La Facultad mantiene vigente "el estado de alerta presupuestaria" resuelto por su Consejo Directivo: "La defensa de la educación superior es un compromiso que excede los intereses de nuestra Facultad y nuestra Universidad, por lo que exigimos que las respuestas a las demandas se apliquen de igual manera en todo el sistema universitario".
«En el día de hoy, la Subsecretaría de Políticas Universitarias difundió una resolución en la que se asigna a la UBA un refuerzo presupuestario para gastos de funcionamiento que permitiría aliviar parcialmente la situación a la que está sometida desde principios de año», apuntaron en el decanato.
«Resulta importante destacar que aún no existen precisiones de cuándo se realizarían las transferencias a la UBA ni de los montos que serían asignados a cada unidad académica –continuaron–. Esta decisión del Gobierno Nacional es una de las consecuencias de la multitudinaria movilización del 23 de abril y del despliegue de intervenciones públicas por parte la comunidad universitaria nacional».
Sin embargo, la Facultad mantiene vigente «el estado de alerta presupuestaria resuelto por su Consejo Directivo», y que involucra los gastos de funcionamiento, la dramática situación salarial de docentes, nodocentes e investigadores, y la crisis que soporta el sistema científico: «La defensa de la educación superior es un compromiso que excede los intereses de nuestra Facultad y nuestra Universidad, por lo que exigimos que las respuestas a las demandas se apliquen de igual manera en todo el sistema universitario», tal como lo manifestó este miércoles el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
«Dada esta situación, las autoridades continuarán haciendo públicos los reclamos hasta encontrar respuestas satisfactorias», concluyeron.
Los rectores agrupados en el CIN también decidieron publicitar su disgusto el mismo miércoles. Si bien celebraron el acuerdo como un “reconocimiento de uno de los problemas que todo el sistema universitario viene planteando”, aseguraron que “resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda. Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual para todas las universidades”.
En un mensaje a las autoridades de la UBA concluyen que “no convalidaremos ningún intento de división ni priorizaremos nunca ningún atajo”.
En las últimas horas, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió con el voto abrumadoramente mayoritario de los decanos y representantes de profesores, graduados y estudiantiles dejar sin efecto la declaración de emergencia presupuestaria oportunamente resuelta.
Los únicos que rechazaron la resolución fueron los representantes de la minoría estudiantil mientras que apenas tres rectores sobre trece (el de Filosofía y Letras, Sociales y Ciencias Exactas), optaron por una abstención.
La decisión se tomó luego de que el gobierno nacional, tal como adelantó Tiempo Argentino, pudiera avanzar con su estrategia y negociara con el rector de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Gelpi un nuevo incremento de las partidas para funcionamiento y los hospitales. Según lo acordado, el presupuesto de 2024 incluirá una mejora de las partidas de funcionamiento del 270% en términos nominales y del 300% para los hospitales universitarios.
El acuerdo, sin embargo, no incluye la actualización de las partidas salariales para docente y no docentes que representan más del 85% del total de los fondos que necesita esa universidad para funcionar. Tampoco están incluidos los fondos para desarrollo de ciencia y técnica, becas y otras partidas de extensión y capacitación. En rigor, la resolución que vehiculizó la decisión del rectorado de la UBA impacta sobre apenas el 7% del total de lo necesario para funcionar.
Además, constituye un entendimiento bilateral entre el gobierno y el rector de la UBA que deja afuera a la inmensa mayoría de las universidades nacionales que totalizan un número de 66 a lo largo y ancho del país y cuyos rectores se agrupan en el Consejo Interuniversitario Nacional del cual la Universidad de Buenos Aires se apartó por propia voluntad hace ya varios años.
La decisión no cayó bien entre los gremios docentes y no docentes ni en gran parte del movimiento estudiantil.
Es que las partidas destinadas a salarios están prontas a agotarse en tanto se encuentran todavía congeladas a valores de 2023. Los aumentos salariales otorgados entre diciembre y abril acumulan un 40% que frente a una inflación acumulada del 107% implican una pérdida del poder adquisitivo del 32%. Según cálculos de la Asociación Gremial Docente de la UBA, los docentes acumulan una caída del salario real superior al 50% desde diciembre de 2015.
Pero el impacto es aún mayor en tanto de los 190 mil docentes de las universidades nacionales cerca de 65 mil percibían en diciembre un plus resultante de la garantía salarial docente (un piso mínimo de ingresos) que se discute en la paritaria nacional docente que se encuentra desactivada por este gobierno. Ese haber, por lo tanto, quedó congelado a valores de diciembre.
Por ese motivo hoy la misma garantía alcanza apenas a poco más de 12 mil profesores. Un simple cálculo indica que los salarios de 53 mil trabajadores docentes, el 27% del total, se actualizaron por debajo de ese 40% acordado en la paritaria particular.
La situación de los trabajadores no docentes es idéntica en tanto, desde la asunción del nuevo gobierno, los haberes de uno y otro gremio se actualizaron a la par.
El rectorado de la UBA, con marcada influencia de su vicerrector y diputado radical Emiliano Yacobitti, se cortó solo dejando librados a su suerte a los trabajadores docentes y no docentes y al resto de los rectores. Yacobitti, de origen en la Franja Morada, lidera el espacio radical en el que abreva el senador Martín Lousteau. El acuerdo podría haberse alcanzado en el marco de las negociaciones más generales con La Libertad Avanza para que ese bloque acompañe la ley de Bases en la cámara Alta.
Foto: @gobdecordoba
El Frente Sindical Universitario ya fijó su repudio a la decisión y pautó un nuevo plan de acción que incluye una jornada nacional de protesta para el 22 de mayo y un nuevo paro nacional para el jueves 23 de mayo. Uno de los gremios más representativos, la CONADUH, evalúa extender el paro hasta las 48 horas.
Federico Montero, secretario de Ogranización de CONADU y dirigente de FEDUBA señaló a este diario que “el acuerdo anunciado por la UBA es un reconocimiento parcial a la lucha que viene llevando adelante pero pretende generar una ruptura del marco de unidad que hemos construido premiando a unos y castigando a otros”.
El dirigente adelantó que “para contraponer ese intento de fragmentar el marco de la unidad, el frente sindical determinó una profundización del plan de lucha en reclamo por una urgente recomposición salarial. En caso de que no haya una respuesta al reclamo salarial y al reclamo presupuestario federal de las universidades este plan de lucha se profundizará”.
Por su parte el Secretario de Organización de CONADUH y paritario nacional Antonio Roselló, confirmó que en los próximos días esa entidad sindical confirmará la extensión de la medida a 48 horas. El dirigente señaló que “luego de haber movilizado el 23 de abril a más de un millón de personas en todo el país defendiendo a las universidades nacionales, el gobierno y el rectorado anuncian un acuerdo y se deja de lado la ‘emergencia presupuestaria’. Algo que no es cierto. Evidentemente consideran que el brutal atraso salarial que lo ha reducido a la mitad no es parte de la emergencia”.
Para Roselló “no hay nada para otras universidades ni para salarios de docentes y no docentes ni para terminar con el trabajo gratuito, ni para ciencia y tecnología, ni para las obras sociales que están en terapia intensiva ni para becas estudiantiles”. Por eso adelantó que “el consejo Superior dio la espalda a todos los trabajadores de la UBA. Hoy toca seguir la lucha. Parece una ironía, el rector suspende la emergencia un 15 de mayo, día del docente universitario”.
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