Correpi, ¿quiere que se los mande?, desafió la ministra al periodista.
Ante la ratificación indudable del fusilamiento, muchos de los que inicialmente apoyaron al homicida incluso consecuentes defensores del gobierno macrista, como Jorge Lanata- debieron retractarse y admitir, cuanto menos, que se precipitaron sin suficiente información. El gobierno, lejos de eso, redobló la apuesta, y salió, por boca de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a exponer su doctrina, que se resume en dos ideas: 1) La policía (y el resto de las fuerzas) tienen orden de tirar a matar, y 2) El gobierno asume como política pública la defensa del policía en acción (sic), sostuvieron los integrantes de la Correpi en un comunicado.
Ya el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que el ministerio de Seguridad tenía todos los videos desde el primer día, que los evaluaron y estaban al tanto de cómo había sido el desempeño policial. Y añadió: No creemos en el gatillo fácil.
La Correpi sostiene que más allá del caso Chocobar, el gobierno aplicó la misma tesis a los prefectos que fusilaron por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel el 25 de noviembre pasado en el Lago Mascardi. Venimos denunciando la orden explícita a las fuerzas de seguridad de todo el país de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender, tanto técnicamente, con los abogados ministeriales, como políticamente, denunciaron los integrantes de la Correpi.
En una palabra, la pena de muerte es ley de facto, se presume que cada vez que un uniformado mata a una persona fue un enfrentamiento, y se defiende como política pública su accionar, definieron.
Confrontada con los datos del Archivo de casos de Correpi, que muestran que bajo el gobierno de cambiemos hubo un alza exponencial de las muertes por gatillo fácil, torturas, en lugares de detención y demás modalidades de la represión estatal, la ministra dijo que Correpi miente, que los datos son falsos.
Nuestro Archivo es público desde 1996. Año a año lo actualizamos y difundimos las conclusiones. Está disponible en www.correpi.org para cualquiera que desee consultarlo. Nunca hubo un gobierno ni un funcionario que pudiera impugnar un solo caso. Muchos lo intentaron: Corach, Storani, J. J. Álvarez, Garré, Berni. Ninguno pudo. Ahora es el turno de Patricia Bullrich, a la que invitamos a debatir públicamente si se anima- cada caso, desafiaron.
El ataque a nuestra organización, que viene denunciando el avance de la represión bajo el gobierno de Cambiemos, de una profundidad y alcance como nunca vimos antes, es la forma más directa de defender y promover la aplicación de la pena de muerte sumarísima por la vía del arma reglamentaria. El ataque a Correpi es la confesión de Patricia Bullrich de que éste es el gobierno del ajuste y la represión, el gobierno del gatillo fácil legalizado, de la represión y la criminalización de la pobreza y la protesta, de los presos y presas políticos. El ataque a CORREPI muestra que tenemos razón. Cuando usted quiera, @PatoBullrich, lo discutimos en público, desafiaron.
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