Fabio Galante: «No se puede prohibir el autogobierno estudiantil en las cárceles»

Fabio Galante estuvo 12 de sus 57 años en prisión. Es abogado penalista, se graduó en el Centro Universitario Devoto (CUD). Representa legalmente a varios detenidos alojados en el módulo VI, pabellón «C», del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Este habitáculo está destinado al alojamiento de personas procesadas y condenadas por delitos de narcotráfico y narcocriminalidad. 

Este martes, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial la Resolución 372/2025, que prohíbe los centros de estudiantes en cárceles. El letrado viene denunciando desde que la funcionaria asumió el cargo y aplicó el Sistema Integral de Gestión de Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), los detenidos fueron sometidos a la tortura permanente.

Durante la charla que mantuvo con Tiempo, Galante sostuvo: «Con la excusa de brindar mayor seguridad, Bullrich, en concordancia con los dichos del presidente Javier Milei, que manifestó ‘que les cueste’, restringen el funcionamiento de los centros de estudiantes en las cárceles».

Continuó relatando: «Además, sigue ajustando a los detenidos, comenzó con la selección de quienes tienen un perfil de ‘alto riesgo’. Es decir, personas procesadas o condenadas por delitos de narcotráfico, a quienes les prohibió hasta poder encuentros íntimos con sus parejas».

La resolución ministerial dice: «Que la organización de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos. Toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad», reconstruyó el abogado.

Entonces, resuelve en el primer punto «no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes», repasó. Y en el segundo determina, «no permitir la permanencia de los estudiantes detenidos fuera del horario de clase en los espacios educativos», puntualizó.

La historia de vida de Galante

«Por circunstancia de la vida me tocó estudiar en la cárcel, por eso sé que es algo que resulta muy dificultoso sin tener acceso a una biblioteca, computadoras y espacios de silencio donde uno pueda leer tranquilo. Hay que prepararse para rendir materias», explicó Galante. 

«Estoy seguro de que los asesores de la ministra Bullrich jamás pisaron un centro de estudiantes. Además, siempre que los detenidos -aseguró el abogado- tuvieron la posibilidad de anotarse en las carreras de grado fue a través de otros detenidos, no del SPF, porque es una institución defectuosa y contradictoria», ahondó el letrado.

También detalló los tejidos sociales que destruye lo resuelto por el Ministerio: «Porque a los docentes siempre los recibieron y atendieron los estudiantes, les ofrecen algo para tomar; por ejemplo, un té, un mate. Ahora todo eso se pierde con esta nueva resolución». 

«Las autoridades deberían comprender, que no todos los detenidos eligen estudiar, algunos prefieren escuchar música y otros practicar algún deporte. Pero todo esto no se puede hacer en un solo lugar, por eso -recomendó- es necesario que los internos puedan acceder continuamente a los distintos espacios del establecimiento penitenciario en el que estén alojados», completó.

Autogobierno estudiantil

El ámbito académico en la cárcel es muy necesario «porque rige el autogobierno y la autodisciplina, que precisamente son pilares de la finalidad de la pena privativa de libertad. No se les puede negar a los estudiantes universitarios organizarse», remarcó Galante.

Siguió relatando: «Eso sería conspirar contra lo elemental de la enseñanza, la transmisión de conocimientos, el debate y la creación de proyectos. Porque todo esto hace posible que las personas detenidas se incorporen a la comunidad de una manera diferente».

«Esta nueva medida, ignora por completo las complejas dinámicas y necesidades de los detenidos, está generando un profundo malestar y preocupación entre los estudiantes y defensores de los Derechos Humanos. La educación intramuros -aseguró el letrado- es una herramienta fundamental para la reintegración social y el desarrollo personal de aquellos que están privados de libertad».

Galante continuó enfatizando: «Es importante destacar que la gestión y organización de los detenidos ha sido esencial -históricamente- para mantener una estructura ordenada y eficiente dentro de los centros de estudiantes».

Un sistema contradictorio 

Sin embargo, «con la intervención y control del Servicio Penitenciario Federal, estas dinámicas siempre se vieron obstaculizadas. Así, la institución de encierro disminuye la motivación y el compromiso de las y los pibes que quieren estudiar».

Cabe destacar, que durante los años que pasó en prisión, Galante, recibió un diploma que le otorgó la Universidad de Buenos Aires en 2009: «En reconocimiento a su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del Programa UBA XXII», lleva plasmado el diploma que está firmado por el director, Leandro Halperin. 

El abogado siguió relatando: «La prohibición del autogobierno estudiantil traerá en muy poco tiempo repercusiones negativas en el ambiente educativo. Porque los espacios de silencio para el estudio y las bibliotecas son recursos indispensables que deben ser preservados y promovidos». 

«Si eso no se respeta, el proceso educativo se ve seriamente comprometido, lo que afecta directamente -subrayó el letrado- el rendimiento académico de los estudiantes y la posibilidad de una verdadera rehabilitación para la inserción social».

Está totalmente comprobado que en materia de seguridad es una herramienta superlativa, que transforma las mentes de las personas que atraviesan el encierro punitivo. Son muy pocas las personas que vuelven a la prisión luego de haber conocido el mundo académico, es un dato que surge de la práctica y la experiencia.  

Atravesados por la educación 

«La comunidad académica y los defensores de la educación en contexto de encierro -agregó Galante- insisten en que es necesario mantener y proteger estos espacios de autoorganización y gestión autónoma estudiantil. Porque es ahí donde se produce la transformación de las personas. Es el espacio donde ocupan lugares de liderazgo y cumplen funciones dentro de esa estructura». 

«Solo así se puede garantizar que las y los pibes tengan una oportunidad real de transformar sus vidas, volver a sus barrios con una visión renovada y valiosas habilidades para desenvolverse en comunidad. La educación es un derecho humano fundamental. Y debe ser accesible para todas las personas; no importa en qué situación se encuentre», aseguró.

Y agregó: «Es necesario que las autoridades reflexionen estas restricciones y trabajen en colaboración con los estudiantes y los educadores, para encontrar soluciones que fortalezcan el sistema educativo intramuros en lugar de debilitarlo». 

«Solo a través del diálogo y la cooperación entre las personas se podrán construir políticas públicas que verdaderamente garanticen la reintegración social y el desarrollo integral de las personas detenidas», finalizó Galante.