La Campaña, junto a asesores de senadores y diputadas que impulsaron el proyecto piden que se trate en comisiones lo antes posible. Se podría votar el 11 de julio.
La vicepresidenta comunicó su maniobra a través de la agencia Télam, en la que sostuvo que el proyecto de “despenalización” ya había sido girado a Salud, Justicia y Asuntos Penales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, a la hora del anuncio, el proyecto todavía no figuraba ingresado en el sistema de ingreso en el Senado.
Y de hecho, el proyecto no es de “despenalización”, tal como lo anunció Michetti en Télam, sino de “legalización” de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que implica que no sólo las mujeres no van a ir presas por abortar sino que la práctica se realiza en el marco del sistema de salud y debe ser garantizado por el Estado.
Las comisiones a las que debería ir el proyecto por pertinencia del tema son Salud, del radical Mario Fiad, y de Justicia y Asuntos Penales del peronista Pedro Guastavino.
Apenas supo de la maniobra de Michetti de sumar Presupuesto y Asuntos Constitucionales, el senador Fuentes presentó una nota dirigida a Michetti en la que le comunica que “según lo conversado con el presidente del interbloque Argentina Federal Miguel Ángel Pichetto y del interbloque Cambiemos Luis Naidenoff y no obstante lo establecido en el artículo 89 del reglamento de este honorable cuerpo solicito que el citado proyecto se tramite en reunión plenaria conjunta a cuyo tratamiento deberán abocarse las comisiones de Justicia y Asuntos Penales –como cabecera- y Salud del Honorable Senado de la Nación”.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito expresaron “el rechazo al envío del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a cuatro Comisiones”. “No queremos más dilaciones. Lo exigimos tras 13 años de lucha en la que logramos la despenalización social y el acompañamiento de la sociedad que se expresó con un millón de personas en las calles los pasados 13 y 14 de junio. Por eso consideramos esta maniobra como antidemocrática. Cada día que pasa el Estado argentino sigue condenando a las mujeres a ser penalizadas y a llegar a la práctica del aborto de manera clandestina poniendo en riesgo su vida y su salud”.
“Los jefes de los bloques de la Cámara Alta manifestaron durante esta semana, luego de la media sanción en Diputados, que solicitaron que el proyecto recaiga en las Comisiones de Salud y Justicia y Asuntos Penales. Gabriela Michetti, a quien respetamos su representatividad en ese cuerpo deliberativo, se arroga un poder arbitrario al enviar el proyecto además a las Comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales. En varias declaraciones el Ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, manifestó que no es necesaria una nueva partida presupuestaria para que el sistema de salud, el cual se compone de servicios públicos, obras sociales, medicina prepaga y diversos institutos pueda asistir esta demanda”, denunciaron desde la Campaña.
Por su parte, Pichetto sostuvo que “este giro es totalmente excesivo y el traslado tanto a Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales es innecesario”. “Este giro obedece a una decisión personal de la vicepresidenta con la finalidad de prolongar el debate indefinidamente”. “Configura una actitud dilatoria tendiente a obstaculizar el dictamen y a llegada al Recinto de la media sanción”, sostuvo el senador.
En respuesta, salió Elías de Pérez, quien le espetó: “Pichetto debe entender que no es el dueño del Senado”. Así la secretaria parlamentaria del interbloque Cambiemos en el Senado defendió la decisión de Michetti. «La presidenta del Senado ha tomado una decisión razonable ante un tema de tamaña envergadura. No es posible pretender tratar la legalización del aborto de manera exprés como pretende un sector», dijo la senadora por Tucumán.
Los giros a las comisiones lo define el Secretario Parlamentario del Senado, ex senador radical, Juan Pedro Tunessi, sin embargo, en los hechos, depende del acuerdo político que haya entre los senadores. En este caso, la cruzada dilatoria encabezada por Michetti, Federico Pinedo y Silvia Elías de Pérez se enfrenta a la decisión ya tomada y acordada entre tres jefes de bloque mayoritarios, Fuentes del FpV, Pichetto y Naidenoff, que ya se pronunciaron a favor del derecho al aborto y pretenden un tratamiento acorde a la demanda social.
