En lo concreto, se trata de una iniciativa de gran importancia (con media sanción del Senado), que busca que quien elija un producto sepa que el alimento que está comprando tiene en exceso nutrientes críticos. El exceso de estos nutrientes críticos (sal/sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans) en los alimentos ultraprocesados (que el etiquetado detallaría) está asociado al aumento de la malnutrición y de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o las cardiovasculares. Es un derecho elemental disponer de esa información de forma clara, oportuna y veraz. Incluso en muchos países de la región ya se aplican estas normas, que tienen el apoyo de organismos de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Se busca que haya transparencia a través de leyendas fácilmente visibles, para evitar que los fabricantes de los productos encubran las características de los alimentos detrás de letras ilegibles o de estrategias de marketing. Por ejemplo, para estos productos con exceso de nutrientes críticos se prohíbe la inclusión en los avisos comerciales de personajes infantiles, dibujos animados o mascotas que puedan atraer a los niños y las niñas, y la entrega a título gratuito para este tipo de alimentos, entre otras limitaciones.
Pero, ¿por qué si el etiquetado frontal traerá grandes beneficios para la ciudadanía, Juntos por el Cambio se opone a tratarlo en el Parlamento? El presidente de la Unión Industrial Argentina y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, afirmó que “cuando ponemos calaveras (en referencia al octógono negro que aparecería en los envases advirtiendo de los excesos) evidentemente estamos demonizando (…); está claro que es una modalidad que tiene por finalidad no informar sino disuadir”. El empresario hace un buen aporte para explicar por qué razón no terminó habiendo sesión.
Según la Amcham, la cámara de empresas estadounidenses en la Argentina, este tipo de regulaciones sirve para “ahuyentar inversiones, obstaculizar el comercio”. Además, agrega que “normas de estas características deben estar alineadas y validadas con el resto de los países del Mercosur, siendo éste el ámbito lógico y natural para abordar esta temática”. Es un etiquetado de advertencia, no debería generar ningún problema. Queda en evidencia que efectivamente lo que hay es un fuerte lobby (según la definición de la Real Academia Española, “grupo de presión”) por parte de las grandes cámaras para que el tema no pase en Diputados.
Todo indica que se estaría tratando de evitar que se sancione antes de fin de año, con lo cual perdería estado parlamentario y habría que comenzar de cero. Con distintas excusas, la oposición no da el quórum para sesionar, ya que no tiene intención de que se apruebe. El martes justificó su ausencia aduciendo supuestas arbitrariedades en el temario. Pero el temario fue absolutamente transparente, el orden del día contenía cuatro proyectos que habían tenido despachos de comisión con amplias mayorías, proyectos que favorecen a la ciudadanía, en los que en general incluso una parte de la oposición acompañó, como éste del etiquetado frontal. La maniobra consistió en pedir, por ejemplo, que se incluyan en el tratamiento temas que ni siquiera tienen despacho de comisión y que no tenían absolutamente nada que ver con los que se estaban tratando, como la boleta única.
No deja de ser interesante lo que ocurrió en noviembre del año pasado, cuando, tal como recordó Máximo Kirchner, el propio bloque de Juntos por el Cambio había pedido un apartamiento del reglamento para tratar el tema del etiquetado, que venía sin dictamen de Comisión. El bloque del Frente de Todos aceptó tratarlo “sobre tablas” y luego, cuando vieron que se podía aprobar, un sector del bloque de JxC terminó votando en contra, impidiendo su tratamiento.
Es evidente que defienden los intereses de las grandes empresas, y que quieren impedir que se avance con las regulaciones. Este proyecto busca entregar información correcta y que las personas puedan decidir con la mayor objetivad cómo alimentarse. No parece ser algo que vaya en contra de la libertad de elección, como se trata de argumentar desde ciertos sectores. Más bien la refuerza.
El proyecto del Etiquetado apunta esencialmente a generar información para la toma de mejores decisiones del consumidor. No hay una demonización de los alimentos, sino una regulación concreta por parte del Estado que apunta a garantizar una alimentación más saludable. El equilibrio entre el interés comercial y la salud de la población debe dirimirse a favor de la salud de la población: ése es el fondo de la cuestión.
Esto nos lleva, y no es casualidad que así sea, a la discusión de siempre acerca de los dos modelos: hay uno que prioriza los requerimientos del “mercado” y va en línea con la búsqueda del lucro máximo, mientras que otro mira las necesidades de la ciudadanía. En este contrapunto, el único actor que puede asumir la representación de los intereses colectivos es el Estado, y lo hace por la vía de las leyes y las normas.
El debate permanente es si el capitalismo se puede desarrollar sin reglas, donde cada uno hace lo que quiere, o si tiene que haber un Estado presente que regule, ponga límites y defienda el interés del común de la gente. Pero no hay sociedad que pueda funcionar sin reglas. Casi todos aceptamos que no se puede ir en auto a contramano por la calle, o entrar a la pileta de un club sin tener revisación médica. Todo el tiempo estamos sujetos a normas, porque de la otra manera no se podría convivir. La libertad verdadera no puede pensarse de manera separada del interés colectivo. Quienes pretenden desnaturalizar la idea de la libertad, emparentándola con el “hago lo que quiero”, son precisamente quienes disponen de los recursos necesarios para sacar buen provecho de la sociedad del “sálvese quien pueda”.
Esta pretensión se expresa en las distintas discusiones y situaciones de la vida en sociedad. Por ejemplo, en la determinación de los precios y los márgenes de ganancia. Pero también en otras cuestiones, que se están discutiendo incluso a nivel mundial, como la falta de cuidado del medio ambiente, o la evasión y la elusión de impuestos por parte de las grandes fortunas y corporaciones.
Hay tensiones, como ocurre en todo proceso de cambio, y sectores que por todos los medios tratan de retrasar las mejoras lo máximo posible. Al mismo tiempo los integrantes de Juntos por el Cambio y algunos “libertarios” quieren hacer creer que ellos son lo nuevo, cuando en realidad representan el interés conservador y al modelo de sociedad excluyente y regresivo que se construyó en varios períodos neoliberales.
Lo que ocurrió con el tratamiento del Etiquetado Frontal es una muestra de que, sin las mayorías que se precisan en el Parlamento, se pueden ver obstruidas las iniciativas para reconstruir la economía, mejorar las condiciones de vida de las argentinas y los argentinos, y construir una sociedad mejor, más saludable y más equitativa.
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