Los ministros de Economía, Luis Caputo y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, faltaron a la interpelación. Enviaron dos notas a la Cámara de Diputados avisando que no iban.
En la misiva, Caputo también negó cualquier vinculación con el caso $LIBRA. “El ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $Libra ni posee información acerca de aquellas, estoy a disposición a fines de colaborar con la Honorable Cámara e informar por escrito –si la urgencia lo amerita- en el marco de las competencias que son propias o en los que considere oportuno”, decía el comunicado.
Tras un largo tiempo de discusión, entre gritos e insultos de los disputados, se resolvió que al finalizar la interpelación a Francos se votará un cuarto intermedio para continuar con la sesión informativa el próximo martes 13 de mayo. También pegó el faltazo el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
Desde la oposición, se planteó hasta un voto de censura al jefe de gabinete Guillermo Francos por la ausencia de sus pares. Lo hizo el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) manifestó: «Aparentemente el señor jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales, me refiero a la obligación de comparecer que tienen los ministros y que está establecido en el artículo 13 de la Constitución nacional».
«La petición concreta es que como primer punto del orden de labor se trate un voto de censura al señor jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer ausentarse frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad».
La interpelación es una figura que aparece en el artículo 71 de la Constitución Nacional que establece que «cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes».
Sin embargo, no indica «consecuencias» en caso de ausencia del funcionario convocado. La oposición se debate entre enviar la fuerza pública para obligarlos asistir o iniciarles un proceso de juicio político por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. La última interpelación que llevó adelante el Parlamento fue en 1996 con Domingo Cavallo como protagonista.
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