Fuerte advertencia de las centrales sindicales por la política de ajuste de Macri

Más de 350 mil trabajadores de centenares de entidades sindicales se movilizaron ayer para conmemorar el Día del Trabajador, según estimaron los propios organizadores. En una señal inédita de unidad sindical, los dirigentes de las CGT y las CTA dieron un mensaje contundente al gobierno acerca de la necesidad de poner un límite al ajuste, en especial en lo que hace a los ya más de 127 mil despidos producidos desde que asumiera Mauricio Macri. Los discursos, sin embargo, también dispararon contra la aplicación del impuesto a las ganancias sobre los salarios que, según Hugo Moyano, “es una perversidad” en la medida en que “ya pagan más trabajadores de los que lo hacían durante el gobierno anterior”.
Por eso, con matices, los cuatro dirigentes que hicieron uso de la palabra depositaron sus reclamos en el pedido de aprobación del proyecto contra los despidos que, con 48 votos a favor y 15 en contra, logró media sanción en el Senado y que será considerada por la Cámara Baja en las próximas semanas.

Con el fantasma de la convocatoria a un paro general convocado por las 5 centrales, algo que nunca ocurrió y que solo Pablo Micheli hizo explícito, los dirigentes defendieron el proyecto del Senado y bramaron por su aprobación.
Hugo Moyano fue el encargado de coronar el acto multitudinario: «Venimos a reclamar poder vivir con un poco de dignidad. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno tomó para detener la inflación desbordante?. Si no hay leyes que beneficien a los trabajadores, no les quepan dudas, los vamos a enfrentar», advirtió.

En relación a la mentada ley para frenar los despidos, el dirigente  denunció las intenciones del gobierno. “Dijeron que es perjudicial ¿pero dónde está el perjuicio? (la asociación empresaria) Fedecámaras explicó que de ninguna manera los perjudica. Es perjudicial para los intereses que representan”, interpeló.

El proyecto, en rigor, ya fue limitado en sus alcances por los senadores en la cámara alta. Es que la versión finalmente aprobada ya no cuenta con la cláusula de retroactividad al 1° de marzo y redujo el plazo inicial de 2 años a apenas 180 días. Con todo, para el gobierno, su aprobación, sería “una mala señal a los mercados que están preparando inversiones en el país”. Por ese motivo es que ya adelantó su intención de hacer uso del veto presidencial.

El dirigente camionero, que pretende emerger como el gran articulador del movimiento obrero, destacó la jornada como “histórica” y llamó a “los gobiernos” a “convocar a los trabajadores para salir de la crisis”. Porque, criticó, “el gobierno ayuda a las empresas pero también tiene que acordarse de los trabajadores”. De la misma forma, comparó: “En los noventa se impulsó la flexibilización laboral para explotar a los obreros. Ahora quieren poner en práctica la precarización laboral”. En esa línea el camionero saludó al gremio de los taxistas en su lucha contra el sistema Uber. El dirigente exigió, además, “políticas para el sector pasivo” y recordó la promesa electoral del 82% móvil: “Necesitamos un aumento de emergencia para la dignidad de los jubilados”. A la par, cuestionó que la administración macrista “no toma medidas para frenar la inflación” que definió como “inalcanzable” criticando el nuevo aumento del 10%  en los combustibles que comenzará a regir mañana como “regalo para los trabajadores en su día”.
El primero de los oradores, Pablo Micheli titular de la CTA Autónoma, lanzó la advertencia más dura que se escuchó ayer: “Vamos a agudizar la lucha y, si no escuchan, habrá un paro nacional”.

Por su parte, su ex socio en la CTA y actual titular de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, menos confrontativo, dejó en claro cuáles serían las consecuencias de un veto a la ley de emergencia: “Estaríamos frente a la cuenta regresiva del inicio de una serie de acciones porque se nos cerraría el camino de lograr, a través del Congreso, lo que no es posible lograr a través del Ejecutivo».

