«Estigmatizar al pobre y pensar relatos punitivos es aumentar el odio de clase»

Durante la semana, funcionarios porteños y nacionales criticaron las protestas de los movimientos sociales que demandaron mayor cantidad de programas. Después del acampe en la Avenida  9 de Julio, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió “al Gobierno Nacional que corte los planes a quienes no cumplen las condiciones”. Además, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, “Juanchi” Zabaleta, habló de “apriete». Organizaciones de todo el espectro político rechazaron las declaraciones y advirtieron sobre los riesgos de reflotar estos discursos. Tiempo habló con referentes de los movimientos que integran el Frente de Todos que también repudiaron las acusaciones.

El líder de la Corriente Clasista y Combativa y diputado nacional, Juan Carlos Alderete, sostuvo que son “slogans para la tribuna”. “No se hacen responsables de la crisis que generan y le echan la culpa al que menos tiene. Se tienen que hacer responsables de la crisis, de la pobreza, de la indigencia y la falta de trabajo en los cuatro años de macrismo. El gobierno actual, que es mi gobierno, hay decisiones de emergencia que tiene que tomar para llegar al más necesitado. Entonces salen con slogans y consignas que son para la tribuna y tienen que ver con que miles de familias la están pasando muy mal”, afirmó el legislador del Frente de Todos.

Además, sostuvo que hay varios proyectos legislativos, algunos de su autoría, para generar salidas laborales que no son debatidos. “Ninguno de ellos es tratado porque prevalece la chicana y quién se ubica en política. Critico muchísimo lo dicho por Larreta y por el propio ministro Zabaleta. Hay gente desesperada, que no tiene para llevar comida a su casa, que hoy le cuesta mucho conseguir trabajo. Creo que hay muchos aplaudidores que viven en los barrios y cuentan una historia que no es real. Esto lo discuto mucho con el ministro Zabaleta, que escuchen a los que viven en los territorios y que vayan a ver”, agregó.

Las organizaciones más alineadas con el presidente Alberto Fernández también expresaron su malestar. El secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y dirigente del Movimiento Evita, Gildo Onorato, dijo que creer que el problema son las personas que cobran programas sociales es no entender el problema de fondo: la pobreza. “Poco aporta el debate mediático cuando uno ve las acciones que realizan posteriormente. No hay profundidad en la gestión para abordar los temas de fondo y todo se transforma en un debate por los títulos de los medios. Discutir la pobreza a través de la realidad de los compañeros y compañeras que cobran planes sociales es absolutamente superficial porque en Argentina tenemos 18 millones de pobres. Siete  millones son trabajadores y trabajadoras de la economía popular. De esos, 4 millones están inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y solo 1, 2 millones están en programas sociales”, detalló.

También criticó la idea de “transformar planes en empleo”. “Decir eso significa que no reconocés el trabajo de 1.2 millones de personas que hacen algo: son recicladores urbanos o forman parte de la economía del cuidado, etc. Hay ahí una negación del trabajo y no se reconoce que hay una nueva realidad”, aclaró.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) respaldaron el acampe de las organizaciones críticas al Gobierno. Su referente nacional, Juan Grabois, y la secretaria general adjunta, Dina Sánchez, se acercaron a la protesta la semana pasada para dar su apoyo. “Me parece muy grave, muy grave eso de llamarnos extorsionadores y manipuladores. Ninguna dirigenta o dirigente estamos en ese lugar donde nos quieren poner. Nos quieren enfocar en 1.2 millones que cobran un salario social complementario cuando tenemos 18 millones de personas pobres y esa tendría que ser la discusión. No tienen dimensión de lo que pasa en los barrios, ninguna de mis compañeras que está dentro de la economía popular va a garantizar el alimento con 16 mil pesos. Ese no es el único ingreso porque con eso no se vive. Parece que muchos funcionarios vivieran en Disney y no en Argentina porque no saben la realidad”, afirmó la dirigente.

Sánchez también introdujo la dimensión de género en el análisis y respondió a Rodriguez Larreta que dijo que “el plan social dice que el chico tiene que estar en la escuela”. “En la Ciudad hacen falta 20.000  vacantes. Muchas de mis compañeras construyen ellas mismas los espacios de niñeces para poder tener a niños y niñas mientras ellas están trabajando y/o estudiando. Hay que preocuparse de que hay un montón de mujeres que salen a cartonear con los pibes. Quieren desviar el eje de lucha: el IFE dejó reflejado que hay 9 millones trabajando en la informalidad y que hay que garantizar un piso de ingreso para que no caigan en la indigencia”, afirmó.

Los riesgos de criminalizar la protesta

Todos coincidieron en que criticar el método de protesta genera situaciones de violencia. “El riesgo es culpar a los pobres de su pobreza y sobre todo a los que se organizan. No fuimos parte de los acampes y podemos hasta discutir el objetivo político, lo que no podemos hacer es decir que ahí no hay problemas sociales ni personas que no necesiten. Estigmatizar al pobre, cuestionarlo, violentarlo y pensar relatos punitivos es aumentar el odio de clase. No se hace lo mismo con las empresas que no cumplen sus contratos o aumentan precios. No se habla de extorsión cuando las exportadoras no quieren liquidar granos porque especulan”, dijo Onorato.

Sánchez sostuvo:  “La calle es el único método de protesta que tenemos. Es un derecho constitucional, estar instalando hoy un mensaje de odio es muy grave. Se están por cumplir 20 años de la Masacre de Avellaneda y esta criminalización nos hace acordar a eso. Es muy grave, mucho más que se escuche de la voz de un político”.  En el mismo sentido se posicionó Alderete: “Están dañando a todo el pueblo – dijo- .  Nos tratan como delincuentes a los que no somos responsables de la crisis. Eso va al encuentro directamente de la Justicia para enjuiciar porque llamar extorsión es delincuencia. ¿Y aquellos que extorsionan con los precios y la inflación? ¿No es una extorsión?”, se preguntó. «