En el caso de los varones la cifra asciende a tres. El 23 de marzo caduca la ley que habilita este esquema, un paliativo ante la decisión de las empresas de sostener el trabajo no registrado.
La importancia de la moratoria surge de las estadísticas públicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que indican que en el primer semestre de 2024 (último dato) se sumaron 216.621 nuevos jubilados, de los que 160.163 lo hicieron por la vía de la moratoria (74%) y solo 56.458 (26%) no precisaron de ese mecanismo.
De acuerdo con trascendidos surgidos de Anses, dados a conocer la semana pasada, tres de cada cuatro jubilaciones otorgadas en 2024 lo fueron a través de moratorias.
A junio de 2024, la administración pagaba 5,62 millones de jubilaciones, de los 3,78 millones se alcanzaron vía moratoria y 1,84 millones por los mecanismos sin moratoria.
El gobierno nacional siempre se manifestó en contra de la moratoria previsional y expresó su voluntad de eliminarla. Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como otros funcionarios, le han adjudicado a la moratoria la responsabilidad por las bajas jubilaciones en general. «La moratoria licuó las jubilaciones», dijo Caputo en marzo pasado en respuesta a la indicación de este y otros medios de que el gobierno estaba licuando los haberes.
También ha planteado un problema de falta de equidad ya que mientras los jubilados sin moratoria hicieron los aportes mensuales a lo largo de 30 años como mínimo, los provenientes de la moratoria no los realizaron.
Sin embargo, el ajuste del gasto previsional en 2024, del 30% según diversas cuentas, indica que para el gobierno liberticida los derechos de los «jubilados con aportes» no son intocables.
De acuerdo con una fuente con conocimiento del tema, a medida que se acerque la fecha del fin de la moratoria, el gobierno incrementará sus criticas a este esquema y aprovechará el contexto para plantear sus iniciativas para el tema previsional, especialmente la posibilidad de volver a un régimen privado complementario del actual, tal como quedó expresado en el acta firmada el 9 de julio de 2024 en Tucumán tanto por el presidente como por casi todos los gobernadores.
Es decir, ante el problema de fondo que es el prolongado vaciamiento del sistema previsional, el gobierno pretende acentuar esa tendencia sacándole más aportes para que vayan a un renacido sistema privado.
La destrucción financiera del sistema previsional es la consecuencia de varios factores. El más importante es la amplitud del trabajo no registrado, que alcanza al 50% de los trabajadores en actividad. Es decir, la Seguridad Social solo recibe la mitad de la plata que debería, que se divide en dos partes: el aporte del asalariado, del 11% de su salario, y la contribución de la empresa, de entre el 18 y el 20% de la masa salarial.
El gobierno nacional considera que la falta de aportes previsionales es una responsabilidad del trabajador. La propia moratoria así lo indica al exigirle al jubilado que se haga cargo de los aportes no realizados por sus patrones. Esta mirada contradice la legislación y la jurisprudencia: para la Justicia, el responsable de realizar los aportes es el empleador, no el empleado.
Otro factor que impacta en la recaudación para la Seguridad Social son las reducciones de las contribuciones patronales allí donde hay empleo registrado. Desde el gobierno de Carlos Menem, en los años 90, se ha vuelto una práctica común que el “fomento” de la actividad económica privada pase por una reducción del dinero que una empresa debe entregar a la Seguridad Social. Así, la contribución patronal puede llegar a reducirse a 0 en el caso de la contratación de nuevos trabajadores.
Con la moratoria caída, el gobierno de ultraderecha le ofrece al trabajador dos alternativas: seguir trabajando hasta completar los 360 aportes o acceder a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que paga un 80% de la jubilación mínima pero que se otorga a partir de los 65 años, con lo que se extiende de hecho la edad jubilatoria de las mujeres al tiempo que no da derecho a pensión por viudez y no toma en cuenta los años de aportes jubilatorios realizados. Además, esta opción está limitada solo a personas en situación de vulnerabilidad.
Se consolidaría así la conversión del derecho jubilatorio -y su constitución como salario diferido- en un ingreso de indigencia que está muy lejos de cubrir las necesidades básicas de un jubilado. «
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Lamentablemente a muchos no nos hicieron los aportes Co o.debia yo trabajé cinco any en una empresa de Santiago del Estero Institucional Sgo SRL siendo ingeniera me pagaban el sueldo de cafetera y encima sin nunca haber tenido vacaciones .Solo me blanquearon el último año
El Estado no debe desamparar a ningún ciudadano. Como política tributaria, el haber jubilatorio mínimo podría financiarse del IVA o de otro impuesto al consumo, para que toda persona acceda a su jubilación, incluidas las que trabajan en la informalidad. Acaso las jubilaciones de privilegio ¿no desfinancian al sistema?
Lo que el estado debe hacer es ejercer bien su trabajo de controlar el trabajo en negro
Es preciso que todos los lectores conozcan la verdad.La ley 24241 en su artículo 19 exige al trabajador la acreditación de los aportes, no es una interpretación de este gobierno, está en la ley. La falta de derecho a jubilarse para todos los trabajadores está impedida por esta ley. Lo venimos sufriendo durante muchos gobiernos. Vamos a luchar por el derecho, que figura en la Constitución, y la ley lo contradice. Una nueva ley debe partir del reconocimiento de que los aportes los hace el trabajador con su trabajo, por lo tanto no puede eludirlos.