A pesar de que Luis Barrionuevo, a último momento, decidió no participar en un claro gesto al gobierno, Antonió Caló, titular de la CGT, asumió el discurso de la unificación: «Estamos decididos a llevar adelante la unidad y construir una sola CGT. La primera reunión será el 23 de junio para llegar el 22 de agosto al congreso nacional del cual surgirá una sola CGT unificada” porque, aseguró “es lo que necesita el pueblo”. Además, aclaró: «Si ganaba Scioli, también lo íbamos a hacer”. El dirigente metalúrgico aclaró que, la movilización, “no es contra el gobierno, sino a favor de los trabajadores. Es contra los sobreprecios, que superan el 60% mientras que lo que no aumentó es el salario. En 4 meses 1,5 millones de trabajadores cayeron en la pobreza. Por eso pedimos que paren los despidos al menos por un año.” Por último disparó: “si el presidente lo veta”, aclaró “vamos a pelear en la calle”.

Consenso en Diputados por la emergencia

Por F.Y.

En la noche del miércoles luego de una extensa sesión, la oposición en el Senado aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional. El interbloque Cambiemos no tuvo capacidad para evitarlo. Si bien la iniciativa es distinta de la que se impulsa en Diputados, en la Cámara Baja creció el consenso para respaldar esta media sanción. En ese sentido, el FPV-PJ ya solicitó una sesión especial para el 4 de mayo. El bloque que responde a Sergio Massa está de acuerdo.

Ayer, el titular de la bancada de Diputados nacionales del FPV-PJ Héctor Recalde, denunció la demora de la titular del Senado, Gabriela Michetti, en remitir el proyecto de ley que prohíbe los despidos y cesantías por un plazo de 180 días. «Como pasaron más de 24 horas y el expediente no ingresa, hablé con el secretario parlamentario, Juan Pedro Tunessi, y me dijo que estaban en eso. Insistí más tarde y me respondió que lo estaban viendo con (Federico) Pinedo. Queda claro que están demorando intencionalmente la remisión del proyecto porque están en contra y para evitar que lo tratemos, realizan estas maniobras impropias.»

Si bien el acuerdo alcanzado entre los bloques opositores de Diputados prevé una suspensión de los despidos hasta diciembre de 2017 y retroactivo al primer día de marzo pasado, hay coincidencia en la necesidad de contar con una herramienta que le ponga un freno -aunque sea momentáneo-  a la ola de despidos que favoreció el gobierno nacional y que replicó sin piedad en el ámbito privado.

El lunes pasado se reunieron los titulares de las bancadas del FPV-PJ de ambas cámaras. Miguel Pichetto y Héctor Recalde coincidieron en la «necesidad y urgencia» de apoyar el proyecto de los senadores. Las conversaciones con el resto de los bloques de la oposición no se hicieron esperar. Si bien desde la bancada que responde a Sergio Massa se asegura que todavía no hubo charlas oficiales, lo cierto es que las conversaciones informales se han realizado entre el ex intendente de Tigre y Recalde y hay acuerdo en sancionar la norma que prohíbe los despidos por 180 días.

Todo indica que las diferencias internas entre los massistas se están diluyendo. La movilización obrera de ayer, donde confluyeron las cinco centrales obreras, y las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien dijo que la ley destruirá el trabajo, dejaron de lado las opiniones divergentes. En el bloque justicialista, escindido del FPV, la postura es avanzar con una ley que frene los despidos. El propio Diego Bossio reconoció a Tiempo que en los próximos días tomarán una decisión. La izquierda en Diputados tiene visiones diferentes. Por un lado, Myriam Bregman está dispuesta a participar de la sesión y apoyar el proyecto del Senado aunque tenga diferencias profundas. Los representantes del PO por ahora se oponen.

Las probabilidades de una rápida sanción son altas, tantas como la del veto presidencial. Una decisión que tendrá, según afirmaron desde las cinco centrales obreras, una dura respuesta: un paro general.