Ya está vigente el plan automotriz. Se viene el del software, que incluye un monotributo específico. Siguen las discusiones por minería y el Congreso avanza en el debate de la Ley de Agroindustria.
Esa misma lógica llevó a que a principios de septiembre se aprobara la Ley de Promoción de Inversiones de la Industria Automotriz. El dos de este mes, la Cámara de Senadores de la Nación votó por unanimidad a favor de un conjunto de medidas orientadas a nuevos proyectos de inversión que aseguren mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas.
La ley incluye beneficios impositivos como la devolución anticipada del IVA (que se reduce de seis a tres años), la amortización de bienes de capital (se reduce de cinco a tres años) y la eliminación de los derechos de exportación hasta diciembre de 2031. Además, los proyectos que pretendan entrar en este régimen deberán tener un 15% de contenido nacional en los primeros tres años y de 20% en los siguientes dos.
Al momento de su aprobación, el presidente de la Comisión de Industria, el opositor sanjuanino Roberto Basualdo, resaltó: «Esta ley tiene tres beneficios: la amortización acelerada, la recuperación del IVA y la eliminación de retenciones. Por supuesto que la contraparte deben ser las inversiones». Según datos oficiales, hay trece plantas industriales automotrices, además de decenas de autopartistas. El sector representa el 10% del PBI industrial. Es el primer exportador de manufacturas de origen industrial y genera el 6% del empleo industrial registrado.
Desde una importante automotriz aseguran a Tiempo que el rubro es considerado clave en la producción nacional y la iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue acordada con todos los bloques políticos y productivos.
Software y monotributo
Otra área potencialmente significativa para el ingreso de divisas es la industria software. Es por eso que la secretaría de Economía del Conocimiento, a cargo de Ariel Sujarchuk, delinea dos iniciativas. En primer lugar, se estudia un esquema cambiario que saldría por decreto y permitiría a las grandes empresas la libre disponibilidad del 30% de las divisas que consigan en caso de que registren un incremento en el número de exportaciones. En segundo lugar, discuten la letra chica del «monotributo tech», un modelo tributario que podría salir mediante una ley, dirigido a los profesionales que facturan al exterior sus servicios basados en el conocimiento (SBC). «En el caso del monotributo, la idea es que sea una medida que impacte en el mayor universo posible, por eso hay que articular distintos intereses. Si yo soy un profesional y a mí me amplían la capacidad de liquidar dólares en Argentina, quizás dejo de prestarle servicios a empresas locales porque me están pagando en pesos. Se busca un equilibrio sin perjudicar a otros sectores», cuentan desde la secretaría.
El modelo inicial busca que puedan enviar sus facturas dentro de un esquema tributario nuevo que convive con el régimen simplificado local, que favorezca a los pequeños exportadores, ya sean programadores autónomos o pequeños grupos, y que contemple tres categorías de facturación.
El esquema de incentivos aún se encuentra en discusión, pero su importancia radica en que la economía del conocimiento es el tercer complejo exportador del país y se prevé una cifra récord de U$S 7000 millones de exportaciones para 2022.
Debate en minería
Un rubro estrella en las reuniones mantenidas por Massa con el círculo empresarial en Houston, EE UU, fue la minería. Acompañado por las secretarias de Minería, Fernanda Ávila, y Energía, Flavia Royón, mantuvo reuniones con directivos de Livent (litio) y Río Tinto, que aprobó una inversión de U$S 190 millones para desarrollar en Salta el proyecto de litio Rincón.
El acuerdo se da en el marco del estudio de un esquema similar al planteado para los hidrocarburos, donde las empresas tendrían acceso libre al dólar por entre un 10% y 25% de sus exportaciones, a cambio de cumplir requisitos de inversiones y agregado de valor en un programa de desarrollo de proveedores.Sin embargo, esta iniciativa en estudio aún se encuentra demorada porque, según fuentes del sector, no hay consenso en «la letra chica» del decreto y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) expresó su disconformidad. Igualmente, el gobierno espera inversiones de casi U$S 1.000 millones en litio, que ya representa el 30% de las exportaciones mineras.
Por último, la relación entre la búsqueda de dólares y el campo es insoslayable. El 17 de agosto pasado el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, expuso en el plenario de comisiones de Industria y Agricultura la defensa al proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.
El texto oficial apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros). La meta, planteada por el exministro de Producción, Matías Kulfas, es alcanzar en 2030 exportaciones por U$S 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.
Según Bahillo, se busca consolidar a la Argentina «como elaborador de alimentos y jugador importante en la comercialización», pero le pidió a la Mesa de Enlace que «mande notas con comentarios sobre el texto de la ley.» Desde Coninagro se jactan que fue «el gran impulsor de la Ley y se cocinó en su sede». «
El viernes, Massa anunció que el gobierno presentará la semana próxima el Plan Gas IV y V, necesarios para abastecer la red de gasoductos en construcción, y anticipó un nuevo proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio de largo plazo destinado al sector hidrocarburífero.
Houston es el corazón petrolero de los Estados Unidos y por eso la importancia de la locación del anuncio, ya consensuado con las empresas que operan actualmente en Vaca Muerta semanas atrás.
En diciembre de 2020, el gobierno puso en marcha el Plan Gas.Ar, que tiene como objetivo la producción de gas con una base de 70 millones de metros cúbicos diarios para asegurar el abastecimiento de la demanda residencial. El objetivo final es dejar de importar energía.
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