García-Mansilla resiste en la Corte pese a la presión política y judicial para que se vaya

Manuel García-Mansilla fue notificado a las 21:07 del jueves de la cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla que suspendió sus facultades como cortesano. Había pasado una hora del rechazo en el Senado a su pliego para ser miembro de la Corte Suprema. Y desde ese entonces, el abogado de 54 años designado por Javier Milei en condiciones jurídicamente objetadas, resiste: al cierre de este artículo no había renunciado, ni pedido licencia, ni «opinión» a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti para tomar una decisión.

Es por ello que aún continúa como miembro de la Corte, pero sin poder de fuego. En la cautelar, Ramos Padilla le ordenó que «se abstenga del conocimiento y decisión de todas aquellas causas jurisdiccionales y actuaciones administrativas en trámite» ante el Máximo Tribunal, mientras esté en comisión y por el plazo de tres meses. Si no cumple, es decir, si firma un fallo o una decisión administrativa como la contratación de personal para su Vocalía, podría recibir una sanción penal y/o económica.

Durante el viernes trascendió que García Mansilla le pediría opinión a sus pares, pero hasta última hora de ese día fuentes cortesanas decían que no había novedades. Igualmente, sobre ese punto tampoco estaba claro de qué manera pediría esa «opinión», puesto que los supremos no opinan institucionalmente, sino a través de un caso judicial concreto.

¿Pateó la decisión para esta semana? Habrá que verificar sus movimientos con el correr de los días. Lo cierto es que García-Mansilla ya había manifestado en el expediente que las medidas exigidas por los impulsores eran inadmisibles, que ninguno de los argumentos «se sostiene seriamente» ni servía para dictar la inconstitucionalidad del decreto 137/2025 «o el dictado de una cautelar que impida que cumpla mis obligaciones constitucionales en el marco del nombramiento en comisión que he asumido».

La medida cautelar fue pedida en el marco de un planteo judicial para que se declare la inconstitucionalidad del decreto por el cual el Poder Ejecutivo lo designó en comisión junto con Ariel Lijo. Lo impulsaron el abogado Fernando Cabaleiro y el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (CEPIS), pero luego se sumaron asociaciones civiles como el CELS, ACIJ, INECIP y la Fundación Poder Ciudadano.

Al resolver la cautelar, el magistrado contestó una por una las objeciones planteadas por el Poder Ejecutivo y por García Mansilla y su abogado Andrés Sánchez Herrero.

Por ejemplo, el juez designado en comisión había sostenido que su designación en esas condiciones permanecía indemne hasta el final de la próxima legislatura, incluso si el Senado rechazara su pliego. También que sólo puede ser removido por juicio político, al tiempo que el presidente de la República no puede hacer cesar su nombramiento salvo por designación de un juez con carácter definitivo. Para Ramos Padilla, ese razonamiento es contradictorio y «significa una distorsión del sistema republicano de gobierno».

Otro de los argumentos usados por el Ejecutivo y por el propio García-Mansilla para defender las condiciones del nombramiento fue la supuesta existencia de una «práctica constitucional sostenida» en relación con ese tipo de designaciones. Pero Ramos Padilla afirmó que eso «resulta categóricamente falso», ya que «en los últimos 100 años ningún presidente elegido democráticamente por el voto popular ha realizado un nombramiento en comisión de jueces de la Corte que se haya materializado». Por el contrario, agregó en el fallo, eso «formó parte de una práctica constitucional excepcional durante el siglo XIX y la primera década del siglo XX».

«Para evidenciar aún más que no estamos ante una ‘práctica constitucional sostenida’, puede decirse que de los más de 75 magistrados integraron la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos 100 años, sólo uno asumió como juez ‘en comisión’ mediante un decreto dictado por un presidente elegido democráticamente por el voto popular: el Dr. Manuel José García-Mansilla», sentenció Ramos Padilla.

Crece la presión

Mientras García-Mansilla resiste, la presión para que dé un paso al costado se multiplica con el pasar de las horas. El único apoyo que trascendió fue de parte del gobierno en la voz del jefe de Gabinete Guillermo Francos, que dijo que debería seguir en el cargo hasta noviembre, cuando culmina el plazo del nombramiento. En ese sentido, también se expresaban en off algunos funcionarios del gobierno. Hasta ahora, todo meramente declarativo.

