Estudia dos casos que podrían obligar a empresas como Google o Facebook de responder legalmente por los contenidos que difunden y terminar con la inmunidad tecnológica.
La Corte Suprema estudia el alcance de una ley que, desde 1996, otorga cierta inmunidad a las grandes plataformas digitales. El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y se deriva de una denuncia contra Google presentada por familiares de Nohemi González, una de las 130 víctimas de estos ataques.
La joven estadounidense, que estudiaba en Francia, murió en la cafetería parisina la Belle Equipe a manos de un comando del grupo Estado Islámico (EI). Sus padres acusan a YouTube, filial del gigante californiano, de haber recomendado vídeos del grupo yihadista a algunos usuarios. Según ellos, «al recomendar videos del EI a sus usuarios, Google ha ayudado al EI a difundir su mensaje y, por lo tanto, le ha brindado apoyo material».
Los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de una disposición legal conocida como «sección 230», adoptada cuando internet estaba en sus inicios y que se ha convertido en uno de sus pilares. Esta sección decreta que las empresas de internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son un «editor».
Por el contrario, los familiares de Nohemi González estiman que Google no se limitó a distribuir contenidos del EI, sino que su servicio seleccionaba usuarios para ofrecerles los videos del grupo yihadista, por lo que no puede reclamar esa inmunidad. «El problema es que cuando haces clic en un video, YouTube te seguirá enviando automáticamente otros videos que no has solicitado», indicó Eric Schnapper, en nombre de la familia González. Pero según Lisa Blatt, que representa hoy a Google, el término «recomendación» es excesivo.
«Hay 3.500 millones de consultas diarias en el motor de búsqueda. Las respuestas son diferentes para cada persona y podrían todas ser consideradas como recomendaciones», afirmó, antes de asegurar que «internet jamás habría despegado si todo el mundo pudiese demandar todo el tiempo».
Google le pidió a la Corte que «no debilite una parte central del internet moderno, ya que las recomendaciones proporcionadas por los algoritmos son las que hacen posible encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad», enfatizó. Por su parte, el grupo Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), insistió en que «las recomendaciones solo sirven para organizar el contenido publicado en línea, pero no constituyen un trabajo de edición».
En el pasado, varios jueces de la Suprema Corte han expresado su deseo de cambiar la lectura del artículo 230, que los políticos cuestionan cada vez más, aunque las divisiones entre demócratas y republicanos obstaculizan que se pueda modificar. Al aceptar este recurso, cuando generalmente desestima la gran mayoría de los casos que le presentan, el alto tribunal ha insinuado que puede estar dispuesto a cambiar la jurisprudencia. Esta perspectiva asusta a los grandes grupos tecnológicos.
Sin embargo, además de emitir dudas sobre la vigencia de la sección 230, los jueces han expresado su frustración ante la complejidad del tema, mientras la inteligencia artificial sigue avanzando a toda velocidad, con la aparición recientes de interfaces como ChatGPT. «En un mundo posalgorítmico, la IA puede generar contenidos, incluso siguiendo reglas neutrales. Puede generar poesía, puede generar polémicas», lanzó el juez Neil Gorsuch. Y los jueces del alto tribunal «no son los nueve mayores expertos de internet», señaló Kagan, lo que hizo reír a la asistencia. «Si nos ponemos de su lado, de pronto Google dejará de estar protegido. Y quizá es lo que quiere el Congreso, pero ¿no es algo que debe decidir el Congreso y no el tribunal?», preguntó. Cambiar la jurisprudencia podría «hacer que se derrumbe la economía digital, con todo tipo de consecuencias para los trabajadores y los fondos de pensiones, etc», anotó por su parte el juez John Roberts, agregó AFP.
El miércoles, la Corte Suprema examinará un caso parecido, pero que plantea una cuestión jurídica diferente: si no existiera el artículo 230, ¿podrían las plataformas ser condenadas bajo las leyes antiterroristas, aunque no hayan apoyado directamente un atentado? El tribunal dictará sentencia para ambos casos antes del 30 de junio.
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