Francisco recibió al obispo castrense y le dio crucifijos para los militares presos por delitos de lesa humanidad

El papa Jorge Mario Bergoglio recibió este sábado en el Vaticano al obispo castrense de la Argentina, Santiago Olivera, y aprovechó el encuentro protocolar para enviar un mensaje de alto contenido político a su tierra natal: le dio más de cincuenta rosarios para que se los entregue a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, que están detenidos en prisiones o en sus domicilios. Olivera también aseguró que en febrero próximo será recibido por el presidente Alberto Fernández, a quien le entregará una foto de Francisco para ponerla en la Quinta de Olivos. “Es mi primer feligrés como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, le dijo al diario La Nación. Ante las consultas de Tiempo, una alta fuente de la Casa Rosada relativizó el impacto que pueda tener ese gesto sobre la política de derechos humanos del Poder Ejecutivo. “Hay jueces que ya están otorgando la prisión domiciliaria en distintos casos y si bien hay excepciones, la mayoría de los obispos argentinos coincide con el planteo de Olivera, pero no creemos que esto derive en un planteo institucional de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)”, explicó la fuente consultada.

La noticia fue anticipada durante la tarde de este sábado por la corresponsalía en Roma de La Nación, que obtuvo el testimonio del prelado castrense a la salida del Palacio Apostólico. «Algunos me reclamaban por qué a Milagros Sala sí y a ellos no y el Papa no sólo me bendijo y entregó más de cincuenta rosarios para que sean enviados a los militares que están presos en la cárcel de Campo de Mayo, de Ezeiza o están en sus casas detenidos, para que sigan rezando, sino también grabó un audio para todos los miembros de mi diócesis», contestó el cura, que ocupa el obispado castrense desde abril de 2017, por una decisión del Papa Francisco. Por esa designación el sacerdote cobra una remuneración que supera los 200 mil pesos mensuales, al igual que los demás obispos argentinos.

Qué piensa Olivera

La visita que Olivera concretó este sábado a la Santa Sede es la segunda en cuatro meses. A fines de octubre viajó para exponer sobre “Detenciones y Derechos Humanos” en el V Curso Internacional de Formación de los Capellanes Militares Católicos al Derecho Internacional Humanitario, realizado por el Instituto Patrístico Augustiniano de Roma. En el encuentro aportó cifras que son entregadas regularmente a Bergoglio. Según explicó, hasta octubre había 2364 militares detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. Sobre ese total había 983 condenados, 847 procesados y 533 habían fallecido en prisión.

Durante su exposición en Roma, reflejada por la agencia AICA, Olivera dijo que en Argentina “se puede hablar de una mala praxis judicial en los llamados juicios de lesa humanidad”, porque “a todos los imputados se los priva de libertad desde que se produce la sustanciación de la causa”. En esa oportunidad aseguró que: “No se respeta en absoluto el máximo legal para dicho estado de detención que alcanza a una duración máxima de prisión preventiva de dos años, pudiendo extenderse por causa justificada a tres”.

El obispado castrense también informó que el promedio de prisiones preventivas supera los seis años, pero hay 149 casos que cumplen una prisión preventiva entre tres y seis años, otros 290 casos cumplen una prisión preventiva entre seis y diez años, mientras que hay 93 casos que tienen una pena preventiva superior al decenio.

Los datos aportados por Olivera en octubre reflejan que el Obispado Castrense sigue metódicamente la situación de los genocidas detenidos, pero en ningún momento habla de los delitos cometidos, ni de los argumentos utilizados por los jueces para aplicar esas penas. 

Este sábado Olivera repitió su prédica ante Bergoglio y cometió las mismas omisiones sobre la naturaleza de los delitos cometidos. Le dijo al papa que hay “muchos militares detenidos” y aseguró que ambos están de acuerdo en que las prisiones preventivas son “exageradas” y “no son justicia”. “El abuso de la prisión preventiva es injusto no solo para los políticos, sino también para los militares», insistió el obispo castrense que en abril próximo cumplirá tres años en el cargo.  

En octubre Olivera opinó que “querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos es un contrasentido. Lamentablemente a veces se puede recurrir a prácticas que, intentando ser ejemplares, desembocan en situaciones de flagrante violación a las normativas sobre la prisión preventiva, aún a personas mayores de 70 años y con claro deterioro en su salud, por ejemplo, llevándolos a las salas de audiencias en camillas”, aseguró.

La historia de un obispado conflictivo 

La designación papal de Olivera como obispo castrense en 2017 cerró once años de vacancia de ese ordinariato. Un lapso que atraviesa la trayectoria de Bergoglio como arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires y titular del Episcopado, pero que también coincide con los años del duro enfrentamiento que mantuvo con el entonces presidente Néstor Kirchner. El 15 de mayo de 2007 fue removido el obispo Antonio Baseotto, luego de dos años de tensión con el Gobierno. En 2005 pidió que “le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar” al actual ministro de Salud, Ginés González García, que ocupó ese mismo cargo desde 2003, y había defendido la legalización del aborto e impulsó políticas de prevención en materia de salud y educación sexual, como la distribución de preservativos entre los jóvenes. 

Luego de las declaraciones de Baseotto el entonces mandatario planteó la posibilidad de anular el concordato firmado en 1957 con la Santa Sede para reconocer y financiar el obispado castrense. El entonces papa Joseph Ratzinger y Bergoglio mantuvieron a Baseotto y dos años después lo sacaron del cargo por jubilación, pero en vez de nombrar a otro obispo designaron al sacerdote Pedro Candia como “administrador diocesano”, un cargo menor que no implicó la anulación del obispado.

Baseotto bramó contra el sanitarista en febrero de 2005, durante la agonía del papa Juan Pablo II, que falleció el 2 de abril de ese año. Dos semanas después, el cónclave cardenalicio eligió al alemán Ratzinger. Fue elegido el 19 de abril luego de 48 horas de negociaciones, pero uno de los cardenales que reunió más votos en las tres elecciones consecutivas del cónclave fue Bergoglio. El juego se destrabó cuando le pidió a sus aliados que no lo votaran y se convirtió en el «gran elector» que definió la elección del purpurado germano.