La organización CORREPI, encabezada por la abogada María del Carmen Verdú, señaló además que hubo al menos 12 casos de gatillo fácil. La violencia institucional va creciendo, avalada por medidas oficiales.
“Estas 32 muertes a manos del aparato estatal son apenas los casos de los que nos enteramos por los medios o por consulta directa, lo que indica que cuando hagamos la búsqueda sistemática del año, resultarán muchos más”, indicó a Tiempo la referente de la CORREPI, la abogada María del Carmen Verdú, quien aclaró que todavía están terminando de enumerar los episodios de 2023.
De todas maneras, “estos números impactantes ya indican una tendencia que sólo se explica a partir de las decisiones e iniciativas ya encaradas por el gobierno desde el 10 de diciembre pasado”, razonó la abogada, que individualizó dos posibles explicaciones.
Por un lado, “la decisión de trasladar el Servicio Penitenciario Federal de la órbita del ministerio de Justicia a la del ministerio de Seguridad” y por el otro la iniciativa de “legitimar el gatillo fácil como política natural de intervención de las Fuerzas de Seguridad contenida en la Ley Ómnibus garantizando su total impunidad, al punto que las familias de personas fusiladas desarmadas o por la espalda no tendrán derecho a reclamar judicialmente juicio y castigo”, graficó la referente de la organización.
De hecho, Tiempo publicó esta semana el caso de un policía de la Bonaerense que fue detenido tras matar a un joven ladrón de 14 años y herir a otro de 19 en medio de un intento de robo. Se cree que el agente, que estaba de civil, le disparó al adolescente desarmado por la espalda cuando huía. De ser aprobada la Ley Ómnibus tal como está prevista, probablemente el acusado nunca habría estado preso.
Hoy está acusado de exceso en legítima defensa, mientras que el proyecto de la mega norma propone algunos cambios en el Artículo 34 del Código Penal que estipula que no será punible “el que obrare en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”.
Este medio pudo acceder a la lista que maneja la CORREPI. De la fría estadística, se desprende que hubo un caso en José León Suárez, en San Martín; ocho en La Matanza (tres en Villa Luzuriaga, otros tres en Isidro Casanova y dos en San Justo); dos en Bernal, en Quilmes; uno en La Calera, Córdoba; tres en Batán, General Pueyrredón; uno en Corrientes; uno en Florencio Varela; uno en Esquel, Chubut; dos en Ezeiza; uno en La Plata; uno en Campana; dos en Ciudad de Buenos Aires; uno en Saavedra, provincia de Buenos Aires; uno en Villa Urquiza, San Miguel de Tucumán; uno en Resistencia, Chaco; uno en la ciudad de Mendoza; tres en Chascomús; y un femicidio en Presidencia de la Plaza, Chaco.
En todos estos episodios actuaron integrantes de diferentes fuerzas de seguridad como la Policía de la Ciudad, la Bonaerense y otras policías provinciales. Además, estaban tanto de servicio como de civil y la gran mayoría de los casos ocurrieron en ocasión de robo.
«No podemos permitir que esta política represiva avance más todavía. Debemos enfrentar este intento de imponer un estado de excepción con suspensión de derechos y garantías con unidad, organización y lucha», concluyó Verdú.
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