Fiestas navideñas: el primer desafío del plan contra el hambre del nuevo gobierno

«Lo primero es poner comida en el plato de la gente». La afirmación se convirtió en catecismo en el discurso del presidente electo, Alberto Fernández, y, por propiedad transitiva, constituye el paradigma del plan de contención social que el Frente de Todos (FdT) ultima en diálogo con sindicatos, organizaciones sociales, empresarios y las Iglesias Católica y Evangélicas.

El diagnóstico común acerca de la situación «crítica» que atraviesan los estratos más vulnerables de la sociedad terminó de madurar en dos encuentros clave que Fernández encabezó esta semana: el plenario con los movimientos sociales en la sede de la Conferencia Episcopal Argentina y la reunión fundacional del futuro Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

Ambos intercambios estuvieron destinados a generar masa crítica de consenso político alrededor del paquete de medidas que Fernández planea implementar a partir del primer día de gestión. El objetivo es tejer una red de respuesta inmediata en las semanas previas a las fiestas de fin de año, la primera prueba para el programa de contingencia que diseña la futura administración.

«La preocupación por el impacto de una inflación récord en un mes sensible como diciembre sobrevuela todos los intercambios. Desde los diferentes sectores convocados coincidimos en advertir una desarticulación profunda del tejido social y la necesidad de que el Estado llegue con rapidez, cuanto antes», reconoció a Tiempo un dirigente social que participó de las mesas de diálogo.

Mesa navideña

En las últimas semanas, el equipo de Fernández que lidera Daniel Arroyo –candidato seguro para encabezar el Ministerio de Desarrollo Social– puso la lupa en los procesos de licitación para la compra de cajas o canastas navideñas. Se trata de un recurso que el gobierno de Cambiemos utilizó en los últimos dos años, especialmente en el Conurbano bonaerense. Esta vez, la implementación final quedará atada a un proceso de transición que hasta ahora arrojó resultados cosméticos.

A diferencia de 2018, el trámite administrativo para asegurar ese reparto arrancó con demora. En la provincia de Buenos Aires, por caso, la gobernadora María Eugenia Vidal contempló la compra de 150 mil canastas navideñas «con destino a ser distribuidas en los municipios y a organizaciones sociales e instituciones sin fines de lucro», según se informó en el Boletín Oficial.

El proceso de licitación pública quedó habilitado recién después de las elecciones generales, con un presupuesto estimado por el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense en 47.175.000 de pesos. El 22 de noviembre se conocerán las propuestas.

Pese a la profundización de la crisis económico-social, Vidal encargó la mitad de canastas que hace un año atrás. En 2018, la mandataria distribuyó 300 mil por un valor de 66 millones de pesos y fue previsora con los tiempos del proceso: el llamado a licitación ocurrió en septiembre y las ofertas se abrieron el 5 de octubre. Cada canasta contenía pan dulce milanés con frutas, cóctel de frutas, budín sin frutas, maní confitado, turrón de maní y garrapiñada de maní.

Ante la consulta de Tiempo, desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Santiago López Medrano aclararon que «por los plazos administrativos, el tema será parte de la transición» con el gobernador electo, Axel Kicillof.

En paralelo, las organizaciones sociales –reivindicadas por Fernández en los dos encuentros de esta semana como un actor clave para sostener a los sectores más golpeados por el derrumbe de la economía– pusieron sobre la mesa la idea de un aguinaldo social, junto con una canasta navideña de al menos 13 productos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y programas sociales.»El cambio de gobierno genera expectativas, pero tenemos por delante meses complicados. Ante esa situación crítica todos ratificamos nuestra vocación de poner el hombro», sintetizó a este diario el dirigente de la CTEP y el Movimiento Evita, Gildo Onorato.

Caja de herramientas

Con el diagrama final del programa económico todavía en un cono de sombras, Fernández optó por das pistas firmes sobre el rumbo de las políticas y medidas sociales que acompañarán el acuerdo de precios y salarios que, se descuenta, articulará el promocionado Pacto Social. Esa convocatoria quedará formalizada apenas ocupe la Casa Rosada ya como presidente en ejercicio.

La «agenda del 10 de diciembre» tiene como principal objetivo asegurar el acceso en forma casi inmediata a la canasta básica de alimentos.

Contrarreloj, Arroyo negocia con la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) descuentos en los 13 productos de la canasta básica y da las últimas pinceladas a la implementación de la tarjeta de compra destinada a al menos 1.800.000 madres con hijos menores de 6 años.

Esa credencial funcionará como la tarjeta de un banco público con los datos personales de cada beneficiario y permitirá la compra de alimentos, excepto bebidas alcohólicas. El monto de gasto permitido permanece aún en discusión, pero estará asociado a otros ingresos con el fin de determinar cuánto le hace falta a cada familia para completar la canasta básica.

La lista de alimentos también pasará por el filtro de especialistas en nutrición. «El plan apunta a sumar salud y educación a la clásica entrega de alimentos. Es más ambicioso», repitió Arroyo en las últimas horas. La presencia de la cocinera Narda Lepes –a través de una gestión del propio Fernández por una amiga en común– en la reunión del viernes en las oficinas de Puerto Madero buscó afianzar esa mirada: incorporar a la asistencia de emergencia una mejor calidad nutricional.

Además de hacer extensivo y por montos mayores el beneficio de la tarjeta especial a titulares de comedores o merenderos, el equipo del FdT también analiza la eliminación del IVA en productos de la canasta básica, pero únicamente para sectores vulnerables. «La devolución universal del IVA que dispuso el gobierno de (Mauricio) Macri fue una medida desacertada porque nadie sabe a quién retorna», explican en el frente peronista-kirchnerista.

El nuevo gobierno también aspira a trabajar junto con escuelas y maestros. Por eso, los secretarios generales de CTERA, Sonia Alesso; y de SUTEBA, Roberto Baradel, fueron de la partida en el segundo encuentro. «Nosotros somos testigos del aumento del número de chicos en los comedores escolares, tanto del nivel primario como secundario. Y explicamos cómo creció esa demanda en el último año», le dijo Alesso a Tiempo.

En ambas reuniones, Fernández fue enfático en promover el plan como una base en construcción, abierta a los diferentes aportes. «No soy un general y no quiero soldados», les dijo a los movimientos sociales. Dos días después, retomando la intervención de Adolfo Pérez Esquivel, subrayó: «Los pobres no pueden dormir porque tienen hambre; y los ricos porque tienen miedo de los pobres. Tenemos que llegar a acuerdos para ver cómo hacemos para dormir todos».

* Colaboró Jorgelina Naveiro.