Desde que se inició el incendio que ya consumió unas 3000 hectáreas y arrasó con más de un centenar y medio de viviendas, las versiones sobre las causas y eventuales autores se han convertido en un campo de batalla local.
El gobernador provincial Alberto Weretilneck y su subordinado intendente local Bruno Pogliano, desde el minuto cero han ido construyendo un enemigo aun difuso a quién culpar por el fuego, pero aun no le han puesto nombre, como suelen hacer.
En la evolución de su discurso público, primero existía la posibilidad de una intervención humana, que luego se transformó en una certeza, que más tarde se hizo convicción para, por último, devenir el domingo en acusación airada tras el hallazgo de un supuesto elemento probatorio: una botella de vidrio.
Ese camino fue acompañado por el dispositivo mediático que dibujó tres supuestos incendiarios encapuchados a partir de un video nocturno de tres personas que intentan quemar un auto en un barrio ubicado a más de 20 kilómetros del lugar de los incendios.
“No fue accidente, las pericias confirmaron que fue intencional y la justicia ya investiga a los responsables de este acto criminal (…) No vamos a permitir la impunidad”, escribió y firmó el intendente Pogliano en sus redes sociales, con la escasa prudencia y serenidad que lo caracteriza.
Del otro lado del mostrador, se alienta la versión coincidente de un incendio intencional, pero adjudicado a los grupos anónimos que habitualmente se vinculan con fuerzas de choque irregulares reclutadas por personajes cercanos a Lago Escondido y el Municipio.
La especie indica que ese grupo, sobregirado por las arengas mediáticas y desacoplado de contexto climático por efecto del alcohol, tuvo la intención de iniciar un fuego controlado en la zona conocida como esquina de Warthon, por dónde este fin de semana se iba a iniciar la Octava Marcha por la Soberanía hacia Lago Escondido. Tenía el objetivo de obstaculizarla o de culparla por el fuego.
Ambas tienen la misma debilidad argumental y probatoria, pero con la gravedad de que una de ellas recibe el impulso de segmentos estatales.
La fiscalía a cargo de la investigación trabaja en prudente silencio y promete que brindará información pública cuando haya elementos seriamente comprobados.
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