Es en el marco de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, donde expondrán amicus curiae de la empresa y de quienes defienden la vigente ley provincial.
Se presentarán los seis Amicus Curiae que apoyan a Farmacity y nueve admitidos por la Corte (sobre un total de 43 que se presentaron) para apoyar a la ley vigente, que prohíbe el ingreso de sociedades anónimas al circuito de farmacias bonaerenses. La audiencia se realizará este miércoles a las 10, en la sala ubicada en el cuarto piso del palacio de Justicia.
Por Farmacity, hablarán cuatro especialistas contratados por la empresa para estudiar el caso, además de Lucas Grosman (rector de la Universidad de San Andrés -el mismo cargo que ocupó Rosenkrantz antes de llegar a la Corte-), y Fermín Víctor Carricarte (de la Asociación de Empleados de Farmacia – ADEF).
Por el lado de la defensa de la Ley provincial 10.606, la Corte seleccionó a la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), el ex ministro de Salud Ginés González García, los juristas Andrés Gil Domínguez y Alberto Bianchi, la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FeFaRA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), el Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento (GARPUMED) y la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas.
Además, entre quienes apoyan un modelo sanitario de farmacia en la provincia de Buenos Aires, hay sanitaristas, universidades, ONGs de Salud, el Defensor del Pueblo, entidades de defensa de los consumidores, Colegios profesionales, Colegios de Farmacéuticos, Legisladores, constitucionalistas y más de 100 municipios bonaerenses.
Según un comunicado emitido por el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, “los farmacéuticos están convocando a una gran movilización de profesionales para defender la Ley que rige en la provincia de Buenos Aires desde 1987 y que la cadena pretende vulnerar”. Entre estos, se encuentra: El modelo sanitario de farmacia (con accesibilidad establecida según parámetros de organismos de Salud internacionales y responsabilidad por parte del propietario-profesional de la salud); El concepto de medicamento: si será un bien de consumo o un bien social; El concepto de paciente, si va a continuar siendo paciente o pasará a ser un consumidor; La autonomía de las provincias en materia de leyes de Salud, y La autonomía de las provincias en materia de manejo de las profesiones.
La audiencia será transmitida en vivo por el Centro de Información Judicial a través de CIJ TV (cij.gov.ar/cijtv).
El próximo miércoles, desde las 10, expondrán los representantes de Farmacity, de la Provincia y el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires, como tercero coadyuvante.
Una causa plagada de suspicacias
En 2012, Farmacity hizo el primer intento de instalarse en Pilar. Ante la negativa, inició un juicio al fisco de la Provincia con una «pretensión anulatoria» de la ley provincial 10.606, al presentar un «recurso extraordinario de inaplicabilidad» de la misma. El juez de primera instancia falló en contra de la firma. La Cámara de Apelaciones de La Plata ratificó ese fallo. Luego, la Suprema Corte bonaerense emitió un fallo contundente y unánime, en el cual rechazó todos los argumentos de la empresa.
Si bien la Corte de Buenos Aires subrayó que el tema no era de jurisdicción federal, la Corte Suprema Nacional decidió en agosto de 2017 revisar el caso. Las suspicacias se despiertan en torno al juez Carlos Rosenkrantz, uno de los nombrados por decreto para integrar ese cuerpo por el presidente Mauricio Macri. Desde aquel 2012, Farmacity es representada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Es decir, la demanda lleva la firma de Rosenkrantz y también de Mario Quintana, presidente en ese entonces de la cadena, de la que formalmente se desvinculó cuando asumió como vicejefe de Gabinete de la actual gestión. Ante dos recusaciones, Rosenkrantz se excusó. También se excusó Horacio Rosatti (el otro juez de la Corte nombrado por decreto por Macri): cuando fue ministro de Justicia, su asesora era Andrea Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity. Así las cosas, la causa será definida por Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Cabe destacar que en los últimos tiempos, Rosenkrantz logró posicionarse por encima del todavía presidente de la Corte, Lorenzetti, que dejará el puesto.
Luego del fallo de la Corte bonaerense, la causa estuvo dormida hasta el año pasado, cuando inesperadamente la Corte Nacional decidió levantarla. De ahí, las suspicacias sobre el rol de Quintana, de Rosenkrantz y Rosatti. De hecho, Quintana recién se desprendió de sus acciones en Farmacity poco antes de renunciar como vicejefe de Gabinete.
Este año, la procuradora fiscal ante la Corte, Laura Monti (remplazó en el puesto a Eduardo Casal, quien a su vez ocupó el lugar de Alejandra Gils Carbó, quien dejó la función producto de las presiones del macrismo) emitió un dictamen a favor de Farmacity.
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