Residentes de hospitales como Garrahan, Bonaparte y Posadas marcharon de Congreso a Plaza de Mayo, junto a otros profesionales de la salud, estudiantes y docentes. Exigen mejoras salariales y un freno al embate contra la salud y la educación públicas.
La Marcha Blanca es la confluencia de muchas luchas, pero el reclamo de las y los residentes atraviesa todas ellas. Hay residentes de hospitales nacionales que lidian contra intentos de cierres, desfinanciamiento y despidos, como el Bonaparte, el Garrahan y el Posadas. Los hay de hospitales universitarios como el Clínicas, dependiente de la UBA. Los hay dependientes de Ciudad de Buenos Aires y de Nación. Además de exigir mejores condiciones laborales y salariales, advierten que sin residentes el sistema de salud pública se desmorona.
“El Clínicas tiene unas 600 camas. Nosotros nos hacemos cargo de la mitad. Si no estuviéramos los residentes, queda el 50% del trabajo por hacer. Es imposible”, dice Julieta Guri, residente de Farmacia. A su lado una colega acota que hoy el pago es tan bajo que quedan residencias sin cubrir. Y que, este mes, aún no cobraron. “De diciembre hasta hoy fue decreciendo nuestro sueldo. Se recortó el presupuesto para insumos, faltan pañales, medicación”, agrega.
La marcha avanza bajo un sol agobiante y rodeada de uniformados: de la Policía de la Ciudad, de la Federal, de Gendarmería. Con gran cantidad de vehículos verdes y azules en los alrededores del Congreso, vallado como ya es usual.
“Esta movilización es en defensa de la salud y la educación pública, fue votada en asamblea conjunta entre residentes de salud de nación, de todos los hospitales nacionales y efectores de salud de Caba y Provincia. Además se unieron a nosotros los trabajadores del Hospital Garrahan, nuestros compañeros, que vienen dando una fuerte pelea por los sueldos. El reclamo salarial principalmente es que no estamos llegando a la Canasta Básica Familiar. Y los residentes no tenemos ni siquiera el plus por especialidad y por guardias”, plantea Vanesa Fauda, jefa de residentes del servicio de nefrología del hospital pediátrico de alta complejidad que viene batallando contra el desfinanciamiento.
“Invitamos a los pacientes, a la comunidad, a toda la población a que nos acompañe. Porque esto es defender la salud. Si no hay personal en el hospital, se desfinancia la salud y los pacientes no se pueden atender”, convoca Fauda. Mientras el poder adquisitivo cae, la demanda es cada vez mayor: “Hay mucha gente que pierde las obras sociales, las prepagas y viene al hospital público”.
Quienes participan de la Marcha Blanca coinciden: son muchos reclamos pero en realidad es uno solo. La defensa de la salud y la educación públicas van de la mano. Florencia Dos Santos Tomé es residenta de pediatría en el Hospital Posadas. Allí esta semana arrancó con despidos: más de una treintena, que se suman a los alrededor de 80 de mediados de año.
Mientras las y los residentes luchan por mejoras salariales, esos despidos también los impactan. “Empezamos la semana con más de 30 despidos de profesionales que nos forman, así que también están tocando nuestra formación académica”, lamenta la pediatra. Advierte también sobre la gravedad de poner en riesgo las residencias: “Nuestro hospital se mantiene en base a residentes. Somos el 75%. Tenemos pocos médicos de planta, porque por los sueldos que hay se van al sistema privado. La guardia a la noche queda solo con residentes. Y aumentó mucho la demanda. Vemos pacientes que antes iban al privado. Nosotros cobramos lo mismo o menos, con más pacientes a cargo”.
El reclamo salarial de las y los residentes lleva meses. “Los de primer año están cobrando 700 mil pesos, están por debajo de la Canasta Básica. Trabajamos entre 80 y 100 horas semanales, estamos todo el día en el hospital sin posibilidad de tener otro trabajo”, señala Dos Santos Tomé. Cuenta que hace algunas semanas habían logrado el anuncio de un aumento de algo más del 30%, pero el alivio duró tres horas: “Ese mismo día lo dieron de baja, fue la misma semana que presentó la renuncia el ministro de Salud” Mario Russo, reemplazado por Mario Lugones, quien apenas asumió desplazó a la cúpula del Garrahan por haber dado a su personal un bono de 500 mil pesos por única vez, con recursos propios del hospital.
Tomas Alurralde cumple el tercer año de residencia psiquiátrica en el Hospital Bonaparte. Forma parte de una nutrida columna de trabajadores de esa institución, que viene luchando contra la amenaza de cierre por parte del Gobierno Nacional.
“Hace meses venimos reclamando por una recomposición salarial de residentes, y en el medio se suma la situación del Bonaparte. En el último tiempo quisieron correr el discurso de que no lo van a cerrar, pero seguimos con la internación cerrada y creemos que es un plan a largo plazo para cerrarlo definitivamente”, alerta. Sin posibilidad de nuevas internaciones, la guardia está sobrecargada. Además, asegura Alurralde, el conflicto visibilizó más el rol del hospital y se incrementó la demanda en el último tiempo.
La masiva movilización que lograron obligó al Gobierno a hablar de “reestructuración” y no de cierre, pero lo cierto es que allí sigue reinando la incertidumbre. “La comunicación con el Ministerio de Salud está difícil. Hay cambios todo el tiempo, ni siquiera tenemos en claro a quién reclamar”, apunta.
Alurralde advierte además que desfinanciar las residencias no sólo atenta contra el trabajo diario en el hospital, sino también contra el futuro. “Nosotros atendemos y hacemos el trabajo de cualquier contratado, pero también este es el lugar de formación para seis disciplinas distintas, que el día de mañana son profesiones que no solo tienen título de grado universitario sino además especialización en salud mental, algo que aporta al sistema público de calidad”.
En torno a las columnas de residentes, las de estudiantes universitarios refuerzan esa idea: que este reclamo es también por el futuro.
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