Según una primera cuenta provisoria, de los nueve integrantes de las comisiones, en Salud habría un saldo a favor de dos senadores y en Justicia y Asuntos Penales en contra por un voto. También se especulaba con que el proyecto podía pasar por la Comisión de la Mujer, que preside Inés Blas (peronista del bloque de Pichetto) -que todavía no se pronunció ni a favor ni en contra-, e integran todas las mujeres del Senado.
Una de las estrategias para lograr dictamen es que los senadores que no quieran firmar pero sí facilitar su tratamiento sean reemplazados por otros que sí quieran dejar estampada su rúbrica en el dictamen.
La Campaña en el Senado
En la primera reunión dentro del Senado entre referentes de la Campaña por el Aborto Legal, asesores de los senadores y diputadas que motorizaron la media sanción en Diputados, se definieron estrategias para avanzar con el debate en comisiones en el Senado y frenar la avanzada dilatoria de Michetti, que intenta meter por la fuerza la comisión de Presupuesto, para planchar el tratamiento. La estrategia para lograr la sanción de la ley seguirá manteniendo una pata en el Congreso pero otra en las provincias.
También se hicieron presentes algunas las diputadas que motorizaron la media sanción en Diputados, Carla Carrizo de Evolución Radical, Silvia Lospennato del PRO, Araceli Ferreyra de Peronismo para la Victoria, Romina del Pla y Nathalia González del FIT. También estuvieron Marcela Durrieu y Malena Galmarini, del massismo.
Lospennato sostuvo que ya en Diputados el tratamiento fue extenso y profundo, por lo que no haría falta que se replique el mismo esquema, sino que los senadores tienen ahora la obligación de votar. A su vez, sugirió que se avance con el establecimiento de una fecha para el debate en el recinto, ya que Michetti su sus cruzados habían dejado correr en la prensa que se trataría en septiembre, con el objetivo de que bajara la efervescencia social.
Para Lospennato es necesario “establecer reglas de juegos, trabajar en plenario y no por comisión». Y agregó: «En el Senado se debería dar un proceso corto sólo para debatir las dudas que hayan quedado después de tanto trabajo en Diputados, y volver a repetir todo de vuelta”. También coincidió en que pueden participar los ministros de Salud de las provincias para aportar datos sobre los costos de garantizar el derecho al aborto y los costos que producen la atención a las mujeres que llegan a los centros de salud tras realizarse abortos clandestinos. “Hay que poner fecha de votación, lo peor es no tener fecha”. Se especula con que se podría sacar dictamen el 4 de julio y debatir el miércoles 11. Por lo pronto, el martes a la noche ya habrá un cronograma certero de actividades.
Araceli Ferreyra, por su parte, aconsejó que en alguna reunión con expositores puedan venir los ministros de Salud “desde el de Duhalde hasta los de Macri” para aportar datos con el objetivo de aportar datos sobre las internaciones y las muertes por aborto clandestino y así ganar a los indecisos. “En Diputados definimos que no era necesario que pasara por la comisión de Presupuesto porque no se crea ninguna partida especial para implementar el derecho al aborto, ya que no se está creando un programa de salud nuevo, sino que se incluye en el presupuesto general”, argumentó la diputada.
En tanto, Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA e integrante de la Campaña, adelantó que seguirán tres líneas de trabajo: argumentos, cabildeo y visitas y comunicación.
Otra de las tareas a asumir fue la de generar movilizaciones y campañas de referentes a favor del aborto en las provincias, en donde el movimiento feminista tiene trabajo acumulado luego de 32 Encuentros Nacionales de Mujeres.
Allí también es central la sistematización de datos por muertes e internaciones por aborto clandestino en las salitas de salud y hospitales públicos, ya que, las clínicas privadas no dan datos, por lo que siempre la estadística oficial es menor.
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