En la vereda de enfrente, hasta el juez Ricardo Lorenzetti salió a dar una entrevista en Radio Mitre en la que si bien fue cauteloso y no opinó concretamente sobre si debería seguir o no en el cargo, sostuvo que él nunca hubiese asumido en comisión, como lo hizo García-Mansilla.

En los estratégicos tribunales de Comodoro Py también hubo quienes marcaron, de mínima, que García-Mansilla quedó en una situación débil. Otros optaron por la contundencia: «Se tiene que ir». Tiempo recolectó opiniones en primera instancia y en las Cámaras superiores: «Está complicado para seguir»; «no tiene margen alguno para resistir en estas condiciones»; «es un golpe muy duro a su legitimidad» y «quedó muy débil, aunque formalmente puede plantear quedarse» fueron algunas de las respuestas.

El viernes a la tarde también aparecieron comunicados como el del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, que bajo el título «Hay que respetar la decisión del Senado», señaló que «ha concluido el debate sobre estas nominaciones», y que «resulta relevante, además, el pronunciamiento adverso a la utilización de la facultad presidencial de designar jueces en comisión, censurada también por este Colegio, por poner en riesgo la independencia judicial».

Más tarde, decenas de profesores de Derecho de todo el país sacaron un pronunciamiento en el que manifestaron que «resulta insostenible su continuidad en el Máximo Tribunal». «No estamos dispuestos a aceptar que la enseñanza del derecho se convierta en nuestro país en un relato de ficción», expresaron. Lo firmaron, entre otras personas, los constitucionalistas Roberto Gargarella y Daniel Sabsay; los jueces federales Alejandro Slokar y Daniel Rafecas y académicas como Marisa Herrera, Silvina Zimerman y Adriana Micale.

Los días de García-Mansilla en la Corte

García-Mansilla juró como juez de la Corte el 27 de febrero, en una ceremonia que no fue publicitada y de la que contadas personas sabían. Oficialmente, la Corte lo comunicó varios minutos después de que se había producido. Desde ese día, se acomodó en el despacho que dejó libre Juan Carlos Maqueda, comenzó a adaptarlo y poco a poco empezó a entrar en la dinámica cortesana.

Estuvo en cinco reuniones de Acuerdo, donde los jueces se juntan a firmar los fallos. La primera fue el jueves 6 de marzo, cuando votó a favor de que se le rechace la licencia extraordinaria a Ariel Lijo para asumir como cortesano, plegándose a Rosatti y Rosenkrantz. Ese día también firmó otros cuatro fallos donde se definieron cuestiones como apercibimientos por falta de pago de los depósitos judiciales y declaraciones de caducidad de instancia. En total firmó cinco de 152 fallos que sacaron los cortesanos ese día.

Después participó de los acuerdos del 12, 19 y 27 de marzo, donde firmó 9, 27 y 68 resoluciones respectivamente, en causas por narcotráfico (NdR: en una hasta redactó un voto), y otros expedientes penales y civiles. En varios de ellos, entre las partes hay empresas como Galeno, Cablevisión, Edesur, Swiss Medical y Casinos de Buenos Aires, e instituciones públicas como el Estado Nacional y el Ministerio de Capital Humano. En tanto, el jueves pasado –mismo día en que el Senado rechazó su pliego y recibió la cautelar de Ramos Padilla– firmó 106 fallos, entre ellos se plegó a una mayoría que rechazó el aval como travesticidio del crimen de la activista Diana Sacayán frente a un pedido del Ministerio Público Fiscal.

También firmó resoluciones administrativas y acordadas de funcionamiento de la Corte. Intervino en cuestiones relativas a cargos, fue parte de la firma de un pedido de licencia de Rosenkrantz para ejercer la docencia y de un aumento de sueldos para todas las categorías del escalafón judicial.

Ahora, con la cautelar de Ramos Padilla, esas facultades quedaron vedadas. Es esperable que haya planteos en alguno de los 215 casos en los que intervino, además de recusaciones como la que formuló a principios de semana Cristina Kirchner al elevar a la Corte su queja en el marco de la Causa Vialidad.